Estamos acostumbrados a escuchar y hacer promesas. Voy a portarme mejor, este año haré más ejercicio, leeré más libros, meditaré, no fumaré, etc.
Promesas que implican un compromiso con uno mismo y que al no realizarlas nos afecta la vida y por supuesto la salud, ya que cumplir esos deseos serían la diferencia entre ser un mejor ser humano y tener una vida más sana, ¿no es cierto?
El impacto positivo de estas acciones se refleja en una mejor calidad de vida, en relaciones afectivas más sanas, en la toma de decisiones más certera.
Es increíble lo que pasa cuando cumplimos nuestros compromisos, porque le damos fuerza a nuestras palabras, hacemos lo que decimos. Si en lo individual cambia todo un entorno, imagine lo que pasa con una persona que promete cambiar el desarrollo social, educativo y económico de un lugar.
Sabemos que la clase política promete siempre en tiempos de campaña. Como dice el dicho “prometer no empobrece” y menos si puede generar muchos “likes”.
A partir del desencanto y hartazgo de la gente, algunos candidatos empezaron a firmar todas sus propuestas, con la intención de realizar cambios milagrosos. Pero, cuando un diputado, alcalde, gobernador o presidente se atreve a afirmar que logrará cada punto de sus ideas, no toma en cuenta el estado de las cosas.
Se promete mejor infraestructura, pero no hay presupuesto. Se dice que se mejorarán los cuerpos policíacos, pero dentro de ellos hay corrupción y deserción a los grupos delictivos.
La candidata o el candidato prometen que generarán más desarrollo para todos los habitantes, pero no hay empleo, porque las empresas se han ido por la inseguridad o simplemente porque la inflación ha hecho que se recorte personal.
Vamos, cualquier promesa es solo eso, no es un plan de negocios, con estudios claros de la condición monetaria del municipio, estado o país.
Considero que sería muy bueno que a medio año de terminar una gestión, se hiciera un balance económico y social, para saber con qué y con quiénes puede trabajar la administración que entre.
El problema es que eso acarrearía auditorías que nadie va a avalar, porque cuando se termina la gestión pareciera que quieren aplicar la ley de Hidalgo.
Esta reflexión partió de la propuesta de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, quien planteó que se considere el incumplimiento de compromisos, una falta administrativa grave.
La coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista quiere que caiga todo el peso de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios a los que no cumplen. Esto acarrearía una posible destitución del cargo, sanciones económicas e inhabilitación temporal. Imponer dicha sanción le tocaría al Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
Me parece que es una propuesta con sentido común, sobre todo cuando estos ofrecimientos a la sociedad están firmados, aun cuando sabían que era imposible cumplirlas porque no había recursos en el municipio, estado, distrito o país.
Es por ello que la viabilidad siempre debe ser una bandera para los partidos políticos, saber si se puede hacer, cómo y con qué.
María Luisa Mendoza también propuso establecer que el Consejo General y los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado de México informen a la Contraloría del Poder Legislativo las plataformas electorales registradas y cada cosa que firmen la tendrán que cumplir.
No sé si esto regrese la confianza en la gente, pero sería un parteaguas para dejar las promesas sólo para año nuevo.
