Hay tarjetas rojas que cambian el rumbo de un partido. Y hay tarjetas rojas que iluminan, con la brutalidad de un reflector, el estado moral de un país. La que Katia Itzel García mostró a Sergio Bueno el pasado fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario no fue simplemente la expulsión de un técnico que perdía los estribos ante una decisión arbitral.
Fue, sin que nadie lo planeara así, el acto simbólico más revelador del fútbol mexicano: una mujer con plena autoridad reglamentaria, designada por la FIFA para arbitrar en el Mundial que México coorganizará ante el mundo entero, diciéndole a un hombre que su conducta no tiene cabida en la cancha. Lo que vino después —las palabras filtradas por quienes estuvieron cerca, documentadas por quienes tuvieron el coraje de no callarse— reveló que el insulto de Sergio Bueno no era solo el de un individuo que perdía la compostura. Era el insulto de un sistema que lleva décadas negándose a madurar.
Pero antes de que Bueno abriera la boca, el sistema ya llevaba noventa minutos hablando. Desde la cabina de transmisión de Televisa, Fernando Guerrero —exárbitro de rendimiento discreto reconvertido en comentarista deportivo— no desperdició una sola oportunidad durante el juego para sembrar dudas sobre el criterio de Katia Itzel. Con el tono de quien cree tener una verdad que el reglamento no recoge, cuestionó cada silbatazo, insinuó errores donde había decisiones técnicas legítimas y construyó, minuto a minuto, una narrativa que no tenía como objeto la calidad del arbitraje, sino la legitimidad de quien arbitraba. No era análisis. Era hostigamiento con micrófono y señal abierta.
Habría que preguntarle a CONAPRED —el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación— qué hace cuando el machismo se transmite en horario estelar ante millones de hogares.
Habría que interpelar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre si tiene jurisdicción para pronunciarse cuando la misoginia se empaqueta como entretenimiento deportivo. Habría que exigirle a la Liga MX una explicación de por qué permite que quien porta el micrófono use ese privilegio para socavar la autoridad de quien porta el silbato. Y habría que preguntarle a Televisa —con toda la incomodidad que esa pregunta merece— qué criterio editorial justifica que un exárbitro sin méritos sobresalientes y con actitudes documentadamente misóginas sea el referente que educa la mirada del espectador sobre el arbitraje femenino en el fútbol mexicano. Porque no se puede pedir respeto en la cancha y, al mismo tiempo, fabricar irrespeto desde la cabina.
Decía César Luis Menotti, entrenador argentino campeón del mundo en Argentina 78, que “el fútbol tiene dueños, pero no tiene patria”. En México, esa reflexión adquiere una dimensión adicional que Menotti quizá no anticipó del todo: el fútbol también tiene pantalla, y esa pantalla tiene ideología. Una ideología que decide, consciente o inconscientemente, a quién le otorga autoridad y a quién se la disputa en tiempo real.
El partido terminó con victoria de Pumas por marcador de tres goles a uno. Pero el partido que importa, más allá de los noventa minutos, comenzó cuando Sergio Bueno se dirigió hacia Katia Itzel después del silbatazo que puso fin al primer tiempo. El técnico cruzó la línea del campo con el gesto del hombre que no puede concebir que quien tomó esa decisión tenga autoridad sobre él. Katia lo expulsó. Lo que Bueno pronunció a continuación —capturado por testigos presenciales, denunciado públicamente por la fotógrafa deportiva Eloísa Sánchez con el valor que exige nombrar lo que otros prefieren silenciar— fue una frase que no cuestiona el arbitraje, sino la legitimidad de quien arbitra. Una frase que reduce la autoridad de una mujer a una demostración anatómica. Una frase que no habla de fútbol. Habla de quién cree tener derecho natural a ciertos espacios y de quién se niega a reconocérselo a las mujeres.
La Comisión Disciplinaria de la Liga MX decidió no investigar porque el hecho no quedó consignado en el acta arbitral oficial. Es una salida jurídicamente cómoda y moralmente inaceptable. Los testimonios existen. Las fotografías existen. La denuncia pública existe y tiene nombre y apellido. Lo que no existe, al parecer, es la voluntad institucional de enfrentar lo que esas evidencias señalan. Cuando el reglamento se usa no para hacer justicia, sino para evitarla, deja de ser reglamento y se convierte en escudo. Y cuando una institución elige la comodidad del expediente sobre la incomodidad de la verdad, no está ejerciendo autoridad: está cediendo terreno al agresor, uno de los actos más corrosivos que puede cometer quien fue creado precisamente para proteger la integridad del juego y de sus protagonistas.
Hago mías las palabras que decía el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano al expresar que “la pelota no se mancha”. Pero el sistema que rodea a la pelota sí se mancha. Y lleva mucho tiempo haciéndolo.
Lo que le ocurre a Katia Itzel no se trata de un hecho aislado. Tiene raíces. Tiene antecedentes. Tiene mujeres que lo padecieron antes y cuyos nombres el fútbol mexicano prefiere no pronunciar en voz alta. El más doloroso de esos nombres es el de Lupita Tovar, primera árbitra mexicana en alcanzar el nivel profesional, una mujer que rompió paradigmas y se convirtió en el antecedente más significativo.
Durante sus años en las canchas, Lupita Tovar enfrentó algo que ningún árbitro hombre habría tenido que soportar: ser cuestionada e insultada no por lo que decidía, sino por lo que era. Figuras de la talla de Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti —nombres consagrados del fútbol nacional e ídolos populares— se dirigieron a ella con palabras que merecían sanciones ejemplares y generaron, en cambio, silencio institucional. Lupita Tovar terminó por retirarse. No fue una derrota personal. Fue una derrota del sistema. Una dimisión forzada que el fútbol mexicano jamás procesó como lo que verdaderamente fue: la expulsión de una mujer competente de un espacio que no estaba dispuesto a cederle y la absolución de quienes la agredieron. Nadie fue sancionado de manera ejemplar. Nada cambió. El mensaje que ese silencio envió fue tan claro como brutal: en esta cancha, la impunidad tiene género.
