Empezamos a avizorar cómo será el segundo piso de la 4t. Como consecuencia de las primeras señales, las tasas de interés de los bonos del gobierno muestran alzas importantes en subastas recientes que reflejan un mayor riesgo en el país. El CONEVAL, por su parte, informa que el costo de la canasta básica en el último año se incrementó en un 5.8% en el ámbito urbano y 6.0% en el rural.
Los homicidios ascienden a 190,152 durante el sexenio más sangriento desde que se lleva registro. La extorsión registra 42,202 denuncias, un aumento de 44.9% respecto al sexenio anterior (Peña llegó a tener 32,883), es decir, 7.55 casos por cada 100,000 habitantes, el más alto de la historia reciente.
Ayer el dólar se cotizó en $18.41 y el sábado pasado alcanzó $18.76. México estanca su competitividad en el lugar 56, igual que el año pasado, y desde el 2018 ha caído 5 lugares en el índice respectivo.
En medio de todo lo anterior, Claudia, la virtual presidenta electa, presentó su encuesta sobre la reforma al Poder Judicial Federal. Ejercicio hecho a modo por Morena. Dicen haber cuestionado a 1000 ciudadanos, (y como dicen en las redes “a mí no me preguntaron”), con preguntas redactadas para obtener las respuestas que legitimaran una decisión ya tomada por quien realmente tiene el poder. La verdad, coincido con quienes plantean que mejor hubieran preguntado: ¿quiere ser víctima de los abusos del poder y perder el derecho a defenderse de un gobierno autoritario? La peor parte, entre sus resultados también aparece el dato de que la mitad no sabe nada sobre la dichosa reforma y la otra mitad sabe poco.
Es un hecho, acciones como esta generan una enorme incertidumbre en el futuro cercano. Mientras se publican las reformas a la amnistía y al amparo, no sabe uno si Claudia tendrá el valor de enfrentar a su mentor. Claudia empieza a ser una especie de Penélope que, en este caso, teje en la tarde (en apariencia) para buscar acuerdos, para que en la mañana el presidente desteja el avance. La situación se repite una y otra vez, ella dice que las reformas serán discutidas con la sociedad y López Obrador afirma que en septiembre estarán todas aprobadas. En la misma dinámica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó el análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República el 5 de febrero. La publicación del análisis causó gran revuelo por ser una posición crítica y razonada sobre el peligro que representan para la institucionalidad (pro)democrática que tardamos décadas en construir y ante esta posición, otra vez, López arremetió con reprobaciones y denostación contra los juristas. Peor todavía, ante la embestida, el rector emitió un comunicado para deslindar a la universidad de sus investigadores. Pareciera que, al menos el rector de la UNAM, cree el discurso de López, no los intentos (aparentemente) conciliadores de Claudia.
Ante todo el ruido mediático de descalificación y embestida contra los expertos juristas confieso que, aunque no sé mucho de estos temas decidí leer el texto de las ya famosas reformas. López las justifica para, supuestamente, desmontar al neoliberalismo y que, en consecuencia, se requiere reformas de gran calado. Con sus propuestas pretende, según su dicho, instalar un nuevo régimen político. Recordemos que esta intención no es nueva pues a las instituciones creadas para ser contrapeso y equilibrio del poder Ejecutivo, las limitó en su funcionamiento al negar nombramientos, las atacó mediáticamente, las ahorcó financieramente, en resumen, siempre mostró que su objetivo es concentrar más poder en su persona. En las reformas presentadas se ve claramente una revancha política y no dejar ni sombra de la oposición. Insisto, es como si alguien que sube al primer piso, quita la escalera para que nadie más suba por ella. López busca desaparecer a la oposición. Con la elección por voto popular de los consejeros del INE y de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, busca afianzar la hegemonía absoluta del partido mayoritario en el gobierno.
Las reformas contra la división de poderes demuestran la ambición de concentrar más poder en el presidente, no en la presidencia, sino en la persona. Pretender elegir con voto popular a jueces, magistrados y ministros del poder Judicial llevaría necesariamente a que la justicia quedara atrapada en manos de sus patrocinadores. Quienes resulten electos responderán a los intereses de quienes hayan realizado su campaña, sean dirigentes de partidos políticos, empresarios con intereses específicos o, peor aún, integrantes del crimen organizado. Con las reformas a la seguridad pública, se institucionaliza la prisión preventiva no obstante que la Corte Interamericana ha declarado lo inconveniente de la medida porque resulta en perjuicio de los ciudadanos. Además, se pretende inscribir totalmente en el ámbito militar a la Guardia Nacional.
En materia social se pretender elevar a rango constitucional los diversos apoyos monetarios que entregan a las personas (de todos los niveles de ingreso, por cierto), eso sí, se mantiene los principios de progresividad y no regresión que son deseables y relevantes, el problema es que no especifica una fuente de financiamiento suficiente y que se mantenga en el tiempo para hacerlas sustentables y viables. Quieren cumplir lo dicho en campaña “se puede vivir bien sin trabajar”, pero pierden de vista de dónde saldrán los recursos para mantener a todos quienes no generen ingresos por otros medios.
Supongo que la mayor parte de ciudadanos, al menos de quienes ejercieron el voto, considera que todo lo anterior está bien y que es el rumbo correcto para el país y que quienes no aceptamos que sea así padeceremos el ataque y denostación de aquellos que se creen poseedores de la verdad. De hecho, refiere Macario Schettino, que el Pew Research Center ha observado de 2017 a 2023 un giro proautoritario entre los mexicanos. El proceso marcado por la aceptación del autoritarismo no sólo se da en México, pero nuestro país, lamentablemente, es el ejemplo más destacado. El estudio publicado en marzo muestra que los mexicanos pasaron de estar 40% a favor de la democracia a manifestarse 2% a favor del autoritarismo.
Esta visión encaja perfectamente en la concepción populista del gobierno de un solo hombre que impone su voluntad al pueblo y legitima las decisiones tomadas por una minoría. La causa de la libertad de muchos no debe ser frenada por la sed de poder autoritario de uno solo. Necesitamos prepararnos para resistir sin aceptar la narrativa oficial. Nuestra tarea consiste en rechazar las mentiras del gobierno, no aceptar el abuso del poder ni mucho menos su progresiva concentración que degenerará, más temprano que tarde, en una dictadura. Finalmente, rechazar y denunciar la corrupción para que no exista impunidad.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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