El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades. Fue un acto que debería avergonzarnos tanto como celebrarlo, y hago alusión a ese hecho porque es un acto que debería avergonzarnos, ya que durante décadas la ciencia prestó su autoridad al prejuicio, etiquetando como patología lo que nunca fue otra cosa que una forma de amar.
Treinta y seis años han pasado desde aquella rectificación. Y, sin embargo, en demasiados rincones del mundo —y de este país— el odio que la OMS desautorizó en 1990 sigue circulando con la misma impunidad de siempre, disfrazado unas veces de opinión, otras de tradición y otras, las más peligrosas, de política pública.
Cada 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia nos obliga a hacernos una pregunta que ninguna sociedad democrática debería poder eludir: ¿qué significa que, en pleno siglo XXI, todavía tengamos que conmemorar el derecho a existir sin ser agredido por lo que uno es? La respuesta incómoda es que significa que algo ha fallado. No en quienes sufren la discriminación —ellos no necesitan explicarse ni justificarse—, sino en las instituciones, en los sistemas educativos, en los marcos jurídicos y en la cultura pública, que todavía permiten que la orientación sexual o la identidad de género sean motivo de violencia, exclusión o muerte, como decía James Baldwin: “No soy lo que te ha pasado. Soy lo que decides hacer con ello”.
El derecho internacional de los derechos humanos ha sido categórico: la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por el principio de igualdad y no discriminación. Los Principios de Yogyakarta, adoptados en 2006 y ampliados en 2017, establecen con precisión jurídica que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica con independencia de su orientación sexual o identidad de género.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto, en jurisprudencia reiterada, que los Estados tienen la obligación positiva de garantizar ese reconocimiento y de combatir activamente los actos de violencia y discriminación basados en estos motivos.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido una doctrina constitucional sólida: la discriminación por orientación sexual o identidad de género es inconstitucional, sin matices ni excepciones. El matrimonio igualitario está reconocido en todo el territorio nacional. La identidad de género puede modificarse en actas de nacimiento sin exigir procedimientos médicos ni judiciales humillantes.
Esos son avances reales que merecen reconocimiento. Pero entre la norma escrita y la norma vivida sigue abriéndose una distancia que los datos hacen imposible ignorar. México es uno de los países de América Latina con mayor número de crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTQ+. Las personas trans, y en particular las mujeres trans, enfrentan niveles de violencia que ningún avance legislativo ha logrado todavía reducir de manera estructural. Hannah Arendt decía: “La primera condición para que los derechos sean reales es que no dependan de la buena voluntad de nadie”. La brecha entre el derecho en los libros y el derecho en las calles no es un problema de redacción normativa; es un problema de voluntad política, de cultura institucional y de una sociedad que ha aprendido a tolerar en abstracto lo que sigue siendo incapaz de respetar en concreto.
Hay una trampa discursiva que conviene nombrar con precisión: la de quienes encuadran los derechos de las personas LGBTQ+ como un tema “debatible”, como una opinión entre otras opiniones, como una cuestión sobre la que las sociedades tienen derecho a “no ponerse de acuerdo”. Esa trampa es intelectualmente deshonesta y jurídicamente insostenible.
La dignidad humana no es un punto de vista. La no discriminación no es una preferencia ideológica. El derecho a vivir sin ser agredido por lo que uno es no está sujeto a escrutinio popular ni a consenso mayoritario. Los derechos fundamentales existen, precisamente, para proteger a las personas de las mayorías que los negarían. Eso es lo que significa el Estado de derecho: que la protección de la persona no depende de que la mayoría la apruebe, sino de que el sistema jurídico la garantice.
Las instituciones educativas, los medios de comunicación y los espacios públicos tienen una responsabilidad que va más allá del cumplimiento formal de la ley. Tienen la responsabilidad de construir la cultura que hace posible que la ley no sea letra muerta. Porque una sociedad que educa en el respeto a la diversidad no necesita conmemorar el 17 de mayo como una fecha de resistencia; puede celebrarlo como una fecha de normalidad lograda. Todavía no llegamos ahí. Pero el rumbo no está en duda. Lo que está en duda es si tendremos la velocidad suficiente para que quienes hoy son agredidos, excluidos o invisibilizados puedan experimentar esa normalidad en su propia vida, y no solo en las generaciones que vendrán.
Cada vez que alguien afirma que la orientación sexual o la identidad de género son temas que “se deben debatir con respeto a todas las posiciones”, está cometiendo un error de categoría que tiene consecuencias reales en cuerpos reales. No se debate si una persona merece vivir sin miedo. No se debate si una persona merece acceso a la justicia. No se debate si una persona merece existir con dignidad plena. Esas no son posiciones políticas, son derechos. Y los derechos, en un Estado constitucional, no se someten a votación ni a debate de opiniones; estos se garantizan.
El 17 de mayo no existe para que reflexionemos si el odio tiene algún fundamento. Existe para recordarnos que, treinta y seis años después de que la ciencia rectificó su error, el trabajo pendiente no es científico, sino moral, institucional y político. Y ese trabajo no puede postergarse un día más sin que el silencio se convierta, inevitablemente, en complicidad.
