Los 15 mil millones de pesos que el gobierno federal busca obtener por la extinción de 13 -de 14- fideicomisos del Poder Judicial de la Federación corresponden a recursos que benefician a 55 mil trabajadores y no sólo a once jueces y magistrados. Argumentar corrupción para justificar esta decisión exige una denuncia, investigación y pruebas que no se han presentado. O, si se trata de eliminar privilegios, la medida es desproporcionada y exige hacerlo en los tres poderes, empezando por el poder Ejecutivo que ondea esta bandera.
La maniobra de acusar a la SCJN de corrupción y privilegios sin denunciar legalmente posibles excesos, por un lado; y por el otro, de usar a los legisladores morenistas para aprobar iniciativas o recortes presupuestales a sabiendas de que el poder judicial tiene la última palabra, resulta en un juego engañoso y manipulador que sólo busca minar la buena imagen de este órgano del Estado, explica el constitucionalista Diego Valadés y, de esa forma, allanar el camino para capturarlo, vía una mayoría legislativa constitucional, de cara a las próximas elecciones de 2024.
En México hay un déficit de juzgadores, señala también el jurista. Existen 5 jueces por cada 100 mil habitantes frente a la media de la OCDE de 21 jueces por la misma cantidad de habitantes y 55 mil miembros del personal administrativo y jurisdiccional no son suficientes para cubrir las necesidades de un país como México, por lo que con este ataque enfilado a la SCJN augura, además de una gran polémica, riesgos de una magnitud no vista en 200 años de vida constitucional.
Desde el fin de la Guerra Fría, las democracias ya no mueren a manos de generales o soldados, sino a manos de los propios gobiernos electos democráticamente, que poco a poco van subvirtiendo, debilitando y destruyendo las instituciones democráticas en forma gradual, con maniobras sigilosas, a veces imperceptibles, otras abiertas pero engañosas, mientras esos autócratas electos van destripando la democracia hasta dejarla sin contenido. Así explican Levitsky y Ziblatt el surgimiento de las dictaduras, autocracias o regímenes totalitarios no sólo en América Latina, sino incluso en Estados Unidos, que a pesar de la robusta democracia que presume, no está inmune a retrocesos democráticos, como otros países en el mundo.
El ataque contra el INE inició cuando emitió algunas resoluciones desfavorables al partido Morena, como emite cotidianamente en contra o a favor de todos los demás partidos. Lo mismo ocurre ahora con el poder judicial, contrapeso frente a los otros dos poderes de la Unión quien, en ejercicio de sus funciones, ha emitido también resoluciones que no han gustado en palacio nacional, como el reciente rechazo para que la Guardia Nacional pasara a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual fue negado por la Corte porque la Constitución dispone, expresamente, que la GN debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública, tal como el propio Presidente lo pidió al inicio de su sexenio. Petición que le aprobaron no sólo sus legisladores, sino todas las fracciones parlamentarias.
¿Entonces de qué se trata? La asfixia presupuestal al poder judicial, responsable de resguardar el orden constitucional se suma a otros intentos perpetrados para la eliminación de contrapesos. En el caso del INE, órgano garante del orden democrático, la campaña de desprestigio cesó una vez renovada la presidencia del Consejo General con funcionaria y algunos consejeros más afines al partido oficial.
El poder judicial se encuentra ahora bajo el fuego presidencial. En el caso del INE la ciudadanía salió en su defensa y logró alinear las fuerzas partidistas y jurídicas para detener su debilitamiento. Lo mismo tendrá que ocurrir ahora con el poder judicial, en donde la ciudadanía nuevamente tendrá que demostrar cuán organizada y decidida está para defender, no privilegios u opacidad, sino instituciones que, bien que mal, han garantizado hasta ahora, libertades y paz social
@IrmaCruzE
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