Las autoridades de Movilidad ya dijeron que no está autorizado ningún aumento en la tarifa del transporte público. Pero la realidad en el Estado de México es otra, una que pone a prueba cada día la paciencia y el bolsillo de las y los mexiquenses, que pagan hasta seis unidades para llegar a sus hogares. Sin más ni más, los choferes cobran más; no les importan los reclamos de las y los usuarios. Y no hablamos de uno o dos pesos, sino hasta de cuatro o cinco más, por un servicio que en lugar de mejorar, cada vez empeora.
Pero el incremento arbitrario realmente no es lo más preocupante, sino que no hay control sobre los transportistas. No se ven operativos para acabar con los abusos; no se ve autoridad que ponga un alto; no hay mano que se atreva a imponer castigos. No se ve un cambio, el caos es el mismo. Los transportistas siguen haciendo lo que quieren, porque pueden. Sin vigilancia, no hay sanciones. Lo que hay que preguntarse es si lo que realmente no hay es voluntad política para frenarlos.
¿Realmente se justifica un aumento? En lugar de eso, debería evaluarse cada día. Hay unidades en muy malas condiciones, porque el mantenimiento es mínimo. Traen asientos rotos, puertas que no funcionan, y son altamente contaminantes. La inseguridad a bordo es cotidiana: asaltos a pasajeros y choferes, que incluso llegan a los asesinatos. Ya es pan de cada día el miedo a que un grupo de delincuentes suba y despoje a la gente de sus pertenencias.
Pero eso no es todo. Mientras la inseguridad y lo maltratado de muchos vehículos son parte de la incomodidad diaria, los choferes se dedican a las carreras porque deben competir por el pasaje. Provocan accidentes, atropellan personas, tiran pasajeros de las unidades por arrancar rápido, se estacionan hasta en tercera fila. No respetan a peatones ni automovilistas. Las autoridades lo permiten y la impunidad de quienes cometen algún delito con las unidades es indignante.
Por si algo faltara, gran parte de las unidades que circulan y prestan el servicio no tienen concesión. Son ilegales. Y si alguna autoridad intenta imponer un programa de reordenamiento (si es que no ha sido mera simulación), los dirigentes de inmediato amenazan con paralizar la movilidad en el territorio mexiquense. Al mínimo operativo de detención de unidades irregulares, cierran carreteras, avenidas, accesos a la entidad y a la propia Ciudad de México.
Pero el tema es que es un servicio concesionado. ¿Por qué entonces no les retiran la concesión? Porque el dinero que generan las empresas transportistas es multimillonario y, por supuesto, no todo se reporta. Hay intereses, acuerdos y complicidades entre concesionarios y funcionarios. ¿Los niveles? Es a la autoridad a la que corresponde investigarlo. Así que nadie romperá con esos “beneficios”, no para el usuario, porque al final, parece ser que es el que menos importa.
Los accidentes graves en los que está involucrado el transporte público son cada vez más constantes. Mueren pasajeros y muchos más salen heridos. Pero no hay más opción: tienen que arriesgarse todos los días, y es como una lotería subirse con un buen o un mal chofer. Las y los usuarios deben resignarse, porque si hay alguna protesta se les baja del transporte; no hay forma de quejarse por un mal servicio.
Esta situación no es nueva y se le permitió crecer. Pero parece que no hay interés en que se dé un auténtico cambio por el bien de la gente. Los gobiernos estatal y municipales no han querido “agarrar al toro por los cuernos”, o no han tenido el interés, o el valor. Cuando se intenta, algo pasa y los concesionarios tienen la forma de operar y hacer que la autoridad “ceda”.
Al final, la única que siempre pierde es la gente: las y los trabajadores, las y los estudiantes, las amas de casa, la ciudadanía que todos los días debe viajar, sí o sí. Un transporte público seguro, eficiente, en buen estado y regulado es lo que queremos. Pero parece que lograr ese derecho sólo es un sueño.
