Hace unos días tuve el privilegio de participar en el Congreso "Derecho a la cultura física y la práctica del deporte en el marco del Mundial de Fútbol 2026", convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Fue un espacio de reflexión genuina, de esos que uno agradece porque la agenda no estuvo dictada por la coyuntura ni por el protocolo, sino por una pregunta que merece respuesta seria: ¿qué tan real es el derecho al deporte para quienes viven en los márgenes? Juristas, académicos, entrenadores, deportistas y servidores públicos compartieron una misma mesa bajo la convicción de que el fútbol y el deporte, en su sentido más amplio, no son materia de entretenimiento, sino de justicia.
Ese congreso no existiría sin la voluntad política de quien hoy conduce la Comisión, mi amigo y presidente Víctor L. Delgado Pérez. Lo mencioné en mi intervención y lo reitero en este espacio: reconocerlo no es cortesía, es justicia. En una institución que se juega su autoridad moral en cada decisión que toma, colocar el deporte como eje de los derechos humanos es un acto de visión, no de agenda. Víctor ha entendido algo que muchos organismos públicos todavía no aprenden, y es que los derechos humanos no se defienden únicamente en los expedientes de queja, sino también en la cancha del barrio que no tiene porterías, en el joven que entrena sin beca y en la niña a la que nadie le dijo que el fútbol también podía ser suyo. Esa amplitud de mirada, esa capacidad de ver el derecho donde otros ven solo ocio, es la marca de una presidencia que está construyendo algo que permanece.
Ese instante fue más allá de un acto simbólico. Fue una declaración de principios hecha movimiento. Y es también la pregunta que el Mundial de Fútbol 2026 —que llegará a México cuarenta años después del de 1986, el de Maradona, el barrilete cósmico, el de la tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria— coloca sobre la mesa: ¿el derecho al deporte es hoy una realidad para todos los mexicanos, o sigue siendo una aspiración enunciada en el papel y truncada en las canchas de tierra?
La respuesta honesta es incómoda. Y la incomodidad es, precisamente, el punto de partida de toda reflexión jurídica seria.
El andamiaje normativo existe. La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, proclamada por la UNESCO en París en 1978, reconoció que el ejercicio efectivo de los derechos humanos depende, en parte, de la posibilidad de desarrollar libremente las facultades físicas de cada persona. En México, la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional —reformada en 2011— consagra el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, con la obligación del Estado de promoverlo, fomentarlo y estimularlo. El texto está. El mandato existe. Lo que falta, con frecuencia, es la voluntad de convertirlo en realidad cotidiana.
Entre la norma y la cancha hay un abismo. Y ese abismo se llama desigualdad.
Quien escribe estas líneas no habla desde la abstracción académica. El 17 de julio de 2013, al frente de la Universidad Autónoma del Estado de México, tomé una decisión que considero de las más significativas de mi gestión rectoral: suscribí el Acuerdo por el que se reconoce la cultura física y el deporte como derecho universitario, convirtiendo a la UAEMex en la primera institución de educación superior en México en elevar el deporte a la categoría de derecho normativo dentro de su ordenamiento interno. No fue un acto de vanidad institucional. Fue el cumplimiento de una obligación que toda universidad pública tiene con sus estudiantes: garantizarles las condiciones para su desarrollo integral. Porque la universidad no es solo un lugar donde se transmiten conocimientos; es un espacio donde se forman seres humanos completos. Y un ser humano completo no se forma únicamente en el aula. Mens sana in corpore sano.
Reconocer el derecho era el primer paso. El segundo era dotarlo de cuerpo y de nombres propios que inspiraran. En 2013 creé dos becas que llevan el nombre de héroes deportivos mexiquenses. La beca Noé Hernández Valentín honra al hombre que nació en Chimalhuacán, inició su carrera a los 14 años en la caminata atlética y cruzó la meta en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 con una medalla de plata que era mucho más que plata: era la prueba de que el talento existe en los barrios, pero necesita instituciones que le abran la puerta. Noé murió en enero de 2013 sin ver el decreto que lleva su nombre. La beca Leonardo Lino Velázquez rinde tributo al fundador, en 1981, de los Potros Salvajes de fútbol americano, equipo que durante mi rectorado vivió uno de los momentos más gloriosos de su historia al lograr el ascenso de categoría —un ascenso que el estadio Alberto Córdoba celebró como lo que era: no solo un triunfo deportivo, sino una afirmación de identidad colectiva.
Detrás de cada beca, detrás de cada partido, detrás de cada logro, había una política universitaria que tomaba en serio la dignidad deportiva. Cuatro atletas universitarios participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lupita González conquistó la primera medalla olímpica para la UAEMex en la especialidad de caminata y recibió el Premio Nacional del Deporte. Nada de eso fue casualidad; fue consecuencia directa de un decreto firmado en 2013 bajo la convicción de que los derechos humanos no se declaman, se garantizan.
Cuando en 2017 asumí la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, llevé conmigo esa misma convicción, ahora ampliada a todo el territorio mexiquense. Lo que en la universidad era una política para universitarios, desde la CODHEM debía convertirse en una mirada transversal: el derecho al deporte se conecta con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el libre desarrollo de la personalidad, con el principio de no discriminación. Un joven que no puede practicar deporte porque no tiene instalaciones en su comunidad, porque no puede pagar una cuota, porque su género o su condición física lo excluyen de los espacios deportivos, es un joven al que se le ha negado una dimensión esencial de su humanidad. Esa negación no es un dato estadístico, es una violación de derechos humanos. Y tenemos la obligación institucional de nombrarla como tal.
"Todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol". Camus lo sabía y, desde la portería, observó que en el fútbol hay una ética elemental —el esfuerzo colectivo, la lealtad al equipo, el respeto al adversario, la aceptación de las reglas— que debería trasladarse sin pérdidas a la práctica jurídica y política. Nelson Mandela, que usó el deporte como instrumento de reconciliación en Sudáfrica, fue más lejos aún: "El deporte tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales". Si eso es verdad —y la historia del Rugby World Cup de 1995 sugiere que sí—, entonces el Mundial de 2026 no es solo un acontecimiento deportivo. Es una oportunidad irrepetible para que México demuestre que el derecho al deporte es universal: acceso incluyente para personas con discapacidad, perspectiva de género en la participación y en la difusión, combate frontal al racismo en las tribunas.
El deporte no es un privilegio. El deporte es, como José Martí resumió la dignidad entera del ser humano, un derecho que no necesita más justificación que la de existir. "Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos", escribió el Apóstol. Dígase persona, agregaríamos hoy, y ya se ha dicho también el derecho a correr, a patear un balón, a caminar hacia una medalla.
En 2013 lo convertí en decreto. En 2017 lo convertí en política institucional. Hoy lo convierto en llamado colectivo. El deporte no se concede. Se garantiza.
