Las democracias consolidadas deben tener ciudadanos informados sobre las acciones u omisiones de los gobiernos, sobre cómo se utilizan los recursos públicos y la manera en que se atienden los muchos rezagos sociales.
Es claro que a los gobiernos les interesa informar todo aquello que consideran positivo o que mejorará la percepción de la población sobre la gestión pública. Por ello, el derecho de acceso a la información toma gran relevancia ya que, desde hace aproximadamente dos décadas, cualquier persona puede acceder a la información pública (por regla general toda información generada por el gobierno es pública, salvo que se justifique legalmente su clasificación o reserva). Del mismo modo cualquier persona puede solicitar (desde algún dispositivo electrónico con internet) información a los entes de gobierno en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Esto no sería posible sin la lucha de organizaciones ciudadanas que buscando mayor eficacia en la atención de los problemas públicos, impulsaron que el derecho de acceso a la información se incorporara a la Constitución Federal y a cada una de las Constituciones de las entidades federativas. Bajo esta premisa ya no se ejerce la ciudadanía únicamente cuando vamos a votar (en caso de hacerlo), sino que puede ejercerse en cualquier momento.
Cobra relevancia que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el año 2015 declaró el 28 de septiembre de cada año, como el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información, conmemorado por organizaciones civiles y gubernamentales en todo el mundo.
En México el acceso a la información se topa con muchas barreras como la falta de alfabetización digital, la excesiva tecnificación, el ocultamiento de la información (lo que logran a través de acuerdos que tuercen la ley para clasificar o reservar la información), la falta de accesibilidad de la información para personas con discapacidad, la falta de información traducida a lenguas originarias, entre muchos otros obstáculos. Resalta entre todos ellos, la predominante cultura de la opacidad y lo incómodo que es para los servidores públicos de diversas esferas de gobierno, que la ciudadanía se entere de lo que están haciendo con los recursos públicos.
Como sociedad civil debemos continuar con la lucha para que la comunicación de los gobiernos sea permanente, veraz y comprobable. Pero de nada sirve contar con el derecho de acceso a la información sino lo ejercemos, sino accedemos al apartado de transparencia en las páginas de los gobiernos, sino solicitamos la información que nos interesa y sino nos inconformamos por la negativa de información ante los órganos garantes de la transparencia.
Ejercer nuestro derecho de acceso a la información nos hará ciudadanos más conscientes sobre los muchos rezagos sociales, la manera en que los gobiernos buscan atender los graves problemas de nuestro país y darnos cuenta que los recursos públicos son limitados. Pero también nos hará darnos cuenta que la implementación de los recursos públicos puede mejorarse o reorientarse, pero sobre todo descubriremos que más allá de la comunicación unidireccional que ejercen algunos gobiernos, el poder de verificarla está en nuestras manos.
El reto es que la información sea para todos.
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