La historia de los derechos humanos es, en buena medida, la historia de las transformaciones que la humanidad no supo anticipar. La Revolución Industrial nos obligó a inventar el derecho laboral. La consolidación del Estado moderno exigió los derechos civiles y políticos. La globalización abrió paso a los derechos vinculados al medio ambiente y la información. Y hoy, con la misma urgencia y la misma perplejidad de siempre, la inteligencia artificial nos invita a decidir si la controlaremos —o si, por omisión, dejaremos que nos controle a nosotros.
La pregunta no es retórica. Cada vez que un algoritmo decide quién obtiene un crédito bancario, quién pasa el filtro de selección laboral o qué información recibe un ciudadano, la tecnología no está siendo neutral: está ejerciendo poder, y el poder sin límites jurídicos es, invariablemente, una amenaza a la dignidad.
La inteligencia artificial es una herramienta extraordinariamente poderosa, pero debe permanecer bajo el control del ser humano, y no al revés. Aristóteles lo intuyó con siglos de anticipación al escribir que "la herramienta es algo que sirve a una acción". El martillo no forja; el herrero forja. El algoritmo no juzga; el juez juzga. Esta distinción no es filosófica: es la frontera ética y jurídica más importante de nuestro tiempo.
Confundir la herramienta con el agente es el error que no podemos permitirnos. La inteligencia artificial procesa datos, pero no posee conciencia. Puede identificar patrones, pero no comprende el sufrimiento humano. Puede generar respuestas, pero carece de responsabilidad moral. La justicia, la dignidad y los derechos fundamentales continúan siendo categorías exclusivamente humanas. Y precisamente porque lo son, cuando los delegamos sin reservas a un sistema automático, no estamos siendo más eficientes: estamos siendo irresponsables.
El magisterio no ha permanecido en silencio. El 25 de mayo de 2026, Su Santidad León XIV publicó la encíclica Magnifica Humanitas, firmada en el 135.º aniversario de la célebre Rerum Novarum de León XIII. Así como el gran papa social respondió a la cuestión obrera del siglo XIX, León XIV responde a la cuestión tecnológica del siglo XXI. Su advertencia central es tan precisa como perturbadora: la tecnología "no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza". Y su diagnóstico más severo tiene un nombre: tecnofascismo, la concentración del poder digital en unas pocas corporaciones que controlan patentes, algoritmos e infraestructuras globales. Frente a este riesgo, el Pontífice llama a "desarmar" la inteligencia artificial para "evitar que domine al ser humano".
La misma preocupación guía a la Organización Internacional del Trabajo, que en su 114.ª Conferencia Internacional, celebrada en 2026, presentó una memoria con un título que lo dice todo: Un momento decisivo: Aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente. La Declaración de Filadelfia, piedra angular de la OIT, recuerda que el trabajo no es una mercancía: es una base para la dignidad, la autonomía y el desarrollo humano. Si la IA redefine el trabajo sin marcos de protección, habremos permitido que la innovación sirva a unos pocos a costa de los derechos de muchos.
El derecho positivo avanza, aunque no siempre a la velocidad que los hechos exigen. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea —Reglamento (UE) 2024/1689— es, hasta hoy, el marco normativo más ambicioso del mundo. Su premisa fundamental coincide con la nuestra: la IA "debe ser una herramienta para las personas", orientada "por objetivo último a aumentar el bienestar humano". El llamado efecto Bruselas —la tendencia europea a fijar estándares globales— nos interpela directamente: no para importar modelos sin crítica, sino para aprender de las mejores prácticas y adaptarlas a nuestros contextos constitucionales latinoamericanos.
Y en América Latina, los jueces ya están respondiendo. La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-323/2024, sentó un principio que merece ser grabado en la memoria jurídica continental: la inteligencia artificial puede apoyar al juez, pero "en ningún caso puede producir creación de contenido ni interpretación de hechos o pruebas y, mucho menos, la solución de casos".
[1]León XIV, Magnifica Humanitas, 15 de mayo de 2026.
[2]OIT. Un momento decisivo: Aprovechar la IA para promover el trabajo decente. ILC.114/I(B), Ginebra, 2026.
[3]Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024 (AI Act). Diario Oficial de la Unión Europea, Serie L, 12.7.2024.
En la misma línea, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito de nuestro país avaló —en jurisprudencia firme de enero de 2026— el uso de IA para cálculos auxiliares en juicios de amparo, bajo cuatro principios irrenunciables: proporcionalidad, protección de datos, transparencia y supervisión humana. Dos jurisdicciones distintas, la misma convicción: la IA es herramienta, no árbitro. El juez humano es irreemplazable.
En los foros jurídicos de España circula una frase que incomoda tanto como ilumina: "La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo; te va a quitar el trabajo un abogado que la maneje mejor que tú". Leída con cuidado, no es una amenaza existencial: es una llamada a la actualización permanente. El buen jurista seguirá siendo quien sabe comprender hechos, identificar problemas, seleccionar normas, interpretar con rigor, valorar pruebas con prudencia y construir argumentos persuasivos. El juicio prudencial que Aristóteles llamó phronesis —ese discernimiento que no puede formalizarse en ningún código— sigue siendo la esencia irreductible del oficio jurídico. Pero el entorno en que ese juicio opera ha cambiado. No integrar la tecnología con inteligencia es también una forma de negligencia profesional.
Aquí la Universidad tiene una responsabilidad que no puede delegar. No basta con formar especialistas capaces de manejar herramientas digitales. Es indispensable formar ciudadanos y profesionales capaces de comprender sus implicaciones éticas, jurídicas y sociales. Como nos recordaba José Vasconcelos, la educación es "poder llevarles conocimiento y cultura a quienes poco acceso tienen a ella, pues solamente la educación y la cultura habrán de salvarnos de los males sociales". Esa misión sigue vigente —y adquiere hoy un sentido tecnológico que Vasconcelos no pudo prever, pero que habría reconocido de inmediato.
Y entonces llegamos a la pregunta más ambiciosa: ¿debe considerarse el acceso equitativo a la inteligencia artificial como un derecho humano emergente? Mi respuesta es sí. Cuando la IA determina de manera decisiva el acceso a la salud, al empleo, a la educación y a la participación democrática, la exclusión de esta tecnología no es una mera desventaja competitiva: es una forma de discriminación estructural.
[4]Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-323/2024; Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC370-2023. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tesis II.2o.C. J/1 K y J/2 K (12a.), Semanario Judicial de la Federación, enero de 2026.
Martin Luther King Jr. escribió que "la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes". Hoy podríamos añadir que la concentración tecnológica sin regulación es una amenaza a la igualdad de derechos en todas partes. Y donde hay brecha de poder sin corrección institucional, hay violación de derechos humanos.
Albert Camus escribió que "cada generación cree que está llamada a rehacer el mundo". No sé si estamos llamados a rehacerlo. Pero sí estamos llamados a evitar que lo rehaga, por nosotros, un algoritmo que nadie eligió y que nadie controla.
La inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento de emancipación o en un mecanismo de concentración de poder. Puede ampliar derechos o restringirlos. Puede fortalecer la democracia o erosionarla. La diferencia no la hará la tecnología: la harán las decisiones que tomemos hoy, en el derecho, en las instituciones y en las universidades.
Ninguna innovación será verdaderamente exitosa si no contribuye a la justicia, la igualdad y la libertad. Y precisamente por ello, garantizar que la inteligencia artificial sea una herramienta de todos —y no una prerrogativa de pocos— es uno de los nuevos derechos humanos del siglo XXI.
