Gobernar el Estado de México siempre ha sido un deporte de alto riesgo político, pero hoy la gobernabilidad ya no se mide solo en votos, baches o patrullas; se mide en litros por segundo. A las puertas de la temporada de lluvias de este 2026, la entidad mexiquense enfrenta una paradoja brutal: somos el gran motor industrial y demográfico del país, pero nos estamos quedando secos. Peor aún, lo poco que queda en el subsuelo se está convirtiendo en el negocio más lucrativo del crimen organizado y de organizaciones con fachada de sindicatos. Sí, hablemos del "huachicol de agua".
Los datos duros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México no dejan margen a la simulación. En las últimas semanas se confirmó un ajuste a la baja en el caudal del Sistema Cutzamala, una medida de contención hídrica escalonada para salvar las reservas estratégicas de las presas. Aunque el temporal del año pasado dio un respiro temporal a embalses como Valle de Bravo y Villa Victoria, la realidad estructural nos golpeó de frente: la red de distribución pierde hasta un 40% del agua potable en fugas antes de tocar un solo grifo doméstico.
En el Estado de México, el agua ya no es un asunto meramente ambiental o de servicios públicos; es, por definición, un tema de seguridad nacional y de contención civil. Por este tema es que cobra relevancia la política que impulsa el Partido Verde Ecologista de México y su líder en el Estado de México, José Couttolenc Buentello. La cosecha de agua de lluvia es hoy por hoy, una solución para dejar de exprimir los mantos freáticos, pero no avanza tan rápido como debiera.
Los recortes programados; de por sí no había agua
El desabasto de agua ya tiene una geografía del dolor civil perfectamente identificada. La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) mantiene bajo alerta roja por recortes crónicos a 13 municipios clave. En el Valle de México, la crisis asfixia diariamente a Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán, Nicolás Romero, Tecámac y Acolman.
Mientras tanto, en nuestra capital, Toluca, el racionamiento y los tandeos parecen ser un problema secundario. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ha hecho de la "independencia" o "autosuficiencia hídrica" una de las principales banderas de su administración, precisamente para blindar a la capital frente a los recortes del Sistema Cutzamala (al que ha calificado como un suministro escaso y costoso).
El Plan Hídrico de Ricardo Moreno (El dato oficial)
El alcalde puso en marcha un plan sumamente agresivo: la perforación y equipamiento de 21 nuevos pozos en un plazo de poco más de un año, aprovechando saldos a favor en las concesiones históricas que Toluca tenía ante la Conagua, además de la rehabilitación de más de 40 pozos existentes.
Recientemente entregó el pozo número 12 (en abril se activó el número 13 en la delegación La Maquinita), con miras a completar los 21 este año.
Su argumento técnico es que, al activar esta infraestructura propia y sectorizar la distribución mediante circuitos por colonias, Toluca podrá generar el caudal suficiente para compensar la pérdida de los bloques de agua que antes dependían del Cutzamala. Una promesa que los toluqueños esperan que sea cumplida.
La necesidad activa el huachicoleo de agua
Pero no todos los municipios tienen la misma suerte. Donde hay escasez, la ilegalidad encuentra su mina de oro. El desabasto institucional alimentó un monstruo: el mercado negro del agua potable. En municipios como Ecatepec —particularmente en la Quinta Zona—, la extracción ilegal alcanzó niveles industriales.
En semanas recientes se documentó que el freno a las redes de huachicoleo impidió el saqueo de hasta mil pipas diarias que eran sustraídas ilegalmente de la red y de pozos clandestinos para ser vendidas a la población con sobreprecios de hasta el 60%.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en operativos conjuntos con las fuerzas federales, ha tenido que intervenir y asegurar cerca de 190 pozos clandestinos y tomas irregulares en más de 45 municipios. El mapa del huachicol hídrico ya no solo pertenece al oriente del estado; se extiende con fuerza en el Valle de Toluca, con focos rojos en delegaciones como San Buenaventura en Toluca, así como en zonas de Lerma, Metepec, Tenango del Valle y Calimaya.
Detrás de estas tomas no hay ciudadanos desesperados; hay mafias organizadas —muchas de ellas cobijadas bajo siglas de supuestos sindicatos de transportistas y comerciantes como la USON o ACME — que controlan el acceso a las válvulas, secuestran la infraestructura hidráulica y someten a las colonias más vulnerables a pagar cuotas excesivas a piperos particulares bajo la amenaza del desabasto total. De hecho, el INEGI ya revela que, en varios municipios mexiquenses, la escasez de agua figura dentro de las primeras causas que detonan la percepción de inseguridad y la conflictividad vecinal.
El reto para la administración estatal y los alcaldes recién encarrilados en sus gestiones es colosal. Ya no basta con perforar más pozos (lo que acelera el colapso de los mantos freáticos) ni con mandar patrullas a cuidar los pozos oficiales. Si la inversión no se vuelca de manera urgente a sustituir las tuberías obsoletas del siglo pasado y a desmantelar las estructuras criminales que lucran con la sed de la gente, el Edoméx no solo verá frenado su desarrollo económico; verá comprometida su paz social. El agua se agota, y el tiempo de las promesas líquidas, también.
Nos leemos en la próxima.
