En septiembre de 2024, Lima despidió a un hombre bajo una lluvia que parecía escrita por algún poeta empeñado en la ironía. El féretro de Alberto Fujimori avanzó entre banderas y abucheos, entre flores lanzadas por unos e insultos gritados por otros, en uno de esos funerales que un país entero discute porque nadie se pone de acuerdo sobre lo que está enterrando. César Vallejo, el poeta que mejor entendió el dolor peruano, escribió alguna vez: “Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé. / Golpes como del odio de Dios”. Nadie pensó, aquella tarde de septiembre, que apenas veintiún meses después el mismo apellido volvería a ocupar el centro exacto de la vida pública peruana, esta vez no bajo un féretro sino bajo una banda presidencial.
El 3 de julio de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. La diferencia fue mínima, casi indecorosa para la magnitud del cargo: 49,641 votos, apenas unas décimas de punto porcentual —50.14% frente a 49.87%— sobre más de 19.6 millones de sufragios emitidos. Un país completo, partido casi exactamente por la mitad, decidió por un margen que cabría en un estadio mediano entregarle el poder a la hija de un hombre que murió hace menos de dos años cargando, todavía, una condena por crímenes de lesa humanidad. La historia, quien la escribe, rara vez elige la sutileza.
Conviene no ceder a la tentación de la anécdota fácil. Lo que ocurrió en Perú entre junio y julio de 2026 no es simplemente el regreso de un apellido: es la reaparición, con urnas y actas notariales, de una pregunta que el país nunca terminó de responder sobre sí mismo. Y esa pregunta tiene, como toda pregunta peruana desde 1990, la forma exacta de Alberto Fujimori.
Hay que recordar cómo empezó todo, porque el pasado, decía William Faulkner, nunca está muerto; ni siquiera ha pasado. En 1990, un ingeniero agrónomo de origen japonés, casi desconocido, derrotó en segunda vuelta al gran novelista Mario Vargas Llosa, quien llegaba investido de todo el prestigio literario e intelectual de Occidente y perdió, sin embargo, frente a un outsider que supo interpretar el miedo de un país devastado por la hiperinflación y el terrorismo de Sendero Luminoso. “El Chino”, como lo llamaría el imaginario popular con esa mezcla peruana de cariño y desconfianza, aplicó el llamado “Fujishock”, desactivó la amenaza senderista con un costo altísimo en derechos humanos, y el 5 de abril de 1992 pronunció una frase que todavía se enseña en las facultades de derecho constitucional latinoamericanas: “Disuelvo temporalmente el Congreso de la República...”. Con esas palabras, un presidente electo se convirtió, por su propia voluntad, en el arquitecto de un autogolpe. La democracia, aprendimos entonces, no muere solo por la fuerza de los tanques: también puede morir firmada por quien juró defenderla.
Vino después la década larga del poder concentrado, la sombra alargada de Vladimiro Montesinos, los “vladivideos” que revelaron un Estado convertido en maquinaria de corrupción y vigilancia, y finalmente la huida a Japón, aquella renuncia enviada por fax desde Tokio que sigue siendo, en la memoria jurídica peruana, sinónimo de cobardía institucional. Pero lo que distingue a Alberto Fujimori de tantos otros hombres fuertes de la región no fue solo cómo llegó ni cómo se fue, sino lo que ocurrió después: en 2009, tras ser extraditado desde Chile, se convirtió en el primer expresidente latinoamericano condenado en su propio país por crímenes contra la humanidad. Los casos Barrios Altos y La Cantuta —una masacre de quince personas en 1991 y la desaparición forzada de un profesor y nueve estudiantes en 1992, ejecutados por el escuadrón militar Grupo Colina— dejaron de ser expedientes archivados para convertirse en jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia sobre Barrios Altos, estableció una doctrina que hoy es columna vertebral del derecho interamericano: las leyes de autoamnistía dictadas para proteger a los responsables de violaciones graves son “manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana” y, por tanto, carecen de efectos jurídicos. Fue, en 2001, una de las primeras veces que un tribunal internacional le dijo a un Estado que el perdón que se otorga a sí mismo no es perdón: es impunidad con membrete oficial.
Ese principio —que la justicia no puede ser un favor que el poder se concede a sí mismo— es, quizás, la lección jurídica más profunda que dejó el fujimorismo, y también la más incómoda para su regreso. Porque Alberto Fujimori nunca cumplió, en los hechos, la totalidad de su condena. El indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski en 2017, revocado luego por presión social y jurídica, y finalmente restituido por el Tribunal Constitucional entre 2022 y 2023 en un fallo que desafió abiertamente a la Corte Interamericana, dejó una herida abierta en las familias de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta: la sensación de que la justicia, en Perú, tiene fecha de caducidad si el apellido correcto sabe esperar. Fujimori murió en septiembre de 2024 en libertad, rodeado de los suyos, sin que las víctimas hayan recibido jamás una reparación moral proporcional al daño. La hija hereda, entonces, no solo un electorado fiel: hereda también una deuda pendiente con la memoria.
