“Las democracias ahora ya no terminan con un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales”
(Levitsky y Ziblatt, 2018).
En su libro “Cómo mueren las democracias”, los autores aseguran que los dictadores modernos son gobernantes que llegan al poder con el voto popular, a través de instituciones democráticas pero que, ya estando en el poder, comienzan el desmantelamiento de instituciones autónomas para debilitarlas y someterlas. Ese parece ser el sentido del “Plan B” impulsado por el Presidente y aprobado por su partido y aliados. Con dos poderes sometidos, queda el recurso de la Corte para frenarlo; queda el poder ciudadano para presionar a la Corte. Por eso la marcha del 26 de febrero contra el Plan B.
Levitsky y Ziblatt insisten que el debilitamiento de las democracias comienza en las urnas, cuando se descalifica o minimiza a los oponentes llamándoles rivales o adversarios políticos y se transgreden las instituciones autónomas colocando personas leales al nuevo régimen. El actual presidente de México ganó democráticamente la presidencia en 2018, encabezando un nuevo partido creado tres años atrás y aprovechando las condiciones y prerrogativas otorgadas gracias a la apertura democrática que inició hace 50 años y fue posible por la serie de reformas impulsadas por las distintas fuerzas partidistas para ampliar la conquista de derechos y libertades.
Y no es que tengamos una democracia perfecta y que las reglas no puedan cambiarse. Las reformas políticas anteriores permitieron la alternancia en el poder a través de triunfos en comicios libres, auténticos y competitivos basados en reglas ampliamente consensadas a lo largo de las últimas décadas. Y si bien son necesarias reformas para atender reclamos ciudadanos como la apertura democrática al interior de los partidos, la elevación de requisitos para ocupar un cargo de elección popular, la reducción de financiamiento público, o la modificación de fórmulas para la distribución de prerrogativas, entre otras demandas relevantes, el Plan B no las atiende, no las toca siquiera.
Sin referirse a todo el contenido de estas reformas, sino sólo a aquellos aspectos que representan riesgos o inconvenientes en su aplicación, el INE presentó un informe que advierte, de manera muy puntual, por qué el Plan B representa un retroceso democrático. Explica que pone en riesgo el derecho a la renovación de poderes mediante elecciones libres y auténticas, a la identidad, a la asociación política, a la información y la transparencia en las elecciones, a la igualdad, a la secrecía del voto, a elegir libremente a nuestros representantes y gobernantes, al derecho de participar en condiciones de equidad y de ser electos, a la justicia en materia electoral y a la participación política.
Porque el Plan B propone, entre otras medidas, reducir al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE en un 84.6%, además de eliminar las Juntas Locales y las Juntas Distritales para introducir un diseño organizacional diferente al establecido en el artículo 41 constitucional; atribuye funciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia electoral; reduce atribuciones del INE para sancionar delitos electorales, desdibuja el criterio de paridad y redefine la propaganda gubernamental como actos de libertad de expresión, ignorando las disposiciones constitucionales respectivas.
El INE explica que personal del SPEN garantiza el derecho a la identidad a través del servicio de credencialización y actualización del Padrón Electoral; el derecho a la asociación política, porque verifica y certifica la celebración de asambleas constitutivas de los partidos políticos; resguarda el derecho a la igualdad y secrecía del voto porque se encarga de la instalación de casillas en cada colonia, comunidad, pueblo y municipio, de entregar y recuperar los materiales electorales, de capacitar a las y los ciudadanos que son seleccionados para ser funcionarios de casilla, de operar los PREP (Programas de Resultados Preliminares), de coordinar los Conteos Rápidos, el monitoreo de las estaciones de radio y televisión del país y de recabar evidencia para fiscalizar los gastos de los partidos políticos, entre otras funciones.
El Plan B permite la injerencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para registrar personas en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a partir de la presentación de su matrícula consular o el pasaporte. Restringe la atribución del INE para intervenir cuando los partidos políticos violan los derechos fundamentales de la ciudadanía desde sus propios documentos básicos y de sancionarlos cuando cometen delitos electorales. También acota al INE para emitir lineamientos en materia de paridad o de acciones afirmativas; deja sin efecto criterios garantes y provoca un conflicto de leyes en materia de paridad y de combate de la violencia política contra las mujeres, además de contravenir lo dispuesto en el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.
Por el tamaño del riesgo, la respuesta ciudadana debe ser del doble del tamaño de la mostrada el pasado 13 de noviembre, dice Juan Francisco Torres Landa, porque el riesgo del Plan B es mayor, “porque al no poder reformar la constitución, el presidente, su partido y aliados respondieron con una puñalada trapera a la democracia mexicana”. Y al desalentar a la gente para que salga a la calle e imponer restricciones a la circulación vehicular, el presidente cumple con el comportamiento autoritario de negación de la legitimidad de adversarios políticos, rasgo clave de un líder populista, afirman Levitzky y Ziblatt. Por eso la marcha del 26 de febrero contra el Plan B.
@IrmaCruzE
