En 1987, cuando Joan Manuel Serrat grabó "Llegar a viejo" para el álbum Bienaventurados, pocos sospechaban que aquella canción no era una reflexión generacional sino una profecía civil. "En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria", cantaba el poeta catalán con esa mezcla de ironía y ternura que solo tiene quien mira al tiempo sin miedo.
Décadas después, esa imagen —la del anciano arrinconado, reducido a espectro con recuerdos— no ha perdido un ápice de su carga crítica. Al contrario: se ha vuelto estadística, se ha vuelto política pública insuficiente, se ha vuelto realidad cotidiana en los pasillos de un supermercado donde un hombre de setenta años empaca bolsas a cambio de propinas, porque la jubilación no alcanza y la sociedad ya no sabe dónde ponerlo.
Las declaraciones recientes de Serrat sobre la vejez no son una provocación ni una nostalgia tardía, son un espejo. Cuando afirma que a las personas mayores se les "usa y desecha como Kleenex", expone una de las contradicciones más hondas de nuestra época: vivimos más años, pero valemos menos tiempo; prolongamos la expectativa de vida, pero acortamos el reconocimiento social de quienes han llegado a ella.
Ese fenómeno tiene nombre: edadismo. Y no es una categoría menor, ni una simple incorrección cultural. Es una forma estructural de discriminación que el derecho todavía no ha enfrentado con toda su energía conceptual, institucional y ética. Serrat también ha sido lúcido al desnudar otra dimensión del problema. Ha dicho que no le molesta ser viejo, sino el trato que la sociedad dispensa a la vejez. Ha defendido, con una entereza admirable, una idea que debería figurar en el vocabulario de los derechos humanos contemporáneos: "No pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil". En esa frase hay mucho más que una reacción personal. Hay una tesis jurídica, una impugnación moral y una exigencia civilizatoria.
Decía Cicerón que la vejez es honorable si se defiende a sí misma. Pero en nuestras sociedades la vejez ha sido despojada de su principal instrumento de defensa: la visibilidad. Y en el mundo jurídico, lo invisible corre siempre el riesgo de no existir plenamente.
Existe una escena que se repite en cadenas comerciales como Walmart, City Market, Chedraui o incluso Starbucks, y que el México contemporáneo ha naturalizado hasta el punto de ya no verla: la del adulto mayor que, con chaleco institucional y sonrisa entrenada, empaca mercancía, abre puertas o despacha cafés a cambio de una compensación que la ley ni siquiera obliga a llamar salario. Son jubilados con décadas de experiencia profesional, ex maestros, ex trabajadores de la industria, ex funcionarios, ex padres de familia que sostuvieron economías enteras, ahora subsumidos en la lógica del subempleo cosmético que les permite seguir sintiéndose útiles mientras la empresa los utiliza para proyectar una imagen de inclusión que rara vez se traduce en condiciones laborales dignas. No se trata de condenar el trabajo. Se trata de nombrar lo que ocurre cuando una sociedad no ofrece a sus mayores otra forma de participación que la del servicio prescindible y mal remunerado.
La omisión aquí no es solo del Estado. Es también del sector empresarial, que posee los recursos, la infraestructura y la capacidad creativa para diseñar esquemas de inserción laboral realmente adaptados a las capacidades, la experiencia y las condiciones físicas de la población adulta mayor. Por eso resulta urgente un llamado explícito a las cámaras empresariales y asociaciones del sector privado del Estado de México —la COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras de comercio e industria— para que asuman una agenda de inclusión laboral digna para personas mayores que vaya más allá de la filantropía y se convierta en política corporativa verificable. No es un acto de generosidad lo que se les pide. Es el reconocimiento de una responsabilidad social que ya forma parte del estándar ético del mundo empresarial contemporáneo. La experiencia acumulada de quien ha vivido y trabajado durante décadas no es un pasivo: es el activo más difícil de fabricar.
En el plano normativo, el Estado de México cuenta con la Ley de las Personas Adultas Mayores, que reconoce principios como la dignidad, la integración, la no discriminación y la participación. Existen también instrumentos interamericanos que han venido ganando peso en la protección de los derechos de las personas mayores, y en el plano nacional el principio constitucional de igualdad y no discriminación obliga a repensar jurídicamente esta etapa de la vida con una seriedad que va más allá de los discursos conmemorativos.
Sin embargo, entre la norma y la realidad persiste una distancia que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México —la CODHEM— ha documentado con creciente preocupación. Según los registros de este organismo autónomo, la violencia familiar y la discriminación son los principales agravios que enfrentan las personas adultas mayores en la entidad. No se trata de casos aislados: en 2024, la CODHEM atendió más de cinco mil trescientas quejas en todo el territorio estatal, y entre los grupos en situación de vulnerabilidad con mayor incidencia, los adultos mayores figuran de manera recurrente, víctimas de lo que el propio organismo ha descrito como "doble o triple discriminación": por la edad, por el género, por la condición económica. Es una acumulación de vulnerabilidades que el sistema jurídico apenas comienza a nombrar con la precisión que merece.
