Gobiernos van, gobiernos vienen, pero las condiciones en el sur del Estado de México no mejoran y, por lo que se ve, de acuerdo a los últimos acontecimientos ocurridos en el poblado de Texcapilla, Texcaltitlán, ni mejorarán.
Es verdad que el grupo delictivo identificado como “La Familia Michoacana” desde hace ya varios años ha sentado sus reales en aquella zona colindante con los estados de Morelos y Guerrero, y también lo es, que poco se habla de la supervivencia que enfrentan moradores de esos lugares.
A pesar de ser la propia autoridad que ha sufrido bajas por enfrentamientos y emboscadas, las fuerzas de seguridad estatal y, sobre todo, del ejército, hacen acto de presencia esporádicamente, pero la mayor parte del tiempo los residentes son olvidados, hasta que, como aconteció el viernes ocho de diciembre pasado, cuando un enfrentamiento entre pobladores y delincuentes que dejó como saldo 14 muertos, obligó al gobierno voltear a verlos.
10 de los que fallecieron, aparentemente pertenecen al grupo criminal mencionado, y 4 eran de la comunidad de Texcapilla; también, se reportaron siete heridos, dos de ellos presuntos sicarios que fueron trasladados a hospitales cercanos y de donde fueron rescatados por sus compañeros, supuestamente. Es inevitable que este suceso haga recordar al de Tlatlaya. Aunque las circunstancias son diferentes, existe un común denominador, la ausencia de la autoridad.
En la madrugada del 30 de junio de 2014, militares del 102 Batallón de Infantería hacían un reconocimiento por la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, al pasar por una bodega en obra negra, sin puertas, descubrieron a civiles armados, que bebían y se drogaban, de acuerdo a informes oficiales; se dio un enfrentamiento, con un saldo de 7 muertos y un soldado herido. Posteriormente, se reportaron 20 muertos, las investigaciones revelaron que 13 civiles habían sido ejecutados.
Esto colocó bajo la lupa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la opinión pública nacional a la entidad mexiquense. El escándalo trascendió por la brutalidad del desenlace; las declaraciones de testimonios sacaron a la luz lo que en realidad había sucedido aquel fatídico día.
En ese tiempo, los elementos castrenses se incorporaron al operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir el narcotráfico. La presencia del ejército, empezó a tener poco a poco control en el lugar; sin embargo, lo sucedido en Tlatlaya vino a cambiar las cosas y los problemas legales a los que tuvieron que enfrentarse los de verde olivo, los obligó a mantener un perfil bajo.
El combate al crimen organizado nunca ha sido fácil en aquel lugar; a pesar de ello, la presencia de las fuerzas de seguridad y del ejército, se notaba, pero, algo ha venido sucediendo; el relajamiento del gobierno ante su obligación de proporcionar seguridad ha ido a menos, dejando de lado una de las principales responsabilidades que tiene, ofrecer paz a los ciudadanos.
Lo anterior, pudo haber empezado en la época que dice el discurso oficial, y con el gobierno al que quiera culpar; lo que es un hecho, es que los antecedentes hablan por sí mismos, el problema de la inseguridad existe hace décadas, lo preocupante, es que aumenta con el tiempo; los delincuentes van mejorando su armamento y se especializan en lo que hacen.
Uno de los problemas más graves al que se debe poner especial atención, es que esas bandas buscan ampliar su ejército, que es cada vez más numeroso y poderoso, y lo hacen reclutando a jóvenes por la fuerza; las evidencias son reportadas con insistencia por familiares y medios de comunicación.
Aunque la autoridad, en su papel, niega ese poder que tienen hoy por hoy; sin embargo, no por eso deja de existir, pero no se trata de dictar una realidad diferente a través de un decreto o de una declaración; las víctimas existen, y lo peor, sobre todo para familiares y amigos, es escuchar que el gobierno deslice la posibilidad que se trataba de personas que andaban en malos pasos.
Muy cómodo para evitar la responsabilidad que le corresponde. El crecimiento exponencial que han adquirido los delincuentes, se debe a la impunidad, la cual les da plena libertad para que a plena luz del día exijan su “derecho de piso”. Es por eso que, la ausencia de la autoridad, permite a los extorsionadores sentirse sin el menor temor para amedrentar a toda una comunidad; como se vio en las imágenes que han circulado en redes del enfrentamiento en Texcapilla.
No obstante, la reacción de los habitantes demuestra el hartazgo por sentirse vulnerables y abandonados por quien debería ofrecerles tranquilidad; imposibilitados para cumplir las exigencias de aquellos que los tenían arrinconados y que estaban acostumbrados a someterlos, les exigían una cuota por sus actividades, cada vez más elevada, al grado de no poder pagar, por lo que, determinados, decidieron ponerle fin, no importando poner en riesgo sus vidas.
Era evidente la gran diferencia de armamento entre unos y otros: los pobladores, con palos y machetes y uno que otro revolver, y los otros, con armamento de alto poder de uso exclusivo del ejército, y vestidos con ropa parecida a la que utilizan los militares, condición que desafortunadamente ya es común para este tipo de grupos.
Lo que se vio, deja patente que en lo más profundo del pueblo bueno y sabio existe ese otro ente, dispuesto a luchar y defenderse, saben que no les queda de otra, llama la atención que, ante la visita de la gobernadora de la entidad, la maestra Delfina Gómez, una mujer pidió que les dieran armas y chalecos antibalas.
Tras la refriega, algunas fuentes advierten el reagrupamiento de la célula delincuencial para cobrar venganza, aunque parece complicado que lo intenten de inmediato, pues se trata de civiles, y eso generaría una masacre de alcances inimaginables que traería como consecuencia una reacción en cadena que no quieren conocer.
Los alcances del evento, aún se encuentran muy lejos de conocerse, con el tiempo, las cosas se irán determinando; sin embargo, pobladores de otras latitudes con problemas similares a los de Texcaltitlán, seguramente toman nota.
