Para bien o para mal, todavía no se sabe qué sucederá, el Estado de México se convirtió en la primera entidad en reglamentar las coaliciones electorales más allá del voto ciudadano. De facto se presenta como un laboratorio político que permita observar el funcionamiento de esta figura legal para su posible aprobación para las elecciones de 2024.
Legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM aprobaron, por mayoría de votos, reformas al Código Electoral de la entidad para expedir la Ley de Gobiernos de Coalición, reglamentaria de la fracción 51 del artículo 61 y de la fracción 48 del artículo 77 de la Constitución particular del Estado Soberano de México.
Dicho de otra manera, lo que aprobaron los diputados fue la cohabitación en el gobierno estatal de más de un partido político; es decir, si una coalición formada por dos o más partidos gana las elecciones, sus dirigentes deben firmar un convenio o carta compromiso para repartir las posiciones al interior del gabinete, de conformidad con el número de votos que cada organización haya aportado.
Estas modificaciones fueron empujadas inicialmente por el PRD, el PT y el Partido Verde, pero luego se sumaron los dirigentes de Acción Nacional y terminó por convertirse en una camisa de fuerza para reanudar el diálogo entre PAN, PRI y PRD con miras al establecimiento de una coalición que busque ganar las elecciones del próximo año.
Los diputados de la fracción de Morena en la LXI Legislatura no avalaron esta modificación y se sumaron los diputados sin partido. En su justificación a esta oposición, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, consideró que estas reformas son anticonstitucionales e invaden en exceso las atribuciones del Poder Ejecutivo, otorgando facultades supraconstitucionales a la Legislatura.
Expuso que Morena no puede violentar el régimen republicano, si antes no hay una reforma constitucional a fondo y anticipó que este tema tiene una gran vulnerabilidad y podría ser motivo de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los diputados morenistas Carmen de la Rosa, Isaac Montoya, Faustino de la Cruz y Daniel Sibaja, puntualizaron que con la aprobación de este dictamen se anteponen los intereses de los partidos políticos al pactar espacios en la administración pública.
En el fondo del asunto, se encuentra la negativa de los partidos llamados pequeños a seguir siendo comparsas de los partidos grandes, a quienes ayudan a ganar las elecciones y luego son olvidados. Quieren estar representados en el poder no solo de manera figurativa, sino de pleno derecho. Quieren ser partícipes del gobierno y están convencidos de que esta es la única forma de obligar a los partidos grandes a que compartan ese poder que tanto ansían.
Y si bien esta reforma puede representar un gran avance en la vida democrática del Estado de México, de acuerdo con especialistas consultados, se rompe el principio de libre remoción y nombramiento que tiene el gobernador, porque, hay que decirlo, vivimos en un régimen presidencialista donde el Jefe del Ejecutivo tiene la libertad de nombrar y remover a sus colaboradores y eso se reproduce en los ámbitos estatal y municipal, por eso consideran que se estaría violando la Constitución con esta nueva ley.
La fracción 51 del artículo 61 de la Constitución local faculta a la Legislatura para “ratificar los nombramientos que el gobernador haga de los servidores públicos que integran su gabinete, cuando opte por un gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de la seguridad pública”.
La fracción 48 del artículo 77 establece que el gobernador tiene la posibilidad de optar en cualquier momento por un gobierno de coalición, con uno o varios de los partidos políticos representados en la Legislatura local.
El dictamen que reforma el Código Electoral establece que en caso de coalición o de candidatura común para postular candidatos o candidatas a gobernador o gobernadora, los partidos que la integran podrán suscribir un acuerdo específico donde establecerán la forma en que participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como la definición de la agenda legislativa.
Se aclara que el gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y constituye un régimen plural de corresponsabilidad en el ámbito legislativo y el ejecutivo, conformado por el partido que postuló al gobernador y uno o varios partidos políticos cuya suma alcance una representación parlamentaria mayoritaria en la Legislatura del Estado de México.
El gobernador o gobernadora deberá enviar a la Legislatura el proyecto de programa y el convenio de coalición para su aprobación, así como el nombramiento de las y los servidores públicos que integrarán el gobierno.
Hay que aclarar que la idea no es nueva, pero sí la forma. La razón del gobierno de coalición está cimentada en la necesidad de construir mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática, lo que además de ampliar márgenes de consenso otorga elementos para mantener un equilibrio entre el ejercicio del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Esta modalidad fue aprobada dentro del conjunto de reformas político-electorales que se llevaron a cabo en 2014. Se trata de un nuevo instrumento que tienen los presidentes mexicanos a partir de 2018, para enfrentar los dilemas del gobierno sin mayoría y así poder construir una gobernabilidad democrática. Si bien la medida es opcional, su conformación debe apegarse a una serie de modalidades jurídicas, establecidas en el artículo 89 constitucional.
Esta situación no se ha generado en el país, por lo tanto, no ha sido necesario usarla.
En el Estado de México, con estas modificaciones constitucionales, da la impresión simple de que los partidos pequeños quieren formar parte de las decisiones de gobierno, pero de manera directa.
