En el siglo XIII, cuando Europa apenas comenzaba a imaginar que el conocimiento podía organizarse como una comunidad y no como un secreto de cofradía, surgió el studium generale: ese espacio de razón compartida donde profesores y estudiantes de distintas partes del mundo convergían bajo la promesa tácita de que el saber, para crecer, necesita libertad. La universitas magistrorum de entonces no se gobernaba por campañas electorales ni por la movilización de mayorías numéricas. Se gobernaba por el mérito, el debate y la vocación. Ocho siglos después, en un México donde todo parece resolverse mediante la lógica de la urna, esa distinción fundacional vuelve a estar en disputa. Y lo que está en juego no es un modelo de gestión universitaria, es la razón de ser de la institución más antigua y más necesaria de la vida pública mexicana.
Las universidades públicas son instituciones del Estado mexicano dotadas de autonomía académica y administrativa por mandato del artículo 3° constitucional, en su fracción VII. Son, en su esencia más profunda, la consecución de un ideal: el de una comunidad que se reúne no para conquistar el poder, sino para cultivar el saber; no para repartirse un botín, sino para producir conocimiento y transmitirlo a las generaciones que transformarán el país. Como señalaba Alain Touraine, la universidad ampara tres funciones inseparables: la producción, la transmisión y la utilización de los conocimientos. Ninguna de las tres funciones se vota. Ninguna de las tres se gana con estructura clientelar o con la movilización de votos cautivos. Las tres requieren lo mismo que el studium generale requería hace ocho siglos: libertad, rigor y tiempo.
La universidad, decía Justo Sierra, existe para estudiar los problemas y necesidades de México y contribuir a resolverlos. Esa definición, austera y exigente al mismo tiempo, nos permite comprender que la institución no nació para articular políticas destinadas a satisfacer necesidades sociales, como lo hace el Estado, sino para proveer a la sociedad del instrumento más poderoso que la humanidad ha inventado para transformarse a sí misma: el pensamiento crítico y la formación de profesionistas, investigadores y académicos capaces de dotar al entorno social de cuadros altamente calificados. Subordinar esa función a las dinámicas de la competencia electoral es, precisamente, destruirla en nombre de democratizarla.
La autonomía universitaria no fue una concesión graciosa del poder político. Fue una conquista histórica, cubierta de huelgas, expulsiones y resistencias. Los movimientos autonomistas de 1929, que lograron la primera autonomía para la Universidad Nacional, fueron el primer gran capítulo de esa lucha.
La autonomía plena —con gobierno propio, libertad de cátedra e investigación, y administración del patrimonio institucional— alcanzó su consolidación constitucional el 9 de junio de 1980, cuando se elevó a rango de ley fundamental en el propio artículo 3°. No fue un trámite burocrático. Fue el reconocimiento de que el conocimiento y la cultura no pueden desarrollarse bajo presión ideológica, gubernamental o partidista.
El gran constitucionalista y primer ombudsperson en la vida humanista del Estado mexicano, Jorge Carpizo, se expresó acerca de la autonomía señalando lo siguiente: “La idea de autonomía tiene su fundamento en el hecho de que la cultura no puede desarrollarse sino en el ámbito de libertad”. Esa libertad no solo protege a la universidad frente al Estado, también la protege frente a grupos internos que buscan convertirla en botín político. Carlos Monsiváis advertía que la autonomía implica, simultáneamente, libertad de pensamiento, libertad cultural y resistencia frente a cualquier intento de control, externo o interno. Y Juan Ramón de la Fuente lo sintetizó con una precisión que hoy suena más urgente que nunca: “Las universidades son el mejor contrapeso que tenemos al pensamiento único”. Ese contrapeso desaparece en el momento en que la universidad adopta la lógica electoral de los partidos. Porque quien gana una elección popular en el campus no gana una batalla por el conocimiento: gana una cuota de poder. Y las cuotas de poder, en la historia de las instituciones, siempre cobran su precio en calidad y en libertad.
