Los días posteriores a la jornada electoral se escucharon declaraciones sumamente irresponsables de líderes de oposición que alegaban fraude, justo de quienes semanas atrás decían defender a las instituciones electorales y ahora las dañan con descalificaciones infundadas.
Alegar un fraude, implica descalificar el trabajo voluntario de miles de personas que fueron seleccionadas como funcionarios de casilla y miles de servidores públicos electorales del Instituto Nacional Electoral y de los Institutos Electorales locales. Implica también denostar a autoridades administrativas electorales que investigaron denuncias y a los tribunales electorales que resolvieron y, en muchos casos, sancionaron a partidos políticos, candidatos, funcionarios de gobiernos y personas que violentaron las reglas electorales.
Los resultados de cada elección se basan en el voto ciudadano, el cual es el instrumento fundamental para que puedas expresar opiniones y decidir el rumbo político del país. Por ello, es importante la defensa del voto ciudadano, la cual no solo se limita a la emisión del sufragio en las urnas, sino también a la protección de su integridad y transparencia en los órganos electorales y a la posibilidad de inconformarse en medios legales en contra de los resultados electorales.
La defensa del voto ciudadano garantiza la legitimidad de las elecciones, por ello los órganos electorales tienen la responsabilidad de asegurar que el proceso electoral sea transparente, justo y libre de trampas que impacten en el resultado de manera determinante. En todo proceso electoral se pueden presentar irregularidades graves que ponen en duda la credibilidad del proceso electoral, por ello cobra relevancia la protección de la voluntad popular a través de los procedimientos sancionadores y los medios de impugnación.
En un proceso electoral justo y transparente, todos los candidatos tienen las mismas oportunidades de ganar y todos los votos tienen el mismo valor. Sin embargo, cuando se producen irregularidades, se pueden crear condiciones desiguales que benefician a algunos candidatos o partidos políticos en detrimento de otros, en este punto cobran relevancia los procedimientos sancionadores electorales para que en el transcurso del proceso electoral se puedan corregir las irregularidades y no continúen generando daño a la equidad en la contienda.
La defensa del voto ciudadano también permite garantizar la estabilidad política y social, ya que cuando los ciudadanos confían en el proceso electoral y en los resultados, se sienten representados y se genera una mayor estabilidad política. Por otro lado, cuando se producen irregularidades electorales, se puede generar una crisis política y social que puede desembocar en conflictos y violencia. Recordemos que la democracia, es el mecanismo que nos permite transitar de un gobierno a otro, de una fuerza política a otra, mediante la paz y la estabilidad en un país.
¿De qué manera defendemos el voto ciudadano? A través de los medios de impugnación electoral. El miércoles siguiente a la elección se iniciaron los cómputos distritales federales, distritales locales y municipales, durante los cuales se recontaron algunas casillas cuyas causales requerían se corrigiera o aclarara alguna aparente irregularidad. Al concluir los cómputos, los partidos políticos y candidatos tienen cuatro días hábiles -durante un proceso electoral todos los días y horas son hábiles- para promover los medios de impugnación electoral, en caso de que se encuentren inconformes con los resultados, consideren que existen causales de nulidad de casillas o de la elección.
Los medios de impugnación electoral se convierten en un mecanismo para dirimir de manera pacífica y ante los tribunales electorales, los conflictos o diferencias que surgieron durante el proceso electoral.
Los tribunales electorales analizan los planteamientos de los inconformes, el informe de la autoridad y las argumentaciones de quienes se oponen al medio de impugnación interpuesto; garantizando analizar con objetividad e imparcialidad la defensa de tu voto. La protección de la integridad y transparencia del voto ciudadano en los órganos electorales es esencial para garantizar la legitimidad de las elecciones y la igualdad de oportunidades para todos los para todos los candidatos y partidos políticos. La impugnación de los resultados electorales es una herramienta fundamental para garantizar la justicia electoral y la transparencia en el proceso electoral.
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