En los últimos meses, la comunidad latina en Estados Unidos, con los mexicanos a la cabeza, ha protagonizado una serie de acontecimientos que han sacudido tanto la política estadounidense como la mexicana. Desde redadas migratorias masivas hasta protestas multitudinarias en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Austin, los latinos han dejado claro que no están dispuestos a seguir siendo invisibles. Con más de 38 millones de mexicanos viviendo en EE. UU., su peso demográfico, económico y político es innegable.
Las redadas impulsadas por el gobierno de Donald Trump han generado una ola de indignación. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con apoyo de la Guardia Nacional, ha realizado operativos en zonas con alta presencia latina, provocando detenciones arbitrarias y escenas de angustia. En respuesta, miles de personas salieron a las calles, ondeando banderas mexicanas y exigiendo respeto a sus derechos humanos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido enfática en su postura: “Condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”. Ante las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, quien la señaló de alentar protestas violentas, Sheinbaum respondió tajante: “Es absolutamente falso. Siempre hemos estado en contra de la violencia como forma de protesta”.
Desde el Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña ha adoptado un tono más confrontativo. En una conferencia, celebró las protestas de migrantes y se burló de la propuesta del senador estadounidense Eric Schmitt de aumentar el impuesto a las remesas: “¡Ay, estás viendo y no ves, senador! Quieren apagar el fuego con gasolina”. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata: Schmitt anunció que subiría aún más su propuesta, lo que desató críticas incluso dentro del Congreso mexicano.
Activistas como Bryan LeBarón y Ceci Flores, así como senadores de oposición, han exigido la renuncia de Noroña, acusándolo de poner en riesgo a millones de familias mexicanas que dependen de las remesas. “Sus palabras no solo ofenden, sino que hieren, dividen y traicionan el mandato de representar con dignidad a los mexicanos”, expresaron en una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum.
Mientras tanto, el impacto económico de los latinos en EE. UU. sigue creciendo. Si fueran una economía independiente, serían la quinta más grande del mundo, con un PIB de 3.6 billones de dólares. En estados como California y Texas, los mexicanos son responsables de una parte significativa del crecimiento económico, y su poder de compra crece 2.5 veces más rápido que el promedio nacional.
En el ámbito cultural y mediático, figuras como Eugenio Derbez, Salma Hayek y Jaime Camil han alzado la voz en defensa de los migrantes. Desde Hollywood, han denunciado las redadas y promovido campañas de información sobre los derechos de los indocumentados. Incluso músicos como Alex Lora han recordado que “nuestra raza es la que ha hecho de Estados Unidos la mayor potencia del mundo”.
Lo que está ocurriendo no es solo una crisis migratoria: es un punto de inflexión. La comunidad mexicana en EE. UU. está reclamando su lugar en la historia, no solo como fuerza laboral, sino como fuerza política y cultural. Y aunque las tensiones entre gobiernos crecen, también lo hace la conciencia colectiva de que los latinos no son el problema: son parte esencial de la solución.
Avances en UAEMéx, pero sin solución
El conflicto en la Universidad Autónoma del Estado de México ha entrado en una nueva fase. Tras semanas de paros, tomas de instalaciones y tensiones crecientes entre estudiantes y autoridades, la Rectoría ha comenzado a ceder en algunos puntos clave del pliego petitorio. Sin embargo, la desconfianza persiste, y el camino hacia una solución definitiva aún parece lejano.
Uno de los avances más significativos fue la derogación de artículos que sancionaban la toma de espacios universitarios, una exigencia central del movimiento estudiantil. Esta decisión fue bien recibida por la Asamblea Estudiantil, que agrupa a colectivos como el Enjambre Unificado, aunque también fue interpretada como una medida tardía y reactiva ante la presión social.
El tema que ha reavivado la tensión es la evaluación del semestre 2025-A. La Rectoría propuso que cada facultad defina sus propios mecanismos de evaluación, pero los estudiantes exigen garantías de seguridad académica, es decir, que no haya represalias contra quienes participaron en el paro. “Nuestra educación debe estar asegurada y libre de cualquier tipo de sanción”, señalaron en un comunicado.
La situación es especialmente delicada en la Facultad de Medicina, donde un sector del alumnado ha manifestado su rechazo al paro, argumentando que pone en riesgo sus calificaciones. En la última votación, apenas participó el 9.3 % del padrón estudiantil, lo que ha generado cuestionamientos sobre la representatividad de las asambleas.
El conflicto tiene raíces más profundas: la elección del nuevo rector o rectora. Los estudiantes exigen que el proceso se realice mediante voto universal y secreto, en lugar del método actual, que otorga la decisión al Consejo Universitario.
Mientras tanto, el edificio de Rectoría sigue ocupado y ha sido rebautizado como “La Casa del Estudiante”. Las autoridades han solicitado apoyo al gobierno estatal para proteger archivos y servidores, lo que ha generado críticas por priorizar lo administrativo sobre lo humano.
En resumen, aunque hay avances, el conflicto en la UAEMéx sigue siendo un espejo de las tensiones estructurales que atraviesan muchas universidades públicas en México: falta de democracia interna, opacidad en la gestión y una comunidad estudiantil cada vez más consciente de su poder. El desenlace aún está por escribirse, pero una cosa es clara: la UAEMéx ya no será la misma.
