Un efecto de los tantos generados por los Derechos Humanos ha sido la confrontación entre los propios miembros de la sociedad, una realidad que ha alzado todos los espacios de la vida común y que se ha propiciado con la adopción de este paradigma jurídico en las distintas ramas particulares de derecho, a partir de su inclusión en el texto constitucional.

En estos tiempos, es muy común ver cómo un sector reclama la superioridad de su derecho humano a cualquier cosa (muchas veces ni lo es), sobre el derecho humano de otro sector; por ejemplo, en las universidades públicas, cuando los trabajadores ejercen su derecho a la huelga, los estudiantes reclaman su derecho preferente a estudiar.

La dinámica de confrontación social ha logrado que la sociedad encuentre en la misma sociedad el origen de todos sus males, sacando de la ecuación a un Estado que, en función de la política económica que implementa y profesa, es en mucho un catalizador en el incremento de la desigualdad económica y social o, por el contrario, de la reducción de esa brecha.

Bajo la idea de Justicia Social, parte de la población mundial en situación de pobreza reclama satisfactores de primera necesidad, como la vivienda, la salud, la educación y el incremento de salarios, encontrando en sus contrapartes inmediatos a los culpables de su carencia, como si alguien les hubiera arrebatado o quitado algo de forma directa y hasta con toda intención.

Por ejemplo, si mis ingresos no me son suficientes para adquirir un bien material que yo creo tengo derecho a tener o para cubrir el costo de un servicio, sin importar qué tan suntuoso sea, el culpable es mi patrón que no me paga lo que yo creo que necesito, incluso sin importar lo sencillo o complejo de la actividad que realizo como su trabajador y, peor aún, sin considerar que fui yo quien aceptó las condiciones de trabajo cuando le solicité empleo.

En un sentido similar, si yo no tengo una casa o cuando menos el dinero para pagar el alquiler de una, los culpables son quienes sí tienen una y, peor aún, son aún más malvados quienes tienen más de un bien inmueble y, además, la posibilidad de mantener alguno desocupado, sea en espera de que su descendencia lo ocupe en el futuro o, simplemente, mantenerlo así, sin ocuparlo realmente.

Con el estandarte de la Justicia Social, estos sectores que viven en medio de la precariedad reclaman espacios para vivir, exigiendo que se les otorgue sin pagar nada a cambio, reclaman mejoras espectaculares en sus condiciones de trabajo, argumentando la necesidad de ellas en función de enunciados netamente emocionales; ejemplos que convergen en cuando menos dos aspectos: estos sectores reclaman derechos sin asumir ninguna obligación y sin hacer un análisis más allá de su percepción, de la viabilidad de lo que reclaman.

Que el Estado nos garantice la satisfacción de las necesidades básicas de empleo, vivienda, salud, estabilidad en el empleo y el pago de una pensión en el retiro, no checa con este modelo; eso o es un planteamiento del socialismo, o cuando menos del Estado de bienestar, el que en México vivimos hasta finales de la década de los 70’s del siglo pasado, sistemas que nada tienen que ver con nuestra actualidad y que, por tanto, están condenados al fracaso, pues los gobernados de esos sistemas estaban convencidos que tenían que contribuir con ese diseño, mientras que la masa social actual está convencida que tiene derecho a lo que reclama, nada más porque sí.

Lamentablemente, esta visión sobre la realidad no ha quedado solo en la masa, también ha permeado en los gobiernos, encontrando caldo de cultivo en los gobiernos populistas como el que gobierna nuestro país a nivel federal, que, buscando soluciones, proponen acciones peligrosas que a corto plazo suenan prometedoras, pero que a la larga agudizarán aún más la corrupción y la ineficacia de todas las instituciones.

Esta historia se debió llamar “al diablo con las instituciones”, una historia donde el Infonavit y su director son los protagonistas, un papel que se ganaron al proponer la legalización de la posesión que muchas personas tienen sobre inmuebles que han invadido y de los que han despojado a otros que los adquirieron legítimamente, pasando por alto la obligación estatal de dar seguridad y certeza a los derechos de todas las personas, sobre todo a los que, cumpliendo con las reglas gubernamentales, han construido su patrimonio.

Con la propuesta tan desafortunada de Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, se abre la puerta para que un delito como el de despojo pueda quedar sin efectos jurídicos, que la idea de propiedad privada se diluya drásticamente y con ello se legalice una conducta prohibida como el despojar a otros de sus bienes.

Definitivamente, el ideal de propiedad es el causante de todos los problemas dentro del sistema capitalista, pero si de verdad queremos superarlo, tendríamos que optar por la transición a un sistema abiertamente socialista, en el que la idea de propiedad quede abolida y no pretender legalizar lo indefendible y con ello legitimar las peores prácticas para obtener satisfactores sin ningún esfuerzo, más que el de la exposición al ejecutar una invasión de los bienes de otros, más cuando se supone que en este sistema se privilegia la meritocracia y la premiación a la cultura del esfuerzo.

ADDENDA

LA JUSTICIA SOCIAL Y LOS JUECES DEL BIENESTAR

Parece que todo lo que toca Morena lo hacen pomada. Están por entrar en funciones los jueces del bienestar, que fueron electos en el proceso electoral más reciente. Habrá que ver cómo resuelven en las controversias que se generarán con motivo de fabulosas políticas, como la propuesta por el director del infameavit (el comentario es sarcasmo, como lo es el error intencional en la denominación de la dependencia).

La calificación de 5.9 no sube a 6

Andan muy contentos los morenistas y sus aliados satélite del PT y el PVEM, presumiendo que la gobernadora del Estado de México tiene un 61% de aprobación. Aguas, no deben olvidar que si la gobernadora baja al 59%, representa en una escala de 10 puntos, 5.9 y esa calificación no sube a 6; por tanto, estará claramente reprobada.

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Abogado postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.