La detención de Isidro Pastor Medrano, que se dio cerca del Sam’s de Metepec, alrededor del mediodía del viernes, cayó como una bomba en el escenario político mexiquense (unos se alegraron, otros se entristecieron). Policías de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, bajo el mando de Omar García Harfuch, ejecutaron un operativo quirúrgico del que nadie parecía tener noticia de entrada. Fue sorpresivo incluso para quienes conocen los vaivenes del poder. Pastor, personaje polémico —odiado y querido por igual—, mantenía actividad pública ahora gracias a un programa que él mismo conducía en redes sociales. Hoy, sin embargo, ya se encuentra en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, ese mismo lugar donde alguna vez estuvo recluido Raúl Salinas de Gortari.
La FGR confirmó que la orden de aprehensión del político mexiquense, quien fue alguna vez dirigente estatal del PES, está relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, un expediente que se inició en 2013. Según los primeros reportes, el exdirigente priista habría adquirido un inmueble valuado en más de 70 millones de pesos, además de recibir depósitos bancarios cuyo origen no ha podido justificar. El expediente, parece, estuvo archivado años en escritorios mientras Pastor reaparecía esporádicamente en la escena pública. De hecho, en septiembre volvió a dejarse ver en el cumpleaños de Arturo Ruiz Ángeles, secretario general de la Confederación Mexicana Sindical.
Esto lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué detenerlo justo ahora? No es un dato menor que Pastor fue expulsado del PRI desde 2005, tras promover una consulta a la base para elegir al candidato a la gubernatura, cuando ya se había tomado una decisión: era Enrique Peña, y no le gustó. Desde entonces, su relación con el priismo dominante se volvió turbulenta, hasta ahora que se le volvió a ver con Arturo Montiel y otros viejos priistas (por los años que llevaban en ese partido, no por decirlo despectivamente). Pero tampoco era secreto para nadie que apoyaba llevar cuadros al Verde Ecologista. Los convencía.
En su trayectoria, Pastor acumuló cercanía con varios grupos de poder. Fue diputado local durante el gobierno de Arturo Montiel y uno de los principales operadores políticos, y más tarde formó parte del gabinete de Eruviel Ávila; incluso ocupó posiciones estratégicas: primero como secretario de Desarrollo Metropolitano y luego como secretario de Movilidad. No era un cuadro menor ni un outsider: era un operador con redes, con historia, con memoria. Y eso, en la política mexiquense, suele tener precio, y muy alto.
En 2017 buscó la candidatura independiente a la gubernatura del Estado de México, un intento fallido que lo dejó fuera de las estructuras tradicionales y que coincidió con el ascenso de Alfredo del Mazo. Aquella aventura independiente, aunque políticamente estéril, lo colocó en un terreno ambiguo: ni de un lado ni del otro. Un personaje sin partido, pero con experiencia y, últimamente, con micrófono propio.
Frente a todo esto, la pregunta es obligada: ¿qué cambió en 2025 para que una acusación de hace más de una década se activara con tanta precisión? ¿Se trata de una depuración silenciosa de antiguos operadores políticos? ¿Un mensaje político disfrazado de justicia tardía? ¿Un ajuste de cuentas entre viejos grupos de poder del Estado de México? ¿O quizá un cálculo federal en el tablero mexiquense, donde cada actor cuenta, incluso los que parecían ya retirados?
La detención de Pastor Medrano no puede entenderse sólo como un acto judicial. Por su trayectoria política, por el tiempo transcurrido y por el momento político que atraviesa el país, su captura abre muchas interrogantes. En la política mexicana, lo hemos dicho, nada es casual y casi todo es mensaje y tiene un destinatario. La pregunta que queda al aire —y que sin duda se escuchará en los pasillos del poder— es clara: ¿quién gana con la caída de Pastor y quién mandó el mensaje?
