Una cosa es lo que la autoridad reporta con base en sus estadísticas con el tema de la seguridad, y otra, muy distinta; la que los ciudadanos perciben. La eterna lucha entre una y otra difícilmente encuentran un punto coincidente y satisfactorio, en el que se identifique que el trabajo desarrollado para obtener la tranquilidad que tanto reclama la sociedad se encuentra en vías de obtener.
Y no es para menos, es importante señalar esa diferencia, pues la autoridad tiene la obligación de hacer frente a los problemas que aquejan a la población, y es precisamente la seguridad uno de los más sentidos y básicos para poder desarrollar sus actividades cotidianas.
Sin embargo, los intereses se separan, ya que, por un lado; el ciudadano reclama un entorno de paz y tranquilidad para poder ocuparse de sus asuntos sin tener que vivir con el temor de que algo pueda pasarle, o a su familia, y si mientras no obtiene paz y tranquilidad, no va a poder sentirla, y por el otro; la autoridad que se lo debe garantizar, y no cumple.
Los encargados de combatir a la delincuencia, saben que contrarrestar satisfactoriamente ese flagelo no es una tarea fácil, y la sociedad puede entender que no pueda lograrse al 100%, que sería un ideal, pero sí puede guardar la esperanza de ver una reducción de los índices delictivos a su mínima expresión.
No obstante, la prisa de unos no embona con la esperanza de los otros, pues quien está obligado desearía que las cosas se pudieran dar con tan solo desearlo y así poder presumirlo, sobre todo, cuando en la oferta de su campaña la colocó a la cabeza como uno de sus compromisos más importantes; lograr la seguridad y tranquilidad que reclaman los ciudadanos.
Ya que para conseguirlo se requieren varias cosas muy importantes, una de ellas, que es principal y fundamental; es la de aceptar que existe una crisis en seguridad, si el diagnóstico es erróneo, muy complicado será aplicar políticas públicas encaminadas a resolver el problema.
Después del primer y gran primer paso, corresponde estudiar a fondo su propuesta ofertada desde campaña, analizarla y elegir a las personas correctas para que funcione, si ésta, la propuesta, ya ha dado muestras de su eficacia, es aún mejor, no se corre el riesgo de cometer tantos errores como cuando se prueba por primera vez, porque le será relativamente más fácil.
El perfil del encargado es otro punto de suma importancia, puede asemejarse incluso a la de la selección de un fiscal, pues debe contar con un perfil bien definido, con experiencia y conocimientos. Esto es así, porque el responsable de manejar al cuerpo de seguridad debe tener todas las cualidades necesarias. Es primordial para que funcione, ya que, por ejemplo: si un alto mando es corrupto, no se puede esperar honradez de la tropa, lo que dará invariablemente un resultado negativo.
Ahora bien, se entiende que a la nueva administración le apura dar resultados para evidenciar un buen trabajo, pero gran parte de las veces, la realidad es negada a acoplarse a ese sueño, y termina por imponerse por encima de los buenos deseos, es una regla.
El momento en el que se pierde la objetividad, es porque en repetidas ocasiones se le atropella al momento de meter mano en las estadísticas para ajustarlas a una verdad alterna. Es lo que acontece con el gobierno federal, y es lo que ha venido sucediendo con el gobierno municipal de la ciudad capital del Estado de México.
El reporte sobre la percepción de seguridad deja las cosas en el lugar que les corresponde, varios municipios mexiquenses, entre ellos Toluca; reportaron aumento en la percepción de inseguridad entre sus habitantes, de septiembre a diciembre del 2021, según reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) Dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El comparativo bimestral de la ENSU, en los municipios con incremento en la percepción de la inseguridad, se revela que Toluca aumentó de 80.6 a 83.3, un aumento significativo para la zona de la capital mexiquense, no tan alejado de los que reportan municipios como Nezahualcóyotl que pasó de 75.1 a 81.7, o Naucalpan que pasó de 88.3 a 92.1 por ciento.
Y no se trata de ver al ciudadano como enemigo por el hecho de que percibe menos seguridad que antes, su percepción aumento por las circunstancias de su entorno, lo que se traduce en preocupación y angustia, limitando por mucho su libertad para acudir al trabajo, o para realizar cualquier otra actividad.
La percepción negativa muestra inevitable el fracaso de la política pública que debe ir encaminada a ponerle remedio, no obstante, es obligado por parte de quien tiene que asumir esa responsabilidad, apuntar a lo básico; que es reconocer el problema y después aplicar correctamente el remedio.
Para poner al mejor candidato en cuestión de seguridad, como debería serlo para los demás problemas, siempre será importante elegir a lo mejor de entre lo mejor, los improvisados son eso y siempre harán lo que saben hacer mejor, improvisar. Los expertos, por el contrario, se exigirán hacer mejor las cosas y exigirán a sus subalternos a lograrlo.
Desde que tomó posesión el nuevo presidente Municipal de la capital del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, ha hecho de todo para presumir una reducción en los índices de inseguridad que únicamente muestran la prisa que tiene por entregar buenas cuentas, no en sí, a solucionarlos, apoyado en los mecanismos, que aplicados correctamente, deberían empezar a demostrar que fueron lo correcto.
Tal vez lo que le apuraba al edil era que sentía que se le iba la posibilidad para levantar la mano mientras se elige al candidato a gobernador y se espera sea por alianza del PRI, PAN y PRD, si es que la idea es ganar, o de lo contrario, si no lo es, podríamos estar viendo en el horizonte otra cosa.
La percepción de inseguridad es la muestra de que las autoridades no están cumpliendo con lo más elemental para ofrecer protección a su comunidad. De la misma forma, la salud y la economía se suman a esos elementos urgentes de atender, el tiempo corre y los ciudadanos exigen y seguirán exigiendo.
