Si en un salón de clases dos alumnos se pelean, la sanción sería inmediata: directo a la Dirección Escolar y sin escalas, además de una citatoria a los padres de familia.
Ahora, si son dos empleados enfrentándose a gritos en una oficina, seguramente habría consecuencias y tendrían que reportarse en Recursos Humanos.
Una discusión que termina en agresiones verbales en un espacio público. Nadie dudaría en señalar que se trata de una conducta inaceptable.
Pero cuando quienes se insultan, se descalifican y se acusan mutuamente son diputados o senadores, pareciera que todo forma parte del espectáculo.
Las imágenes se han vuelto cotidianas: legisladores gritándose desde sus curules, acusándose de corrupción, de traición, de mentirle al pueblo y hasta retándose a golpes a puño cerrado. Lo que debería ser un espacio para el debate de ideas se transforma con frecuencia en un escenario donde gana quien habla más fuerte y no necesariamente quien tiene mejores argumentos.
Hace unos días platicaba sobre este tema con mi gran amigo Pepe Nader, director del periódico El Valle; coincidíamos en una reflexión preocupante: “Hemos llegado al punto en que la violencia política ya no sorprende a nadie”.
Y eso debería alarmarnos porque la violencia no comienza con los golpes; comienza cuando se normaliza la descalificación, cuando el respeto desaparece y cuando quien piensa diferente deja de ser un interlocutor para convertirse en un enemigo.
Vivimos en una sociedad que, con razón, busca erradicar la violencia en todos los ámbitos. En las escuelas se combate el acoso escolar. En los centros de trabajo existen protocolos para prevenir agresiones y hostigamiento. En las calles se promueve la convivencia pacífica. En los hogares se impulsan campañas para resolver conflictos mediante el diálogo.
Sin embargo, pareciera que existe una excepción: la política.
Y el problema va más allá de los recintos legislativos. Hoy, las redes sociales han amplificado la confrontación. El insulto obtiene más atención que la propuesta. La descalificación genera más reacciones que el argumento. La polarización se ha convertido en una estrategia y la confrontación permanente parece ser la nueva forma de hacer política.
Lo preocupante es que los ciudadanos terminan reproduciendo esa conducta. Si quienes elaboran las leyes convierten cada diferencia en una pelea, ¿qué mensaje reciben los jóvenes? ¿Cómo enseñar tolerancia en las aulas cuando la intolerancia se exhibe diariamente desde la máxima tribuna del país?
La democracia nunca fue diseñada para que todos pensáramos igual; al contrario, su esencia radica precisamente en permitir la convivencia de distintas ideas, ideologías y visiones de país.
El adversario político no debería ser tratado como un enemigo, sino como alguien con quien se debate el rumbo de una nación.
La frase de Benito Juárez sigue vigente: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Pero pareciera que en muchos espacios públicos hemos olvidado esa sencilla lección.
Quizá ha llegado el momento de exigir algo más a nuestros representantes. No sólo leyes, reformas o discursos. También respeto, civilidad y capacidad para dialogar.
Porque si castigamos la violencia en las escuelas, en los hogares, en las empresas y en las calles, ¿por qué seguimos tolerándola en los espacios donde se escriben las leyes?
Tal vez el problema no es que nuestros legisladores se parezcan cada vez más a la sociedad.
El verdadero problema es que la sociedad está empezando a parecerse demasiado a sus legisladores.
