Pese a los grandes problemas que enfrenta México actualmente, la narrativa se sigue centrando en temas provocados desde lo más alto del gobierno federal. Ahora, no está en discusión si existe o no una clara estrategia, estudiada a conciencia por expertos, para el combate a la delincuencia, a los grupos armados, a la inseguridad y devolver poco a poco la confianza a los ciudadanos de regresar a las calles para que puedan buscar el sustento de su familia.
No, el tema se centra exclusivamente en la permanencia en las calles del ejército, el cual, ha provocado serios enfrentamientos entre el gobierno del presidente Andrés López Obrador y los que él llama sus adversarios, que en términos prácticos son todos los que no comulgan con su manera de atender los problemas del país.
El 26 de marzo de 2019 se publicó el decreto que creó la Guardia Nacional (GN) en el Diario Oficial de la Federación, con un plazo que vence en 2024. La intención fue que en tanto la GN desarrollara su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente podría disponer de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública, de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
De esta forma, fue fundamental la propuesta con base en que, durante ese tiempo, debería fortalecerse a las policías locales, lo que no ha sucedido, todo lo contrario, pues éstas, han visto seriamente reducidos los ingresos que se destinaban para ese fin, todo el esquema de apoyo financiero va directamente al ejército, lo que ha escandalizado a más de uno, aún así, no se hace nada al respecto.
Ahora, además del desorden que se puede observar en los cuerpos de seguridad pública, que más parecen destinados a desaparecer; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa una iniciativa de reforma para alargar la presencia de los castrenses en las tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Dicha iniciativa se presentó de última hora, y por lo mismo, parece más que en lugar de haber sido estudiada, analizada, valorando sus alcances y beneficios, fue una forma de congraciarse con el presidente Andrés López Obrador; lo más inquietante, es que no se profundiza en el tema de control y vigilancia de las fuerzas armadas, con una subordinación de la autoridad civil. Materialmente, se deja en manos del Ejército todo lo que se refiere a la seguridad pública, sin ningún límite, además de todo lo que ya controla.
Con esta idea, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya no tendría razón de ser, y lo mismo que ha sucedido con los efectivos que formaron en su momento a la Policía Federal, quienes recibieron adiestramiento en diferentes mecanismos de inteligencia, se perderá; son pocos los que aún quedan en la GN.
Con todos los recursos que se han destinado al ejército; con la enorme cantidad de tareas que en este gobierno le han sido encomendadas; materialmente, nadan en un mar de recursos de los mexicanos, sin que informen cómo se utilizan, lo que ha provocado la preocupación de gran parte de los especialistas en temas de seguridad, pues, de acuerdo a varios de ellos, se les pone a la mano toda la tentación.
Pero, si mientras no se determina puntualmente cuál es el rol que se espera de su labor, en las tareas de seguridad; si no existe con claridad la indicación que debe sujetarse al control y supervisión de las autoridades civiles; de que, con transparencia, informen cómo han sido ocupados los recursos que se les destina, en qué se invirtieron, y cuál fue el beneficio; así como no se establezca con claridad la forma en la que habrá de prepararse y fortalecer a las policías locales, para que se logre su eventual regreso a los cuarteles. Todo esto, no será más que un paso más para observar la permanencia del ejército en las calles.
Y podrán permanecer por mucho tiempo, pues si la estrategia no cambia, porque no es una estrategia esa de “abrazos y no balazos”, en todo caso es un eslogan de campaña, no se verá una mejoría en la seguridad del país, ni se recuperarán los grandes territorios que hoy controla la delincuencia
Entonces, ¿cuál es la intención? ¿cuál es la imperiosa necesidad que mueve a los congresistas y al presidente para violentar la Constitución?
Sea cual sea ésta, puede presumirse que no es precisamente para recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas, porque cuatro años son suficientes para darse cuenta que las cosas no han mejorado, materialmente en ningún rubro, pero especialmente, en éste, que es el que más lastima al pueblo, pues es peor. Por lo que no se pueden guardar esperanzas que pronto se logre alcanzar la tranquilidad que tanto claman los mexicanos.
¿Por cuánto tiempo puede permitirse que la culpa siga siendo del pasado? ¿para cuándo asumirá el gobierno actual su responsabilidad y culpa de que el país esté materialmente hundido en la peor inseguridad?
Por más que se diga que la fortaleza que se necesita para lograr que ésta se obtenga y que está en manos del ejército mexicano lograrla, quedan muchas dudas que así sea, porque si se insiste en permitirles trabajar sin control y transparencia, y ahora, hasta con la amenaza de silenciar las redes sociales, y que ésta pueda ser la solución, sin duda, será todo lo contrario. Lo que sí se puede observar, es que se cierne en el pueblo mexicano años de nubarrones que bloquean el cielo del país.
