Desde hace muchos años no se percibía una polarización política tan grande y en temas fundamentales como el diseño del Estado, la división de poderes y la forma en que se elegirán a las autoridades del Poder Judicial.
La mayoría absoluta de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aplastó a una debilitada oposición en las elecciones legislativas de 2024, lo que sumado a la interpretación de las reglas de representación proporcional realizada por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvieron como consecuencia que la coalición oficialista consiguiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. A ello, se sumaron los cambios de bancadas de dos senadores del extinto PRD a Morena y la votación de un Senador del PAN con el bloque oficialista.
El plan “C” de López Obrador se materializó y permitirá que durante la actual legislatura federal la Constitución y las leyes cambien al gusto de la mayoría oficial, sin que lo que haga o diga la oposición trascienda o pueda ser determinante en el contenido de la legislación.
El primer paso dado por la nueva legislatura federal fue la reforma judicial que cambiará la manera en que se nombran a Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial Federal y a las Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sean electos por la ciudadanía.
Sin embargo, el proceso de la implementación de la reforma judicial ha presentado numerosos incidentes relevantes, que podrían desembocar en una “Crisis Constitucional”, que comenzó con las suspensiones otorgadas por jueces de distrito en contra del proceso legislativo, publicación e implementación de la reforma judicial, las cuales no fueron cumplidas por las autoridades responsables (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo).
En fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales interpuestas en contra de la reforma judicial. Lo relevante del caso, es que aún cuando no se han pronunciado sobre el fondo del asunto, el Presidente del Senado y el Ejecutivo han afirmado que el Poder Judicial no tiene facultades para anular la reforma constitucional y que no cumplirán lo que determine.
La normalidad constitucional implica que todos los entes de gobierno cumplan las determinaciones de las autoridades facultadas, siempre y cuando se apeguen a la legislación vigente. La complejidad del asunto deviene en que la reforma constitucional implicó la eliminación de atribuciones del Poder Judicial, la restricción de los alcances del juicio de amparo y de los efectos de declaratorias de inconstitucionalidad.
En días recientes fue motivo de discusión pública la contradicción de la reforma en el contenido de los artículos 94 y 97 Constitucional, lo que pretende ser corregido con una nueva reforma constitucional. Lo problemático del asunto deriva en que la misma Constitución establece que no podrán realizarse modificaciones a las reglas electorales 90 días antes de que inicie un proceso electoral, en este caso, el de elección de Jueces, Magistrados y Ministros. Por lo que en tal supuesto, no podrían modificarse las reglas constitucionales y legales en un proceso electoral que ya arrancó.
Esta semana se inició el proceso de aprobación de reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales y a la del sistema de medios de impugnación en materia electoral, lo que modificó las reglas para implementar el proceso electoral judicial, sin que se hayan emitido las leyes secundarias que regulen la totalidad del proceso.
La emisión de leyes secundarias claras y bien planeadas es esencial para que se realice cada paso de preparación de la elección con certeza y legalidad.
Es por ello que debemos cuestionarnos lo siguiente:
¿La Suprema Corte está facultada para anular una reforma constitucional que regula su funcionamiento?
¿Qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma al Poder Judicial?
La posible nulidad ¿sería acatada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Instituto Nacional Electoral?
Esas son las grandes preguntas en el accidentado proceso de reforma al Poder Judicial, mientras tanto podría generarse una grave “Crisis Constitucional”
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