El nuevo tema en boga, que está cuestionando la capacidad, intenciones y toma de decisiones del gobierno federal, es el de la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, al igual que el de la mal llamada "reforma judicial", le está explotando en la cara a la presidenta de la república, que tan solo unas semanas después de su aprobación y publicación, asegura ser un tema que requiere ser revisado.
La revisión a la que ahora abre la puerta la presidenta, esa misma puerta que abrió hace unos meses sobre la reforma judicial y que la llevará a presentar una iniciativa de reforma para que la segunda etapa en la elección de jueces se lleve hasta 2028 y no el año entrante, seguramente la llevará también a recular en el tema de las llamadas "pensiones doradas", con el que ha visto que políticamente tiene mucho que perder, no solo jurídicamente hablando, sino sobre todo en el plano político y electoral.
Algo que no midió el equipo de la presidenta es que no todos los pensionados a cargo de empresas o dependencias como PEMEX, CFE, BANOBRAS e incluso Luz y Fuerza del Centro fueron personal de confianza con altos cargos, como lo pensaban, y que tampoco son tan pocos como creían; por el contrario, hay un sector amplio de afectados que en el pasado fueron aliados naturales y hasta incondicionales de su partido político.
Por otro lado está lo jurídico, donde la tiene perdida el gobierno de la república; lamentablemente, verle la salida implica mucho tiempo, pues para llegar a una resolución en la que quede en evidencia la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma, habrá que esperar que primero pase por el sistema de impartición de justicia nacional para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde aquel 2011, en el que por diversas circunstancias México modificó su texto constitucional para incorporar la moderna teoría de Derechos Humanos de manera expresa a su marco normativo, muchos han sido los intentos por poner a los Tratados Internacionales como parte del bloque constitucional, pero por debajo de nuestra Constitución Política, una visión que la Corte ha avalado durante los últimos años.
¿Qué implica que los Tratados Internacionales estén por debajo de nuestra Constitución? Simplemente, que sin importar lo que establezcan las obligaciones que el Estado mexicano haya adquirido en el plano internacional, los impartidores de justicia deben aplicar lo que señale el marco normativo nacional, con lo que, en la vía de los hechos, el famoso control de convencionalidad se puede convertir en letra muerta; esto, en casos como el de las pensiones doradas, en el que la clase política espera que se aplique el contenido del artículo 127 constitucional ya reformado sin más.
El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la que es obligatoria para México desde 1980, menciona que "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" y, en ese ámbito, nuestro país está obligado por diversos tratados que ha firmado a respetar el principio de irretroactividad de la ley, de procurar la irrenunciabilidad de derechos que emanan de conquistas laborales y a interpretar los Derechos Humanos de manera progresiva y no regresiva, algo que en su totalidad se viola con la reforma al artículo 127 constitucional.
Como ya dijimos, la lucha contra la reforma al 127 constitucional está ganada; sin embargo, no será sino hasta después de una carrera de resistencia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dé la razón a los pocos quejosos que lleguen hasta esa instancia, pues en lo interno y por jurisprudencia, los juzgadores nacionales deben resolver en función del marco normativo nacional, aunque las obligaciones convencionales digan lo contrario.
¿Cuál es el real objetivo del gobierno por recortar estas pensiones? Si bien es cierto el pasivo laboral es una carga muy fuerte para estas instituciones, es más cierto que es una carga mucho mayor todo el andamiaje de pensiones y ayudas del bienestar, esas prebendas con las que el gobierno soborna electoralmente a diversos sectores de la población y para las que al gobierno le urgen recursos de donde se pueda, para seguir financiando su programa permanente de promoción de su partido, pues si algo es claro es que ya no tiene de dónde echar mano para seguir pagando las becas que prometieron y que dijeron financiarían de un ahorro en el gasto público a todas luces inexistente.
Nuevamente es el mismo "pueblo bueno", el que sí trabaja y paga de una u otra forma impuestos, el que tiene que pagar lo que le dan al otro "pueblo bueno", que está convencido de que tiene derecho a que el gobierno le dé algún beneficio sin mucho o ningún esfuerzo.
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Abogado postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
