Al concluir la evaluación de daños y quedar definida el área afectada post desastre, se procede al monitoreo permanente de cada situación crítica detectada, hasta que es revertida totalmente. El análisis de necesidades está relacionado con el conjunto de efectos negativos, socioeconómicos y ambientales provocados por el fenómeno y de la relación entre daños y pérdidas con la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
De acuerdo con la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastre de la ONU (UNDRR, por sus siglas en inglés), a partir de 2005, los eventos adversos se distinguen en cuatro niveles de atención, según la capacidad de la localidad afectada. En tal sentido, los daños representan los impactos directos (en personas, bienes y el entorno) y las pérdidas son los impactos indirectos (alteraciones en flujo de recursos, proyectos productivos, planes de desarrollo e interrupción de políticas públicas).
Cuando las necesidades pueden ser atendidas de manera local, con los recursos disponibles para emergencias, el evento adverso es considerado Nivel I. Cuando las afectaciones requieren la movilización de recursos locales, adicionales a los dispuestos para emergencias, sin exceder su capacidad, adquieren el Nivel II; si la situación ya no es controlada localmente y para ser atendida requiere apoyo de otras comunidades o del gobierno estatal, adquiere el Nivel III y su estatus pasa de emergencia a desastre. Si las necesidades son mayores y los esfuerzos para el auxilio y restablecimiento requieren la intervención del ámbito nacional se llega al Nivel IV, en el que toda la capacidad del Estado se enfoca a la atención del desastre.
En México, de acuerdo con las reglas de operación para la asignación de recursos nacionales en caso de desastre, cuando se requiere de apoyo institucional ampliado e intersectorial para la cobertura de la demanda de bienes, insumos y el restablecimiento de servicios públicos interrumpidos e infraestructura dañada por un desastre, la gestión corresponde al titular del poder Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales de cada zona geográfica afectada, quienes en coordinación administran, desde los medicamentos, instrumentos y equipos para la salud y protección; los servicios de agua y saneamiento; alimentación, establecimiento de refugios temporales, hasta el restablecimiento de la energía eléctrica, movilidad y las comunicaciones.
Una amplia batería de analgésicos, anestésicos, antibióticos y vacunas son imprescindibles en los Refugios Temporales; personal médico, de enfermería y apoyo logístico para el traslado de pacientes son necesarios también para la atención de las personas desplazadas de sus hogares a causa de la emergencia. El tratamiento y distribución de agua en todas las zonas afectadas, el manejo de vectores y el saneamiento de cisternas, calles y espacios anegados (en caso de inundaciones) evita la proliferación de enfermedades. Maquinaria pesada, motobombas, plataformas, materiales de construcción y personal del ramo son requeridos para la estabilización de viviendas afectadas, la remoción de escombros, apertura de brechas, rehabilitación de caminos y accesos a la zona siniestrada, así como la delimitación de zonas de riesgo.
La transportación de insumos y personas a las zonas afectadas; así como los servicios personales que éstas requieren para las labores de restablecimiento, son otro aspecto fundamental dentro de los gastos y logística a desarrollar después de un desastre. La higiene personal, alimentación, vestido, descanso y seguridad del personal de apoyo puede crear crisis, si no se le administra adecuadamente y se le garantizan sus derechos fundamentales.
Para medir los impactos de un desastre, la coordinación interinstitucional y multisectorial es la base del éxito en operaciones de amplio alcance y duración. Otras corporaciones hacen sus propias evaluaciones y similares gestiones; complementar, unificar e intercambiar información ayuda a no duplicar esfuerzos. Por eso se han homologado a nivel internacional los principales impactos post-desastre: el Impacto Ambiental, en términos del tiempo requerido para restablecer (cuando existe la posibilidad) ciertas condiciones previas; el impacto Socio-Económico, reconocido a partir de la desestabilización de estructuras organizativas que alteran la cohesión familiar, la desocupación laboral, disminución del poder adquisitivo y la recesión económica; el Impacto Político, mediante la presencia de factores que provocan un ambiente de crisis que amenaza la gobernabilidad y la fortaleza de las instituciones; el Impacto Psicológico o Cultural, cuyos efectos se reflejan en la pérdida de identidad. valores y símbolos que dan cohesión a la convivencia social. Recuerde que el espacio más seguro es el que construimos juntos. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa Ramírez
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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