La impunidad es un complejo fenómeno multicausal y multidemensional, que no se limita a la sanción de los delitos cometidos, sino que incluye el desempeño de las instituciones públicas y la calidad del ejercicio de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales de las personas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.
El Índice Global de Impunidad (IGI) fue desarrollado en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y retomado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia desde el año 2015. Como resultado de los estudios de medición sobre la impunidad y justicia, se emite el Índice Global de Impunidad México 2022.
En el balance estatal, resalta el Estado de México como el más impune de las 32 entidades federativas del país, acompañándolo en esta trágica lista los siguientes estados:
- Estado de México (74.55).
- Baja California (69.84).
- Veracruz (65.56).
- Puebla (63.90).
- Querétaro (63.65)
- Jalisco (63.40).
- Sinaloa (63.59).
- Aguascalientes (62.29).
- Chiapas (62.07).
- Michoacán (61.99).
Si tomamos en consideración que México, como país, no se encuentra dentro de los países con mayor impunidad y que disminuyó a 60.08 puntos, en comparación con la última medición de 2018 que fue de 69.84. El Estado de México está muy por arriba de la medición nacional, lo que quiere decir que tiene el número más alto de delitos por cada cien mil habitantes, “que cuenta con menos del 0.05% del personal en áreas encargadas para la protección de derechos humanos, y con la mitad del promedio nacional en personal en las procuradurías/fiscalías por cada cien mil habitantes (22.30).”[1]
También destaca por la escandalosa cifra de víctimas registradas en las investigaciones y carpetas abiertas por el ministerio público (354,155) comparado con el promedio nacional (62,549.59).
El informe destaca el reducido número de agencias especializadas y poco personal destinado a funciones de seguridad pública, los problemas estructurales en el diseño y existencia de capacidades institucionales para las políticas de seguridad.
Del mismo modo, concluye con la grave afirmación que prácticamente no tiene sistema de justicia.
En el Estado de México, por encima del país y de las entidades federativas, priva un alto nivel de impunidad, lo que se traduce en mala calidad de la radiografía del sistema de justicia, lo que hace pedazos el principio de igualdad ante la ley y de la justicia para todas y todos.
Es urgente que se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de los mexiquenses, de lo contrario se continuará afectando a los que menos tienen y el estado de derecho será solo parte de los discursos políticos.
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[1] https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/IGI-MEX-2022-UDLAP.pdf
