Hace algunas semanas platicamos sobre la iniciativa de reforma Constitucional promovida por el Presidente de la República, la cual no fue aprobada en la Cámara de Diputados ya que no alcanzó la mayoría calificada -2/3 partes de la votación-, ya que para obtenerla requería de los votos del PRI o del PAN, lo cual no ocurrió. En automático, ingresó al pleno de la Cámara de Diputados lo que se conoce como el “Plan B”, que se trata de una amplia reforma legal a diversos ordenamientos, entre ellos a la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sería imposible abordar en esta columna todo el contenido de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, que contempla modificaciones a 457 artículos. Sin embargo, abordaremos algunos puntos relevantes:
El Instituto Nacional Electoral (INE) continuará conformado por un Consejo General y el proceso de selección de sus integrantes no se modificó -al no haberse aprobado la reforma Constitucional-. Sin embargo, se contempla una amplia modificación orgánica que fusiona áreas, las reorganiza y reduce la estructura administrativa del INE. Se continúa con la tendencia centralizadora electoral -iniciada con la reforma 2014- para que el órgano nacional tenga mayor ingerencia en los OPLEs o Institutos Electorales de los Estados.
En la actualidad el INE cuenta con 300 Juntas Distritales -una por cada distrito electoral del país- las cuales se reducirán a 260 en periodo no electoral basados en una regionalización, con el objeto de reducir el gasto fijo a nivel distrital y local. La reforma contempla que estructuras del INE a nivel local y distrital pasen de permanentes a temporales.
Se reducen los tiempos para insacular -sortear- ciudadanos, que sean notificados y capacitados para formar parte de las mesas directivas de casillas.
Los cómputos distritales también sufrirán modificaciones, actualmente el conteo oficial de los votos comienza el miércoles siguiente a la elección. Con la reforma, los cómputos iniciarían el mismo día de la elección, al recibir en cada Consejo Distrital los paquetes electorales. No confundamos los datos preliminares que se tienen el domingo de la elección derivados del PREP con el cómputo oficial, el PREP continuará.
Por muchos años, las coaliciones electorales tenían un logotipo en común y aparecían en la boleta en un solo espacio, los votos los distribuían mediante convenio; basta recordar la Alianza por el Cambio que postuló a Vicente Fox en el año 2000 o las muchas alianzas electorales que el PRI tuvo con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, como la que le dio el triunfo a Enrique Peña Nieto en el año 2012. Con la reforma electoral 2014 se separaron los logotipos de los partidos políticos y no se permitía alguna otra forma de asociación electoral, salvo a nivel local como en el caso del Estado de México en donde existe la figura de la “candidatura común”. Con la reforma, se crea a nivel nacional la figura de la “candidatura común” que permite transferir votos a través de los convenios de distribución de la votación.
El “Plan B”, realiza muchas otras modificaciones relevantes como la eliminación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actualmente revisa los procedimientos relacionados con actos anticipados de precampaña y campaña, controversias por spots de radio y televisión, procedimientos especiales sancionadores por violencia política de género a nivel nacional, entre otros temas. Sus atribuciones pasarán a una “Sección Resolutora de la Sala Superior”, integrada por tres magistrados electorales que se rotarán cada seis meses.
Se elimina la facultad del INE para emitir nuevos criterios, lineamientos o acuerdos que modifiquen las reglas del proceso electoral una vez que haya iniciado. El INE tendría que notificar al Congreso de la Unión sobre las omisiones de legislación, necesidad de adiciones o modificaciones, para que éste lo regule.
En materia de propaganda gubernamental, se modifica el alcance las prohibiciones a los funcionarios públicos en periodo electoral: “No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
La reforma legal -Plan B- aprobado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, continuará el proceso legislativo en el Senado y de concretarse su aprobación, será sometido a una larga ruta de impugnaciones ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el INE deberá iniciar los estudios presupuestales, administrativos y legales para su reorganización y funcionamiento con las nuevas reglas.
El Plan B es multitemático y no bastan algunas líneas para analizarlo a profundidad, es importante que estemos informados y formemos nuestro propio criterio, porque muy probablemente serán las nuevas reglas del juego electoral.
En México como en Big Brother, “las reglas cambian”.
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