Existe una tentación recurrente —a veces disfrazada de modernidad democrática, otras de reivindicación popular— de trasladar a las universidades públicas los modelos de sufragio universal propios de la competencia partidista. La propuesta suele presentarse con el lenguaje de los derechos: que todos voten por rector, que las campañas sean abiertas, que la legitimidad provenga de las mayorías. Sin embargo, detrás de ese discurso aparentemente incluyente puede esconderse una deformación profunda del sentido histórico de la institución. Norberto Bobbio recordaba que la democracia no es únicamente un mecanismo electoral, sino un conjunto de reglas orientadas a garantizar el bien común. Giovanni Sartori distinguía entre la democracia normativa —fundada en principios— y la democracia real —atrapada por intereses coyunturales—. La universidad pertenece, por naturaleza y por mandato, a la primera categoría. Llevarla a la segunda no sería democratizarla, sería degradarla.
Pablo González Casanova, uno de los grandes reformadores universitarios del siglo XX, advirtió con una franqueza que el tiempo no ha desmentido que trasladar el voto universal a las universidades públicas sería “el suicidio de las universidades públicas mexicanas”, porque implicaría llevar al espacio del conocimiento las mismas prácticas de clientelismo, faccionalismo y confrontación que han deteriorado buena parte de la vida política nacional.
Su advertencia no provenía de una visión conservadora; provenía de quien más profundamente había pensado la relación entre la universidad y la democracia. Por eso insistía en que los universitarios debían luchar por organizar el autogobierno de la universidad en función de sus objetivos universales y nacionales, sin confundir la disciplina con el autoritarismo ni la participación con la demagogia.
Esto no significa que la universidad deba ser ajena a la democracia. Significa que la democracia que le corresponde es de otra naturaleza. La democracia universitaria es, en su mejor versión, una democracia cualitativa, deliberativa, colegiada, fundada en la capacidad académica y en la trayectoria probada, no en la capacidad de movilización ni en el número de promesas. Es la democracia del saber frente a la democracia de la estridencia. Y tiene sus propias formas institucionales: el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, el Colegio Académico. Estructuras donde las decisiones fundamentales se debaten, se argumentan y se toman con criterios que ninguna campaña electoral puede sustituir. En la vida académica, como señala la propia Constitución, la participación no se agota en el derecho al voto; se ejerce en el aula, en la investigación, en la crítica, en la propuesta. Es un acuerdo implícito a favor del saber, la cultura y la razón, sobre las preferencias ideológicas o las creencias de sus miembros.
La creciente importancia de las universidades públicas las convierte en blanco de intereses políticos que buscan apropiarse de su prestigio y de sus recursos. Permitirlo sería insertar a la universidad en la arena del debate político como un elemento más, y no desde la posición privilegiada que tiene como actor respetado por la sociedad e indispensable para su desarrollo. La universidad no debe formar militantes, sino ciudadanos; no debe producir faccionalismos, sino conocimiento; no debe elegir a sus autoridades con criterios puramente electorales, sino con criterios académicos que garanticen la continuidad de un proyecto institucional de largo aliento.
El fin último de la universidad mexicana, según Justo Sierra, es estudiar los problemas y necesidades de México y contribuir a resolverlos. Esa vocación exige que la institución permanezca libre: libre del poder político que pretende domesticarla, libre del populismo interno que pretende simplificarla y libre del mercado que pretende convertirla en otra empresa de servicios. Centremos las energías universitarias en consolidar la vida académica, mejorar las condiciones de la investigación, abrir espacios para la difusión de la cultura y fomentar la innovación. Hacer lo contrario sería desfigurar a la universidad, volviéndola un campo de batalla para la conquista del poder y rompiendo así el consenso moral, ético y espiritual que permite el desarrollo del saber.
México necesita universidades libres. No universidades en campaña permanente. La sociedad no debe permitir que una universidad deje de elegir a sus autoridades con criterios académicos y comience a hacerlo con criterios puramente electorales, porque cuando esto deje de existir se corre el riesgo de dejar de ser universidad para convertirse simplemente en otra arena de disputa. Y esa pérdida no la sufriría solo la institución. La sufriría el país entero, que no puede darse el lujo de perder el único espacio que le queda donde la razón todavía puede más que el ruido.