Como lo refiere Juan Villoro: “el fútbol es un pretexto para hablar de otras cosas”. Y lo que se habla, cuando se habla de Katia Itzel y de Lupita Tovar antes que ella, es de poder. De quién lo ejerce, de quién lo cuestiona, de quién lo defiende y de quién lo erosiona desde una cabina de televisión o desde los labios de un técnico fuera de control. El balón es lo de menos. Lo que se disputa, en el fondo, es si este país está dispuesto a reconocer que la autoridad no tiene género.
Hay algo particularmente absurdo en el hostigamiento que enfrenta Katia Itzel García, y quien suscribe puede afirmarlo con conocimiento de causa, no como observador externo, sino como alguien que ha estado adentro del fútbol profesional mexicano: durante mi gestión como presidente de los Potros de la UAEMÉX, pude apreciar de cerca lo que significa la excelencia en el arbitraje, las dificultades del oficio y los prejuicios que lo rodean. Y puedo decir, con la certeza que da la experiencia y no la simpatía, que Katia Itzel García, más allá de cualquier consideración de género, es una árbitra excepcional. Inteligente en la lectura del juego, firme y consistente en sus decisiones, capaz de gestionar la presión de un estadio lleno con una serenidad que muchos de sus colegas varones envidiarían. Tiene la arquitectura mental del gran árbitro: esa mezcla de frialdad y presencia que permite tomar decisiones en una fracción de segundo y sostenerlas frente a un estadio entero que grita en sentido contrario. Estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. La FIFA la ha designado árbitra central para partidos del Mundial 2026. El mundo le reconoce lo que México le discute. Si eso no es un diagnóstico sobre el estado de nuestras instituciones, entonces no sé qué lo es.
Precisamente por ser estudiante de Derecho de la UNAM, hay una institución que debería pronunciarse y que, hasta ahora, ha guardado un silencio que resulta difícil de justificar: la Defensoría de los Derechos Universitarios de la máxima casa de estudios del país. Katia Itzel García es miembro de la comunidad universitaria. Una universitaria fue discriminada y agredida verbalmente en razón de su género, en un escenario público, ante miles de espectadores presenciales y millones de televidentes. La Defensoría tiene atribuciones expresas para actuar de oficio cuando se vulneran derechos fundamentales de integrantes de la comunidad universitaria. Este es exactamente ese caso, y reúne todos los elementos jurídicos que lo configuran: agresión verbal, discriminación por razón de género, exposición pública y omisión de la autoridad deportiva encargada de investigar.
El silencio institucional no es neutralidad. Es omisión. Y la omisión, como bien saben quienes estudian Derecho —como bien sabe Katia—, puede configurar responsabilidad.
La UNAM no puede defender los derechos humanos en sus aulas y mirar hacia otro lado cuando una de sus estudiantes es sometida a violencia de género en la cancha y en la pantalla nacional. La coherencia que esta institución le exige al poder político se la exigimos también a ella misma. La dignidad universitaria no es un valor que se practica solo en los textos académicos.
Katia Itzel García mostró una tarjeta roja aquella tarde. Hizo lo que el reglamento le indicaba. Lo que el reglamento no alcanza todavía a contemplar es cómo sancionar la cultura que produce a los Sergio Bueno, a los Fernando Guerrero, al sistema que los ampara, los promueve y los protege con el blindaje del silencio institucional. El partido real no se juega en noventa minutos. Se juega en los micrófonos que no se le retiran a quienes discriminan, en las cabinas donde el machismo se envuelve en análisis deportivo, en las oficinas donde se archivan las denuncias incómodas con el pretexto de una omisión en un acta y en los auditorios universitarios donde se dictan cátedras de derechos humanos mientras una estudiante de esa misma institución espera que alguien actúe de oficio en su defensa.
Galeano también escribió que “la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber”. En México habría que añadir una parada que duele en lo profundo: el viaje de la valentía a la impunidad, de la excelencia reconocida por el mundo al hostigamiento perpetuado por los suyos, de la autoridad ganada en méritos propios a la legitimidad que todavía se niega, con micrófono y tarjeta disciplinaria, desde adentro del mismo sistema que debería protegerla.
Katia Itzel no necesita que la defiendan. Sabe defenderse sola —lo demostró con el reglamento en la mano, el silbato en la boca y la dignidad intacta—. Lo que necesita, lo que todas las árbitras de este país necesitan, lo que Lupita Tovar necesitó y no encontró, es un sistema que no les exija más valentía que a sus colegas varones simplemente para poder existir en igualdad de condiciones. Que no las castigue por ser buenas. Que no las hostigue por ser mujeres. Que no las abandone por ser universitarias en una institución que presume de conciencia crítica.
La cancha ya no es solo de ellos. El silbato ya no tiene un solo género. Y una tarjeta roja, cuando la muestra quien tiene la autoridad y la razón, es exactamente eso: una tarjeta roja. No importa quién la levante. Importa que se la merezca. Y esta —la que el sistema lleva décadas recibiendo sin acusar el golpe— hace mucho que está cantada. Lo que resta ver es si habrá alguien con la altura moral suficiente para mostrarla antes de que el siguiente partido, el que todavía se juega en los pasillos, en las pantallas y en los silencios oficiales, también se pierda.
