En México, el sector privado tiene un papel muy importante en la reducción del riesgo de desastre y en el proceso de construcción de ciudades más resilientes y sostenibles, sin embargo, su participación en la planeación, programación y ejecución de acciones preventivas, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), ha sido limitada y poco reconocida. Aunque el artículo 1 de la Ley General de Protección Civil (LGPC) establece que los sectores privado y social “participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece”, los mecanismos de vinculación entre el sector público y privado, en materia de reducción del riesgo de desastre, no están consolidados, ni sus agendas institucionales coinciden para impulsar políticas públicas definidas en materia preventiva. Su vinculación es más como autoridad y sujetos obligados, que como aliados estratégicos en la búsqueda de un mismo fin. El anquilosamiento gubernamental versus la innovación empresarial.
El artículo 9 de la LGPC, en su segundo párrafo, indica que la Secretaría de Gobernación (hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), “deberá promover la interacción de la protección civil con los procesos de información, a fin de impulsar acciones a favor del aprendizaje y práctica de conductas seguras, mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los medios de comunicación electrónicos”. ¿Recuerdas alguna vez haber visto un anuncio comercial relacionado con la gestión integral del riesgo o con recomendaciones para evitar emergencias? Más allá de los esporádicos mensajes de alerta que se difunden en temporada de huracanes y del “No corro, No grito y No empujo”, no existe una política de comunicación social efectiva en materia de prevención de emergencias y desastres.
Las estrategias de difusión y comunicación gubernamental en materia de protección civil no involucran en sus mensajes la participación de los empresarios en la prevención de riesgos de desastres. Ni industriales, comerciales, de servicios, ni medios de comunicación. ¿Será porque estos últimos no quieren, porque no representan ingresos económicos, ni ventajas comerciales ante sus competidores? ¿Será que existe poca visión en la administración pública, desinterés y falta de compromiso de los liderazgos políticos o deliberada autocensura gubernamental? Lo que es innegable es que el gran potencial de los medios masivos de comunicación y las redes socio digitales ha sido desaprovechado sobremanera por parte de las autoridades responsables de las políticas de reducción de riesgos de desastres en nuestro país. Hace falta esa propuesta innovadora que haga que los empresarios estimen conveniente invertir en reducción de riesgos y que, en alguna medida, represente para ellos una ganancia económica asequible y un beneficio social tangible. De otro modo, continuará el abismo entre empresarios y gobierno, por lo menos en prevención de desastres.
Si consideramos que la sociedad actual vive expuesta a un sinnúmero de riesgos y que cada ciudad construye su nivel de desarrollo sobre una gran cantidad de interacciones e interdependencias entre sus sectores productivos, el fallo, emergencia o crisis que alguno de estos sectores pueda experimentar, seguramente afectará a otros, o quizá, dependiendo de su magnitud e intensidad, al sistema en su totalidad. A esto se le suele llamar riesgo sistémico. En tal contexto, si un proceso productivo –industrial, comercial o de servicios– no es sostenible o resiliente para sí mismo y en su entorno, corre el riesgo de detonar fallas o crisis en su ecosistema más próximo y, si se concatena con otros procesos igualmente anómalos, puede vulnerar a toda la sociedad en su conjunto. De ahí la importancia de ver la reducción de riesgos de desastre como algo comunitario, colectivo y en constante movimiento y colaboración entre los sectores de la sociedad.
“Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán con las autoridades con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión Integral de Riesgos”, Así dice el Artículo 13 de la LGPC desde hace diez años. ¿Qué esperamos para concretar convenios con los medios y las redes socio digitales? La experiencia en otros ámbitos de la vida social nos ha indicado que “aquello que no pasa por los medios, no existe”. Si se quiere realmente evitar futuras catástrofes, vayamos allanando el camino de entendimiento entre lo público y lo privado, en favor de la comunidad, es decir de todos.
Esperemos que el día que la reducción de riesgos de desastre pase por los medios de comunicación masiva y por las buenas prácticas de las empresas, sea porque al fin se encontró la manera adecuada de socializar e integrar a nuestras prioridades el propio cuidado de la vida humana y del entorno, haciendo de la prevención una inversión, y no cuando sea demasiado tarde y las consecuencias de nuestros propios actos como sociedad sean irreversibles y urgentemente obligatorias: de vida o muerte, pues. Mientras eso sucede, no olvide que el espacio más seguro es el que construimos todos juntos ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
@CmdtEspinosa
