El proceso electoral judicial de 2025 en México ha sido un evento sin precedentes, pero también ha puesto de manifiesto una serie de desafíos que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enfrentado. Estos tropiezos no solo reflejan las complejidades inherentes a un proceso de esta magnitud, sino también la necesidad de fortalecer nuestras instituciones democráticas para responder a las demandas de una sociedad en constante evolución.
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el diseño de las boletas electorales. Imaginemos a un ciudadano enfrentándose a una boleta con hasta 70 nombres, cada uno asociado a colores y códigos específicos para distintas especialidades judiciales. Este diseño, aunque bien intencionado, ha resultado ser confuso tanto para los votantes como para las propias instituciones electorales que han sido incapaces de explicar con claridad las formas de votación. Las críticas no se han hecho esperar, y muchos expertos advertimos que esta complejidad podría derivar en un aumento significativo de votos nulos, lo que a su vez podría afectar la legitimidad de los resultados.
Por otro lado, el manejo de las denuncias contra candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado ha sido un tema especialmente delicado. Aunque el INE ha argumentado que no es su función evaluar los perfiles de los candidatos, la percepción pública de inacción ha generado desconfianza en el proceso. Este es un recordatorio de que la transparencia y la confianza ciudadana son pilares fundamentales de cualquier elección democrática. Ignorar estas preocupaciones podría tener consecuencias a largo plazo para la credibilidad del instituto.
Otro punto que ha generado críticas es la decisión de que no sean ciudadanos quienes cuenten los votos el día de la jornada electoral. En lugar de ello, el conteo se llevará a cabo durante aproximadamente diez días en las Juntas Distritales del INE, sin la presencia de representantes de las candidaturas. Este cambio constituye un retroceso en la máxima publicidad y transparencia de los actos de las autoridades electorales. La ausencia de ciudadanos y representantes en el conteo podría generar dudas sobre la imparcialidad y la legitimidad del proceso, afectando la confianza en los resultados finales.
La logística también ha sido un desafío monumental. La distribución de más de 600 millones de boletas electorales, bajo estrictas medidas de seguridad constituirá un esfuerzo titánico, que tendrá que replicarse al concluir la jornada electoral. Este proceso resultará particularmente costoso y complejo, poniendo en duda el uso eficiente de los recursos.
Estos desafíos no deben interpretarse como fracasos absolutos, sino como oportunidades para reflexionar y mejorar. El INE, como institución clave en la democracia mexicana, tiene la responsabilidad de adaptarse y evolucionar, cada elección es una prueba de su capacidad para garantizar una amplia participación ciudadana, la cual en esta ocasión, de acuerdo a todas las proyecciones se ve muy lejana.
El deber del INE en cuanto a la información del tipo de cargos en juego, sus características y alcances, ha quedado muy alejado de la expectativa. La ciudadanía que decida participar se enfrentará al mayor número de boletas en su poder, con instrucciones diversas sobre el número de votos a emitir en cada uno de los cargos judiciales, lo que requerirá un esfuerzo sin precedentes para lograr una participación ciudadana informada.
En última instancia, el éxito de un proceso electoral no se mide únicamente por la ausencia de errores, sino por la capacidad de aprender de ellos y fortalecer las instituciones democráticas. El INE tiene ante sí la oportunidad de demostrar que, incluso en medio de la adversidad, es posible avanzar hacia una democracia más robusta y transparente.
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