El año pasado, mientras los partidos y la opinión pública estaban atentos a la discusión y aprobación del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó desapercibida la aprobación de la nueva Ley de Comunicación Social que ata de manos a los entes públicos, ya que considera en su artículo 26 que sólo pueden utilizar 0.1 por ciento de su presupuesto para este tipo de gastos; es decir, apenas una milésima parte del presupuesto anual aprobado.
Estados, municipios y organismos descentralizados o autónomos no podrán destinar más recursos, pues de lo contrario podrían enfrentar sanciones de tipo penal. Preocupa mucho la celeridad con la cual se aprobó esta reforma porque refleja la falta de voluntad por regular de manera robusta, exhaustiva y seria, el gasto en comunicación social, mal entendido como propaganda, según los criterios de la nueva ley.
Aún falta que el Senado apruebe estas reformas y por eso se han levantado voces desde la academia, el periodismo, medios de comunicación independientes y de la propia sociedad civil para que los senadores reconsideren la iniciativa y constreñirse a los estándares más altos en la materia, porque de lo contrario las garantías del derecho a la libertad de expresión y a la información serían vulnerados.
Y es que es necesario resaltar que las modificaciones no cambian sustancialmente el “estado de cosas inconstitucional” que declaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 y 2021, por lo que los senadores tienen en sus manos revertir la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial como medio de censura sutil.
La iniciativa no cumple con el más alto estándar en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, como es el caso de los principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ni contiene elementos básicos para la regulación de la publicidad oficial.
La iniciativa fue mayoriteada por Morena y sus aliados, frente a la oposición de los demás partidos que votaron en contra de todo el Plan B. El articulado regulatorio de lo que llaman propaganda tiene un impacto real porque el gobierno federal, por ejemplo, dispondrá de unos 8 mil millones de pesos para gastos publicitarios, pero en los estados, los demás poderes y los municipios los montos serán mínimos.
Pongamos por caso el del estado de Campeche que tiene un presupuesto anual de 24 mil millones de pesos y que con las nuevas disposiciones dispondrá de un presupuesto de 24 millones de pesos para gastos de comunicación social, que equivale a dos millones de pesos por mes. Y 66 mil por día. Primero, no solo se trata de los medios de comunicación, televisión, radio, impresos y digitales, sino de medios alternos. Es nada.
Otro ejemplo dramático es el de la Ciudad de México que tenía un presupuesto aprobado de 753 millones de pesos, pero con la nueva ley sólo podrá gastar 248 millones de pesos al año, es decir, casi un tercio de lo que tenía contemplado el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por lo pronto los alcaldes de Metepec, Fernando Flores Fernández, y de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal presentaron una controversia constitucional contra este nuevo ordenamiento porque consideran que representa un agravio a sus facultades y perjudica el cumplimiento de sus funciones en materia de transparencia, legalidad y conexión con la ciudadanía. Además, atenta contra la autonomía municipal hacendaria que otorga la propia Constitución General de la República a los municipios, lo que le impediría ejercer la autonomía y libertad hacendaria reconocida en el artículo 115, fracción IV.
Martínez Carbajal considera que la nueva ley prohíbe a los municipios la máxima publicidad de las políticas públicas, el ejercicio de sus funciones y metas cumplidas, el derecho a los ciudadanos de acceder con transparencia, eficacia, prontitud y bajo el eje rector de máxima publicidad a la información.
México ha logrado un gran avance en materia de transparencia y acceso a la información pública, como bien dicen los alcaldes, la información es clave en la conformación de esta cultura.
La ciudadanía tiene el derecho de conocer activa o pasivamente las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad y que permiten formarse una opinión, lo cual está sujeto a diversos principios de legalidad.
Por el momento, la batalla para detener esta aberración jurídica está en manos de los senadores y posteriormente en el terreno de los magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ayuntamiento de Cadereyta también presentó una controversia constitucional, veremos en el curso de los días cuántos más se suman.
