Para continuar con este tema, debo mencionar que, ya con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la presidencia de la República a partir del 1 de diciembre de 2018, la algarabía y el ánimo de los ciudadanos daban cuenta de las altas expectativas que se generaron alrededor de esa figura y el movimiento que encabezó (MORENA), ya que desde las campañas en que había resultado perdedor (2006 y 2012), se ofrecía el establecimiento de un nuevo proyecto de nación, basado en el respeto a la soberanía, la refundación de las instituciones y una política social que colocara como actores principales a los de menores recursos.

En una situación sui géneris en la historia del país, desde el periodo de transición, el presidente saliente Enrique Peña Nieto permitió que AMLO asumiera las riendas de la nación y, desde ese momento, se tomaron decisiones que comenzaron a cambiar el rumbo de México. Una de ellas fue la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que, con base en datos obtenidos por AMLO, estaba plagado de actos de corrupción y tráfico de influencias al cobijo del poder, pero que representó un manotazo en la mesa diciendo que, a costa de lo que fuese y con las consabidas consecuencias, el rumbo de los acontecimientos cambiaría.

Llegó al poder, en su mayoría, una clase política con mucha falta de experiencia para asumir responsabilidades de ese talante, lo que se agudizó debido a que se privilegiaron aspectos de lealtad, amistad, compromisos de campaña y hasta nepotismo, que no ayudaron en la conformación de un buen gabinete.

Durante todo el sexenio y bajo el eslogan “Por el bien de todos, primero los pobres”, se cumplió con una política social de avanzada, mediante programas sociales que han beneficiado a adultos mayores, personas con discapacidades y estudiantes, lo que fue loable y reconocido internacionalmente, debido a que esa política social, aunada al tema de las remesas de los connacionales que laboran en los Estados Unidos, logró la reactivación del mercado interno, fortaleciendo en cierta medida a la economía.

En el ámbito laboral, las cosas también marcharon en buena medida de manera correcta. Por un lado, el gobierno de AMLO desenmascaró a los anteriores gobiernos priistas y panistas, quienes, bajo la premisa de que los aumentos salariales eran sinónimo de inflación, llevaron a la miseria a la clase obrera durante décadas, al perder el salario su poder adquisitivo en más de un 70%, y, en el reverso de la moneda, la clase empresarial amplió sus márgenes de utilidad y sumó nuevos millonarios mexicanos a la revista Forbes.

Los aumentos al salario mínimo que se dieron en el pasado sexenio demostraron que es posible su aplicación sin provocar procesos inflacionarios que pongan en riesgo al país; de tal forma que se logró avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario después de muchos años.

Así también, se llevaron a cabo reformas laborales que, desde mi punto de vista personal, al igual que otras, eran necesarias pero requerían un diálogo social incluyente y plural. Como ejemplo está el caso de la reforma en materia de justicia laboral, debido a que era urgente la desaparición de las inoperantes Juntas de Conciliación y Arbitraje para pasar a contar con tribunales laborales especializados, pero siempre considerando en la elaboración del esquema a los actores involucrados, es decir, trabajadores, empleadores, sociedad civil y academia, situación que no se cumplió, de ahí las falencias actuales en ese rubro.

Una tarea que dejó pendiente el anterior gobierno y que constituye un problema con alcance transversal es el fenómeno de la informalidad, que se ha convertido en uno de los talones de Aquiles para el desarrollo de la economía mexicana y un problema social latente.

En el anterior sexenio, el gobierno de AMLO tuvo que enfrentar la pandemia provocada por la COVID-19, aspecto complicado para todos los países del mundo, pero que, para el caso de nuestro país, resultó un verdadero caos, ya que desnudó las pésimas condiciones del sistema de salud mexicano, el deterioro que ha tenido en las últimas décadas y la poca inversión que se ha dado en esa materia, lo que desembocó en una estratosférica cifra de fallecimientos de mexicanos que, bien no contaban con servicios de salud, o las instituciones resultaron rebasadas o no había los insumos para atenderles. De tal forma que este es un gran pendiente dejado por la anterior administración y que es de urgente atención.

En el segundo año del sexenio anterior, se efectuó una reforma en materia pensionaria que no fue lo que AMLO había prometido en sus diversas campañas como candidato a la presidencia de la República, debido a que lo planteado era realizar una reforma de gran calado; dicho de otra forma, que abarcaría Apartado A (IMSS) y Apartado B (ISSSTE), lo que no sucedió, ya que la reforma hecha en 2020 sólo contempló a la ley del IMSS y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR); es decir, sólo se le hizo un parche a un esquema que ha representado un hándicap para los trabajadores y un fracaso en su cometido principal, que es otorgar buenas pensiones.

Por hoy nuevamente se nos agotó el espacio, la próxima semana continuaremos.

Saludos cordiales.

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X: LUISESCOBARRAM6