Es peligroso conocer los secretos guardados celosamente en los que se relacionan actos de corrupción; particularmente, por quienes de una u otra manera se enteraron de primera mano o participaron en ella; pero también, por quienes se dieron cuenta o incluso desearon no verse relacionados con el delicado tema.
Al respecto, es importante señalar que en poco tiempo, personajes como: Sergio Carmona, identificado como “El Rey del Huachicol”; el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; el marino Abraham Pérez Ramírez (supuesto suicidio); el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga (muerto accidentalmente en una práctica de tiro); la funcionaria de la Fiscalía General de la República de la delegación de Colima, Magaly Janet Nava (ejecutada a tiros); Carlos Narváez Romero, empresario aduanero originario de Tabasco (asesinado a balazos), todos ellos coinciden en una cosa: con el tema de la red de huachicol fiscal más grande de la que se tenga memoria, perdieron la vida.
El inmenso saqueo que acusa el llamado “huachicol fiscal” hace recordar inevitablemente las palabras expresadas por el expresidente Andrés López Obrador: “Todos los negocios jugosos se hacen con el visto bueno del presidente de la República”. Después de terminado ese sexenio, han ido saliendo poco a poco a la luz pública importantes asuntos que tienen el sello de ser calificados de esa manera.
Al respecto, gran parte de la población observa, entre sorprendida y aterrada, la probable dimensión del hurto más obsceno de la historia moderna del país. El “huachicol fiscal” reporta, con un cálculo conservador, una pérdida de más de 600 mil millones de pesos aproximadamente.
Por lo anterior, se puede deducir que un negocio de ese tamaño no puede comprenderse como el resultado de la maquinación de dos marinos, aunque sean sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, porque es tan inmensa la logística y la intervención de tantas áreas, que sería materialmente imposible que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna fueran los artífices exclusivos de ese entramado.
Tendría que haber complicidad al máximo nivel para que todo marchara sobre ruedas, como una maquinaria perfectamente aceitada y funcionando, con el fin de rendir al máximo para obtener esa enorme cantidad impúdica de recursos como consecuencia del impago de los impuestos que deberían haber ingresado a las arcas del país.
De los dos marinos, Manuel Roberto se encuentra detenido, mientras que Fernando Farías Laguna fue asegurado en Argentina con un pasaporte falso de Guatemala. Desde el momento en el que tuvo la primera oportunidad, solicitó no ser enviado a México, porque dice que, en caso de hacerlo así, su vida correría peligro.
Entre los asuntos que han puesto al gobierno de cabeza: el “huachicol fiscal” y las acusaciones que pesan en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y demás funcionarios, por parte de los Estados Unidos, que exige su detención y extradición. Desde Palacio Nacional se intenta levantar urgentemente cortinas de humo para distraer a la opinión pública; no obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene mucho para dónde hacerse, lleva tres semanas entrampada en el problema del gobernador con licencia, y hasta parece que cada semana le guarda una nueva sorpresa.
Al no contar con más enemigos que le ayuden a distraer a la opinión pública mexicana, menos aún con funcionarios que le hagan el quite, se lanza en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por violar, según lo señalan a diario en la 4T, la Ley de Seguridad Nacional, al permitir la intromisión en asuntos de seguridad nacional de agentes extranjeros.
Ocupa la mandataria ese distractor que, bien manejado por Maru Campos, incluso la proyectaría a buscar la candidatura presidencial para 2030. A pesar de intentar por todos los medios hacerla parecer como traidora a la patria con un especial foco de atención, el objetivo que se presenta es tan insostenible como errático, ya que inevitablemente se pone en la balanza a Rubén Rocha Moya y a Maru Campos; los dilemas son inmensamente diferentes, en perjuicio de lo que representa el partido en el poder y la oficina del Ejecutivo federal.
Tal vez sea por lo señalado anteriormente que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, ambos del gobierno de Rocha Moya, teman por su vida; por eso prefirieron buscar un acuerdo con quien lleva el procedimiento, y con ese solo acto avisan que presentarán pruebas, que desde luego incluyen su testimonio para ayudarse un poco, colocando con ello las que Sheinbaum no quisiera que existieran porque van en contra de su discurso.
Al menos, al entregarse los buscados por los gringos, pueden defenderse, ver reducida la sentencia que les correspondería a cambio de su colaboración; pero si se entregaran a la justicia mexicana, muy probablemente estarían firmando su sentencia de muerte. No porque exista en México, sino porque acá los testigos se mueren cuando saben demasiado.
