Salir a bailar, al cine, a escuchar música o montarse en un juego mecánico dentro de una feria no debiera ser un riesgo más allá de su naturaleza implícita. Toda actividad económica, evento o servicio que se ofrece al público –con o sin costo por acceder a él– corresponde a una actividad regulada por el Municipio o Alcaldía. Ningún evento comercial, recreativo, cultural o deportivo, mucho menos si es de concentración masiva, indistintamente si el predio donde se aloja sea público o privado, está exento del escrutinio, autorización y supervisión de la autoridad municipal, incluso de la Estatal, según su magnitud.
Sin embargo, una característica muy peculiar de los eventos de concentración masiva es la de que son poco exigidos por las autoridades mencionadas, ya sea por ignorancia o prevaricación, debido a que significan una derrama económica extraordinaria para la localidad (conciertos, bailes, encuentros deportivos, etc.) sin menoscabo de los chantajes y extorsiones a los que se exponen los funcionarios frente tiburones y coyotes del show business que consideran que un evento “de talla internacional” o de gran trascendencia es de suyo “profesional, seguro y bien montado”.
Exigirles a promotores, titulares de espectáculos y dueños de recintos dedicados al entretenimiento el cumplimiento de la ley y sus normas locales, estatales y federales para el desarrollo de un evento es una obligación legal y un deber ético de los alcaldes, quienes a través de servidores públicos responsables de las áreas de comercio, protección civil, seguridad pública, medio ambiente, obras, servicios y desarrollo urbano, salvaguardan la integridad de los asistentes.
Las consecuencias de la omisión y negligencia en estos eventos, en la mayoría de los casos resultan trágicas e inconmensurables cuando de pérdidas humanas se trata. Lo acabamos de ver recientemente en República Dominicana, el pasado 8 de abril de este año, al desplomarse el techo de una discoteca sobre más de 400 personas que disfrutaban de un baile, frente a su artista favorito, cuya mala fortuna fue asistir a un lugar que no reunía las condiciones de protección civil, ni cumplía con las normas de seguridad estructural para soportar las vibraciones y cargas naturales de un evento de tal magnitud. El resultado fue 231 fallecidos.
¿Ante estas desgracias la responsabilidad es de quien asiste a un evento y no toma cuidado de dónde está parado o de quien va a ofrecer su arte frente a cientos o miles de congregados? No se ve a Shakira, al Grupo Firme o a un líder político revisando si las gradas, los escenarios, las pantallas o las salidas de emergencia y extintores funcionan en condiciones óptimas. Son empresas perfectamente identificadas las que ofrecen esos servicios y cuentan con un equipo técnico especializado, otro de administración, logística y relaciones públicas. Son entes sobremanera lucrativos encargados de cumplir con lo que exige la naturaleza misma de la industria del espectáculo y de los eventos masivos, así como lo que la legislación local les demanda de impuesto sobre taquilla y lo concerniente a la seguridad y protección de los asistentes.
Nadie es principiante en estos negocios, ni son cándidos e ingenuos los funcionarios responsables de su escrutinio. Cuando una desgracia ocurre, no es obra de la casualidad ni castigo de Dios. Es la omisión o negligencia de un grupo de personas que, teniendo enfrente un andamiaje legal, técnico y preventivo, robusto y redundante, eligen omitir y con ello, conscientes o no, cargar sobre sus hombros las consecuencias.
Convocar a miles de personas es una responsabilidad enorme y pasar por alto las regulaciones técnicas y de protección debiera ser un delito grave. Asimismo, el procedimiento de acreditación y cumplimiento técnico de condiciones seguras, así como los resultados de su inspección previa y durante el evento debieran ser de máxima publicidad, sobre todo para quienes pagaron un costo por el acceso, el cual incluye su propia seguridad. Esto es Protección Civil. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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