El proceso electoral 2027 se pondrá en marcha, formalmente, durante la primera semana de septiembre de 2026. Se elegirán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de 2,000 ayuntamientos (incluidas las alcaldías de la Ciudad de México) y se renovarán 30 congresos locales. Morena, como movimiento político en el poder, buscará consolidar su modelo de hegemonía. La oposición, de momento fragmentada, tendrá que construir sus estrategias. Finalmente, se presentan en el escenario público complejas motivaciones de organizaciones civiles que, aparentemente, buscarán disminuir el arraigado abstencionismo que predomina en el electorado mexicano.
El ciclo electoral está rodeado de riesgos que pueden alterar la percepción de los votantes. La estabilidad política, sujeta con alfileres, puede verse afectada por aspectos de la realidad económica, como la incertidumbre en la renegociación del T-MEC, la vulnerabilidad de las finanzas públicas o las inversiones frenadas (y disminuidas) por la falta de estado de derecho. Si la economía no crece, el oficialismo podría enfrentar un voto de castigo.
Otro aspecto que complica el escenario político es la captura institucional del árbitro electoral. Recientemente se renovaron tres consejerías con la designación tramposa de militantes de Morena o personas que, en sus anteriores responsabilidades, han decidido contra la ley, pero a favor de la sobrerrepresentación del grupo en el poder. ¿En qué medida esta situación erosiona la confianza de los potenciales votantes, porque el árbitro ya no garantiza decisiones imparciales ni el conteo real de votos? Peor todavía, 7 de cada 10 mexicanos están preocupados por el impacto del crimen organizado y la delincuencia en la vida cotidiana, y consideran que la elección se basará en la coacción de votantes (por el gobierno o por los delincuentes) y la eliminación física de candidatos.
Además, en ese complicadísimo escenario, no debemos olvidar la “hipótesis de decisión”. Es decir, los individuos votan si creen que su participación puede representar una diferencia real y, entonces, en elecciones muy cerradas o competidas tienden a aumentar la participación. También hay que tener presente la “hipótesis de abandono”, más vinculada a la situación económica, que podría generar voto de castigo, como ya dijimos, o una decepción tal hacia el sistema político que se opta por la inacción y, en un electorado que tiende al abstencionismo, esta última opción sería, por lo menos, grave.
La participación de los partidos políticos, en este proceso electoral, muestra una asimetría clara. Morena pretende institucionalizar su hegemonía vía clientelismo coercitivo, con la posibilidad de seguir endeudando al país para comprar voluntades. También ha iniciado una reestructura interna debido al desgaste operativo y los conflictos locales observados en ciclos anteriores. La presidenta pareciera buscar un mayor control sobre el manejo interno del partido para que sus designaciones se perciban como un proceso legítimo y no una imposición cupular. Las fricciones, en la coalición gobernante, surgen de la prohibición del nepotismo y la reelección hasta el 2030, que genera tensiones con líderes locales que buscan perpetuar su influencia usando a sus familiares.
Por su parte, la oposición lucha por encontrar un discurso que resuene entre quienes demandan resultados tangibles en seguridad y economía. En la elección de 2027 intentará recuperar la capacidad de contrapeso legislativo y frenar la regresión democrática. El Partido Acción Nacional está buscando distanciarse de su imagen de élites mediante su estrategia de relanzamiento, que incluye la apertura de candidaturas a la sociedad civil para atraer perfiles sin militancia previa, especialmente de jóvenes y líderes comunitarios. El PRI apuesta por una estrategia de movilización con “Defensores de México”, estructura de tierra destinada a vigilar el proceso y combatir el uso de recursos públicos en las campañas. De acuerdo con las proyecciones iniciales, en la competencia quedará en tercer o cuarto lugar… a excepción de Coahuila y otros territorios donde es gobierno. Sin embargo, no sabemos si las acciones que han emprendido ambos partidos alcanzarán el resultado que buscan.
El camino hacia el proceso electoral de 2027 no sólo está plagado de obstáculos, se desarrolla en un contexto de casi total incertidumbre. Ninguno de los actores políticos y sociales que participarán sabe bien a bien dónde está parado. La elección de 2024 dejó la percepción de que ya no tenemos elecciones libres y democráticas. Si los votos no llegan con libertad a las urnas y no son contados en las casillas, ¿cómo disminuir el abstencionismo y los conflictos poselectorales que podrían presentarse? ¿Será posible que, con este panorama, podamos avanzar para rehacer un sistema de equilibrios que, además, resulte fortalecido?
Lo cierto es que la participación política no es un cálculo racional de costo-beneficio; está profundamente determinada por influencias irracionales vinculadas a emociones sociales y morales. Como potenciales electores, y como mexicanos, no sólo debemos observar atentamente el desarrollo de los acontecimientos políticos. Seamos impulsores de la participación. Por muy dañadas que estén las instituciones en las que se basa nuestra democracia, nuestra presencia en todas las etapas del proceso electoral podría ayudar a equilibrar las condiciones en las que juegan los partidos de oposición. Cualquiera que sea la forma en la que elijamos participar, no lo dudemos: en nuestras manos está el futuro.