La CODHEM ha establecido una visitaduría especializada en atención a personas con discapacidad y adultos mayores, y colabora con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México en programas de formación y sensibilización dirigidos a servidores públicos de los 125 municipios. Son avances que merecen reconocimiento. Pero el propio organismo ha advertido que la existencia de estas estructuras no garantiza todavía una cultura del reconocimiento capaz de colocar a la vejez en el centro de la justicia social. La norma existe. El andamiaje institucional existe. Lo que sigue siendo escaso es la voluntad política y empresarial de habitarlos con acciones reales, sostenidas y verificables. Estoy seguro de que la CODHEM y su presidente seguirán siendo la voz que nombra lo que las estadísticas prefieren no ver: que en el Estado de México envejecer sigue siendo, para demasiadas personas, una forma de volverse invisible ante la ley y ante el mercado.
Octavio Paz escribió que la vejez es el tiempo en que el tiempo se vuelve conciencia. Esa conciencia crítica, reflexiva e histórica debería ser uno de los pilares de la vida pública. Pero hemos construido, por el contrario, sociedades que aceleran el presente, trivializan la experiencia y expulsan la memoria del espacio común. El resultado es una paradoja cruel: sociedades cada vez más longevas y al mismo tiempo cada vez menos preparadas para integrar con dignidad a quienes envejecen.
El problema no es que envejezcamos. El problema es que no sabemos convivir con el envejecimiento. Tememos a la vejez porque tememos a nuestro propio destino. Y ese miedo genera una política del apartamiento, una pedagogía de la indiferencia y una cultura de la invisibilidad que ninguna ley por sí sola puede desmantelar si no va acompañada de una transformación en los valores que rigen el espacio laboral, mediático, familiar e institucional. Gabriel García Márquez escribió que "la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos". En esa selección afectiva de la experiencia habita algo que la cultura contemporánea ha decidido ignorar: que la vejez no es solo deterioro biológico, sino también decantación, sabiduría y autoridad ética. Despreciar a la vejez es despreciar la memoria moral de una comunidad.
Por eso el llamado que corresponde hacer hoy no es solo al Estado, aunque el Estado tiene responsabilidades primarias e impostergables. El llamado es también al sector empresarial del Estado de México, para que abandone la lógica del subempleo piadoso y construya esquemas reales de inserción laboral con derechos, con dignidad y con reconocimiento de la experiencia como capital humano. El llamado es a los medios de comunicación, para que dejen de tratar la vejez como un tema de salud o de asistencia y empiecen a tratarla como lo que es: una cuestión de justicia. El llamado es a las universidades y a los centros de formación profesional, para que incorporen el derecho a la vejez como una categoría central de los estudios sobre derechos humanos y no como un apéndice de la diversidad. Y el llamado es a la CODHEM, para que ejerza con toda su autoridad autónoma la vigilancia activa sobre una población que, según sus propios registros, sigue siendo una de las más vulneradas del Estado de México.
Joan Manuel Serrat preguntó en 1987, con la ironía cargada de quien no se resigna, qué pasaría si la veteranía fuese un grado. Qué pasaría si el carné de jubilado abriese todas las puertas en lugar de cerrarlas. Qué pasaría si la experiencia acumulada fuese tratada como lo que es —la forma más densa y trabajosa de la inteligencia— y no como un peso muerto que el mercado ya no sabe cómo facturar. Casi cuatro décadas después, esa pregunta sigue sin respuesta satisfactoria. La veteranía no es todavía un grado en ninguna empresa, en ninguna convocatoria pública, en ningún programa de reincorporación laboral que valga la pena mencionar. Sigue siendo, con demasiada frecuencia, una condena silenciosa que se disfraza de retiro digno.
Envejecer no es un accidente biológico: es un destino común. Y quien ha habitado el tiempo con trabajo, con creación, con memoria y con amor no puede ser expulsado de él en nombre de la eficiencia ni del mercado. Garantizar esa permanencia con dignidad no es un gesto político de ocasión: es una exigencia de justicia que no admite más demora. Porque una sociedad que invisibiliza a sus mayores no solo comete una injusticia: se desprende de su memoria, empobrece su identidad y debilita su humanidad.
La verdadera pregunta no es si vamos a envejecer. La verdadera pregunta es si tendremos la grandeza jurídica, ética y cultural para reconocer que en la vejez también habita la plenitud de la persona, y que esa plenitud exige no solo cuidados sino reconocimiento, no solo asistencia sino participación, no solo sobrevivencia sino vida con sentido. Y esa respuesta ya no puede postergarse. No cuando hay hombres y mujeres que han dado toda una vida construyendo este país —su industria, sus escuelas, sus familias, sus instituciones— y que hoy empacan bolsas a cambio de propinas mientras esperan que alguien tenga el valor de decir en voz alta que merecen algo más que gratitud. Merecen derechos. Y los derechos no se piden: se garantizan.
