En días pasados, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció el acuerdo alcanzado con la empresa española Iberdrola para la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica que esa empresa instaló y operó en nuestro país.
Esta operación que asciende a aproximadamente 6 mil millones de dólares es de suma trascendencia pues, con ella, la Comisión Federal de Electricidad habrá de producir alrededor del 65% de la energía eléctrica del país, recuperando la rectoría del estado en esta área estratégica para nuestro México. Esta compra que, en efecto, equivale a una nacionalización de la industria eléctrica, lleva aparejada, además, la resolución de una de las más delicadas controversias que se le han presentado a nuestro país en el marco del T-MEC, pues el poderoso lobing de esa compañía presionó al gobierno americano y canadiense para realizar consultas en materia eléctrica para la posible instalación de un panel de solución, por supuestas violaciones en materia de eléctrica por parte de México, al favorecer el despacho de la energía eléctrica producida por CFE.
La operación, que se formalizó mediante un memorándum de entendimiento, alcanza un monto cercano a los 6 mil millones de dólares.
Es así que la CFE aumentará de 39% a 55% su capacidad total de generación eléctrica sobre el total generado en el país.
La compra de estas plantas dejaría sin materia el panel que se pretendía instalar y que tenía como principal objetivo, obligar a nuestro país a priorizar el consumo de energías producidas por empresas particulares y limitar la soberanía energética de nuestro país.
El paso dado por la administración del Presidente López Obrador, es una salida inteligente, legal y con amplio sentido patriótico, pues garantiza que las tarifas eléctricas no se disparen como ha ocurrido en Europa y Estados Unidos en los últimos años y que ha llevado a profundas crisis productivas a los países de la Unión Europea y a una escalada inflacionaria que no termina por vérsele el fin.
El acuerdo con Iberdrola, es el último eslabón de una larga carrera por revertir las reformas neoliberales que entregaron esta área estratégica nacional a las multinacionales y que puso en riesgo nuestra soberanía energética, al abandonar las instalaciones de la CFE para que murieran por inanición, al tiempo que favorecieron la instalación, operación y venta de la energía eléctrica producida por estas multinacionales.
López Obrador ha matado dos pájaros de una sola pedrada. Recuperó la rectoría en la producción eléctrica para la CFE y, al mismo tiempo, resolvió el amago de que a través de un panel de solución de controversias en el marco del tratado comercial firmado con Canadá y Estados Unidos, se le impusiera a nuestro país la política energética de electricidad.
Buena jugada sin lugar a dudas.
