Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ha permitido que las cosas suban de nivel ante la negativa a comportarse como la líder del país; esboza una serie incomprensible de burlas, mofas o chistes que debilitan su imagen cuando más fuerte debería presentarse.
Ante las preguntas de los reporteros de si fue necesaria la separación temporal del cargo como gobernador —hoy con licencia— de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la aún necedad de no hacerlo por parte del senador Enrique Inzunza Cázarez, no corresponde señalar como respuesta que es decisión de cada quien; ¿cómo entonces exige que se le vea y trate como la máxima representación de la nación?
No es únicamente ante este espinoso asunto del que declara de esta forma, señalando que cada quién debe responder; también ha referido que no sabe de tal o cual tema, entonces: ¿qué sí sabe? Más bien, la mandataria únicamente escoge sobre qué asuntos pronunciarse.
El asedio al que está sometido el gobierno mexicano no es de a gratis. El socio comercial, vecino y representante del lugar en donde radican alrededor de 40 millones de mexicanos, ha recomendado a México que haga más en contra de los cárteles del narcotráfico; la respuesta ambigua de la mandataria ha sido constante: insiste en que sí se hace, recientemente aseguró que “estamos haciendo muchísimo”; que ha disminuido el número de homicidios, apoyándose en sus estadísticas, con las que engaña a la comunidad mexicana, a pesar de que aumentan los desaparecidos y las muertes por otros delitos.
Solo que el gobierno de la tierra del “Tío Sam” no se deja impresionar por eso, porque no hay una sola acción con la que la presidenta demuestre que va en serio en contra de quienes protegen al crimen organizado; no existe un solo político importante detenido o al menos que esté siendo investigado con seriedad. No lo ha habido, no lo hay y no parece existir intención de que sea diferente.
A los que sí se persigue es a los que no pintan de guinda su color, que son intocables; le ha funcionado para mantener a los adversarios a raya. Mientras tanto, el pueblo se divide en dos: uno sometido, y el otro controlado por los programas sociales, a los que asume la mandataria que puede recitarles cualquier cosa sin protesta alguna; no podría ser de otra forma, porque cuando protestan, son acusados de traidores a la patria.
Como ejemplo se puede mencionar el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalada por permitir, sin la autorización del gobierno federal, la intervención de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) en un operativo que culminó con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa. Se debe recordar que el vehículo en el que viajaban dos agentes norteamericanos se desbarrancó, perdiendo la vida ambos.
Como consecuencia de esa intervención, se ha citado a 50 agentes para declarar. Sin embargo, del asunto de Rubén Rocha Moya, al parecer ni siquiera había investigación alguna en curso, lo que choca con la solicitud que recae en su contra para ser detenido y extraditado con la finalidad de que enfrente la justicia norteamericana, pues asume que no hay pruebas contundentes que justifiquen ese procedimiento.
Solo que el gobierno mexicano no mide los alcances de su postura; no hay posibilidad alguna que haga suponer que EE. UU. va a recular, porque tiene la mandataria mexicana bonita voz, o porque le cae muy bien a Donald Trump.
Todos saben, menos ellos, que el humor del presidente estadounidense es ese: acaricia el oído para enseguida dar el zarpazo.
En realidad, no importa cómo lo haga, la presidenta Sheinbaum parece descolocada ante la peor crisis que ha enfrentado su sexenio hasta este momento.
El gobierno del país azteca está confundido, y antes de hacer un nuevo llamado a la defensa de la soberanía por enésima vez, deberían revisar a detalle cuáles son las condiciones del gobierno estadounidense.
Ante lo que está sucediendo, es inevitable el recuerdo de la frase: “La patria es primero”, pronunciada por Vicente Guerrero en 1820, cuando rechazó el indulto de la corona española para abandonar la lucha insurgente; esa frase representa lealtad hacia México y está grabada con letras de oro en el Senado de la República. Patria: se identifica como tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que un ser humano se siente ligado por vínculos afectivos, históricos, culturales o jurídicos. Es la unión de un pueblo a través de su historia, costumbres y valores compartidos.
Los políticos instalados en el poder por costumbre se creen dueños de los símbolos patrios y de esa identidad enmarcada en la frase mencionada; que no es de ellos, pero se sienten con el derecho de elegir a quién se le concede ese derecho y a quién no.
El llamado a defender la soberanía, como si estuviéramos frente a una inminente invasión, es tramposo. ¿Los mexicanos no deben proteger o defender a criminales, ya sean comunes, de grupos delictivos o de políticos corruptos que se han visto seducidos por los placeres de la riqueza y el poder? La soberanía reside en el pueblo. Lo que pretende el mensaje gubernamental es tocar los sentimientos de pertenencia del pueblo, para contar con su apoyo —aunque cuando exige cuentas son reprimidos, como en Zacatecas—.
El gobierno ha fallado en lo más elemental: dar seguridad a los mexicanos. Sin esa premisa, el Estado mexicano no tiene razón de ser. Defender a un político acusado de proteger o, peor aún, de formar parte de la delincuencia, no es defender a la patria.
La patria no pertenece a un movimiento político, ni a los “honorables representantes populares”. La patria pertenece al conjunto de ciudadanos identificados como mexicanos, que deviene de una mezcla de razas.
