La crisis del agua en el Estado de México alcanza niveles críticos durante este severo estiaje, con decenas de piperos abasteciendo a comunidades de bajos recursos y colonias de clase media y alta, superando la capacidad de los organismos de agua locales.
Los costos elevados de las pipas privadas, junto con la propina para los choferes, obligan a los vecinos a unirse para adquirirla, evidenciando la falta de capacidad de almacenamiento y la desigualdad en el acceso al agua.
Esta situación contrasta con el derecho humano fundamental al agua, exacerbando la desigualdad en su distribución y disponibilidad, como reflejan las cifras del INEGI que muestran una tendencia preocupante hacia la escasez.
La infraestructura obsoleta e insuficiente en los organismos operadores de agua contribuye a la pérdida del 40 por ciento del agua potable en el Valle de México, agravando aún más la crisis, junto con la contaminación de cuerpos de agua y las inundaciones.
El surgimiento del huachicoleo de agua, impulsado por la escasez, se ha convertido en un problema adicional, generando ganancias considerables para el crimen organizado y motivando reformas legales para combatirlo. ¿Pero realmente hasta dónde se ha avanzado para detener a quienes lucran con la necesidad social?
El gobierno de Delfina Gómez se propone garantizar el acceso al agua como derecho humano, con estrategias para aumentar la oferta y mejorar la distribución, incluyendo negociaciones con la autoridad federal para obtener un mayor caudal de agua para la entidad. Estamos hablando que pedirá, según lo ha integrado en el Plan Estatal de Desarrollo, que 50 por ciento del agua que se extraiga de suelo mexiquense se quede para la gente del Estado de México.
Y es que eso sería realmente lo justo. Recordemos la histórica lucha de los mazahuas, que incluso han “cerrado la llave” del Cutzamala en protesta porque sus comunidades están privadas del líquido. Deben caminar kilómetros para abastecerse y no les permiten, ni a ellos ni a los alcaldes, perforación de pozos.
La presente administración tiene un plan de acciones para el saneamiento de cuerpos de agua, la conclusión de obras de infraestructura incompletas y la implementación de programas de recuperación y revisión de plantas de tratamiento, ofreciendo una visión integral para abordar la crisis del agua.
Es claro que desde hace muchas décadas se ha dejado de invertir en infraestructura para la dotación de agua. Las plantas de tratamiento están abandonadas y ni el gobierno estatal (gestiones anteriores, se espera que esta sí), ni las municipales, han invertido para su tratamiento. Ojalá pronto se vean acciones, porque la situación es verdaderamente preocupante.
