Las millonarias pérdidas económicas de Petróleos Mexicanos que ha tenido desde hace más de dos décadas siguen siendo un lastre para el gobierno en turno y, por ende, para las finanzas públicas de Pemex y de nuestro país, debido a que no han sabido estabilizarlas ni encauzarlas para que pueda operar con resultados positivos y números negros.
La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un severo problema heredado por su antecesor, que le apostó todo a Pemex, nombrando en la dirección general al inepto de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo que no sabía un ápice de materia petrolera y que dejó hundida en un caos a la empresa, que no ha podido repuntar.
Si bien es cierto que en 2025 la petrolera mexicana tuvo una reducción del 13 por ciento en su deuda, pasando de 97 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares.
Es preciso señalar que, pese a la reducción de la deuda, el costo financiero sigue siendo una carga significativa para las finanzas públicas, por los altos pagos que se deben apoquinar mensualmente.
Otro pendiente urgente es el pago a proveedores de Pemex, que no han podido regular desde hace siete años, pues el adeudo asciende a 518 mil millones de pesos al tercer trimestre del año pasado, sin contar el último de 2025 y el primero de este 2026, que está por concluir, por lo que la cifra exacta no la han querido revelar, y mucho menos actualizar, pero que debe rondar en los 600 mil millones de pesos, unos 33 mil 500 millones de dólares.
Entre Pemex y la Secretaría de Hacienda, así como la banca de desarrollo, han estructurado un fondo para normalizar y regular los pagos a los proveedores (que ya están desesperados). Es obvio que la falta de pagos ha ocasionado retrasos operativos, despidos en el sector, aunado a las cargas y presiones financieras para las pequeñas y medianas empresas proveedoras.
Cabe recordar que la deuda de Pemex ha crecido en los últimos sexenios, pero alcanzó su máximo histórico con 113 mil millones de dólares en 2020, en el gobierno fallido de Andrés Manuel López Obrador, con 97 mil mdd, con estrategias de reducción de deuda mediante inyecciones de capital, así como pagos directos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mientras que en la administración de Felipe Calderón fue de 68.9 mil millones de dólares, dejándola en 82 mil millones de dólares; en el otrora régimen corrupto de Enrique Peña Nieto tuvo un incremento muy significativo, dejándola en 110 mil millones de dólares.
La situación actual por la que atraviesa la empresa, que ha sido “ordeñada” durante todas las administraciones pasadas, es complicada a pesar de la reducción del 13 por ciento de la deuda, debido a que mantiene altos pasivos y pérdidas financieras, lo que ha generado gran preocupación sobre su sostenibilidad financiera durante los próximos 25 años.
Por otra parte, el envejecimiento de las instalaciones, la corrosión de ductos, fugas de hidrocarburos, incendios y deficiencia en sistemas contra incendios, fallas en equipos críticos y la exposición a sustancias tóxicas y peligrosas laborales, registradas en todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos, se han disparado en 117 % en la actualidad, haciendo el comparativo de 2017 a 2025; es decir, a siete años de la entrada de la autollamada cuarta transformación, incluyendo un año completo del régimen de Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la empresa tuvo cinco mil 523 riesgos, por 11 mil 995 hasta 2025, lo que indica que la infraestructura se ha deteriorado más y los mantenimientos han sido postergados.
Asimismo, es importante precisar que a principios del año en curso, las calificaciones crediticias de Pemex mostraron cierta mejoría, situándose principalmente en terreno especulativo, pero con perspectiva estable, claro está, impulsadas por el fuerte respaldo financiero del gobierno federal.
La calificadora Fitch elevó la nota a ‘BB+’ y posteriormente asignó ‘AA (mex)’ en escala nacional; por su parte, Moody’s ajustó a ‘B1’, reflejando el apoyo estructural.
Por supuesto que estas empresas calificadoras cambiarían la calificación a negativa en caso de que no vean que Pemex ha tratado de salir del bache en el que se encuentra, e indicarle a Pemex que debe emplearse a fondo para ir sanando sus finanzas paulatinamente y creando certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros, que redundarán en beneficio para todos los mexicanos.
Es preciso mencionar que en toda la gestión de Andrés Manuel López Obrador, absurdamente implementó una política financiera directa a Pemex que se caracterizó por transferencias presupuestales históricas, acompañadas de reducciones de carga fiscal y apoyo para el pago de la deuda.
Entre 2019 y 2024, el régimen izquierdista de AMLO transfirió a Pemex 952 mil millones de pesos, alrededor de 56 mil millones de dólares, de forma directa, destinados principalmente a aliviar la carga financiera y fortalecer la capacidad de inversión de la empresa, lo cual no funcionó.
Además, se redujo la carga fiscal de la petrolera con el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), bajándolo progresivamente para liberar flujo de efectivo a la empresa. De igual manera, se invirtió en refinación, por lo que el 90 % del presupuesto se enfocó a la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la construcción de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, que hasta hoy no ha podido producir lo proyectado.