Aquí es donde la columna deja de ser una crónica electoral y se convierte, inevitablemente, en una pregunta ética. ¿Puede una democracia, legítimamente, entregar el poder a quien lleva el nombre —y ha defendido públicamente la obra— de un condenado por crímenes de lesa humanidad? La respuesta jurídica es, por supuesto, afirmativa: la responsabilidad penal es individual, no se hereda, y Keiko Fujimori no ha sido condenada por los crímenes de su padre. Ella misma enfrentó, por más de una década, procesos por presunto lavado de activos vinculados a aportes de campaña —el caso Odebrecht— que finalmente no prosperaron en condena firme. El derecho, en su lógica más estricta, separa con precisión quirúrgica al padre de la hija, al genocida del votante que decide confiarle el país.
Pero la ética pública exige algo más que la lógica penal: exige memoria. Y la memoria, a diferencia del derecho, no distingue tan limpiamente entre generaciones cuando el silencio se hereda como una política. Keiko Fujimori ha construido buena parte de su carrera política defendiendo la obra de su padre, cuestionando las condenas por derechos humanos como persecución política y apelando a una nostalgia por el orden y la mano dura que muchos peruanos, cansados de la violencia y la inflación de los noventa, todavía agradecen sin matices. Ese agradecimiento no es irracional: nace del miedo real que vivió una generación entera. Pero la dignidad de las víctimas de Barrios Altos, de las madres que todavía buscan los restos de sus hijos desaparecidos en La Cantuta, no puede quedar subordinada a la nostalgia de quienes sintieron alivio bajo el mismo gobierno que produjo esas fosas.
Hannah Arendt enseñó que el mal más peligroso no es siempre el mal espectacular, sino el mal que se vuelve rutina administrativa, papeleo, orden ejecutado sin preguntas. El Grupo Colina no fue una desviación: fue política de Estado documentada, con cadena de mando, con órdenes y con impunidad diseñada de antemano mediante leyes de amnistía. Que treinta y cinco años después el país vuelva a confiar el poder ejecutivo a la heredera política de ese proyecto no es, en sí mismo, una ilegalidad. Es, sin embargo, una prueba de qué tan dispuesta está una sociedad a convivir con su propia herida sin cerrarla del todo.
Los derechos humanos no son, como a veces se los presenta con desdén, un capricho de organismos internacionales ajenos a la “realidad” de los países. Son, en el caso peruano, la lengua exacta con la que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta consiguieron, después de años de silencio oficial, que un tribunal internacional reconociera que existieron, que fueron ejecutadas ilegalmente y que el Estado que debía protegerlas fue el mismo que las mató. Esa lengua jurídica —la de la Corte Interamericana, la de las sentencias que hoy se enseñan en las universidades— es, en el fondo, un acto de dignidad restituida: el reconocimiento de que ciertas vidas no fueron daños colaterales de una guerra contra el terrorismo, sino personas con nombre, con historia, con derecho a que se les hiciera justicia.
Conviene mirar, de reojo, a los vecinos. Argentina construyó su tránsito hacia la democracia sobre el informe “Nunca Más” y los juicios a las juntas militares; Chile edificó el suyo sobre el Informe Rettig y décadas de comisiones que, con lentitud desesperante pero con método, fueron nombrando a cada desaparecido. Ninguno de esos procesos fue perfecto, ninguno cerró del todo la herida, pero ambos entendieron algo que Perú todavía negocia consigo mismo: que la memoria no es venganza, sino condición de posibilidad para que la democracia no repita sus propios crímenes disfrazada de otro nombre. El indulto de 2017, revertido y luego restituido entre cálculos políticos y fallos constitucionales, mostró, en cambio, un país que trata la justicia transicional como moneda de negociación parlamentaria, sujeta a mayorías circunstanciales y no a un compromiso ético estable. Esa inestabilidad es, en sí misma, una forma de daño adicional para las víctimas: la certeza de que su verdad puede ser revisada cada vez que cambia la correlación de fuerzas en el Congreso.
Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, día de la patria, en un país que sigue siendo, en el fondo, dos países superpuestos: el que recuerda con gratitud el fin de la hiperinflación y de Sendero Luminoso, y el que todavía busca los huesos de sus desaparecidos. Gobernar ese país exigirá algo que el fujimorismo original nunca practicó: la humildad de reconocer que el orden no justifica el crimen, que la eficacia económica no absuelve la sangre derramada y que la reconciliación verdadera no se decreta por indulto, sino que se construye reconociendo la verdad, por incómoda que resulte para el propio apellido.
Quizás por eso conviene volver, al final, a Vallejo, que escribió también aquellos versos que parecen redactados para este momento exacto de la historia peruana: “Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé”. El Perú de 2026 ha recibido, otra vez, un golpe con forma de urna, un golpe democrático y, por tanto, legítimo, pero un golpe al fin, que reabre preguntas que el país prefería dar por cerradas. El pasado, insistía Faulkner, no muere ni siquiera pasa: simplemente espera, con la paciencia infinita de los apellidos, el momento exacto para volver a presentarse en la boleta.
Y quizá la verdadera prueba de madurez democrática no consista en impedir ese regreso, sino en lo que se haga con él: si el nuevo gobierno logra, por fin, cerrar con verdad y reparación las heridas que su propio apellido dejó abiertas, o si simplemente se limita a heredar el poder sin heredar también la responsabilidad. Porque un país puede perdonar a un hombre. Lo que nunca debería hacer es olvidar a sus muertos.