A pesar del multimillonario apoyo financiero, la deuda se mantuvo y sigue como la petrolera más endeudada del orbe hasta hoy; el tabasqueño buscó “patrióticamente” la mal enfocada “soberanía energética” para fortalecerla como empresa productiva del Estado mediante recursos públicos, que de todos modos reportó pérdidas financieras permanentes.
Tampoco se puede olvidar el mayor fraude en la historia de nuestro país, el “huachicol fiscal”, que fue fraguado en el sexenio del primer régimen de izquierda, mal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que asciende a 600 mil millones de pesos, contabilizados hasta hoy, y del que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México no ha querido detallar en sus “conferencias del pueblo”, que consiste, entre otros mecanismos, en la importación y venta ilícita de hidrocarburos —principalmente diésel y gasolina—, disfrazándolos para no pagar impuestos.
Dicho proceso consiste en la falsificación documental de combustibles declarados erróneamente en aduanas como “aditivos para lubricantes” u otros productos que pagan menos o nulos impuestos, como el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Asimismo, el combustible es transportado desde lugares como Texas hacia puertos mexicanos, ejemplo Tampico, mediante barcos que realizan viajes reiterados, que a menudo son respaldados por empresas.
De igual manera, se encuentra la participación de elementos del crimen organizado, empresarios en contubernio con autoridades federales de la Secretaría de Marina y de personal de la Dirección General de Aduanas, quienes facilitan el ingreso de la mercancía; así como la distribución del combustible “físicamente robado”, que se vende posteriormente en gasolineras de nuestro vapuleado país como si fuese legítimo.
El huachicol fiscal no ha sido detenido ni controlado; por el contrario, sigue su curso y continúa haciendo boquetes en las finanzas públicas del Estado mexicano, que ascienden a 170 mil millones de pesos anuales.
Se ha señalado que el huachicol fiscal es un fraude de gran magnitud en el que está involucrada una amplia red de corrupción que opera en al menos 20 fronteras comerciales y en 13 estados de la República mexicana, a menudo vinculada a grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A pesar de haber varios detenidos, no aparecen hasta hoy las cabezas de dicho fraude y robo a la nación, distinta a la perforación de ductos, lo que pone en evidencia las debilidades en los controles aduaneros y de seguridad nacional.
Hasta hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha dedicado una conferencia para darle una amplia explicación detallada al pueblo que tanto alaban y pregonan porque “es el que manda” (¿?), y que merece conocer con lujo de detalles.
De igual manera, tampoco el régimen izquierdista ha dicho a qué rubros y qué partidas fue enviado este insólito quebranto de 600 mil millones de pesos. ¿Algún día atraparán y nos dirán a los más de 130 millones de mexicanos quiénes son los autores intelectuales de dicho bandidaje para después encarcelarlos? ¿Se atreverán a refundir a sus propios correligionarios? ¿Le dirán la verdad al pueblo sabio? Conste que son preguntas.
Respecto a las empresas calificadoras, las previsiones para 2026: Moody’s proyectó que Pemex reportará mayores pérdidas operativas en este año y el próximo, con un promedio de 7 mil millones de dólares anuales, es decir, 19.1 millones de dólares diarios.
La refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, reportó pérdidas por 80 millones de dólares en 2025. Recordemos que el régimen de AMLO adquirió el 50 % restante de las acciones en enero de 2022 a la empresa Shell por 600 millones de dólares para posicionarse del control total.
Respecto al rescate de Pemex del gobierno de Claudia Sheinbaum, está centrado en un aumento del 34 % en inversión productiva, que son 425 mil millones de pesos para estabilizar la producción y reducir deuda, que incluye un apoyo presupuestal de 263 mil 500 millones de pesos en amortizaciones.
La producción diaria de barriles de petróleo cayó a mínimos de 1.6 millones el año pasado, por lo que buscarán alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios, mediante nuevos yacimientos, bajo un escenario de alta presión financiera que depende de precios estables del llamado “oro negro”.
La falta de mantenimiento oportuno a las ocho refinerías con las que cuenta Pemex deberá corregirse para su mayor eficiencia y eficacia en su producción diaria de combustibles en territorio nacional. Son las siguientes: Refinería Olmeca, también llamada Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco; Deer Park, Houston, Texas, EUA; Tula “Miguel Hidalgo”, Hidalgo; Salamanca “Ingeniero Antonio M. Amor”, Guanajuato; Minatitlán “General Lázaro Cárdenas”, Veracruz; Cadereyta “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa”, Nuevo León; Salina Cruz “Ingeniero Antonio Dovali Jaime”, Oaxaca; y Madero “Francisco I. Madero”, Tamaulipas.
Así pues, la deuda de 85 mil millones de dólares que tiene Pemex, aunada a los 500 mil millones de pesos a proveedores, lacera las finanzas de la empresa, por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo deberá cubrir a la brevedad esta última deuda para que los empresarios sigan invirtiendo recursos y generando empleos.
Esperemos que la jefa del Ejecutivo le dé celeridad a tan complicado asunto y certeza en los próximos días, para el beneficio colectivo, la estabilidad y el crecimiento económico que tanto necesitamos los mexicanos.
