El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo recientemente un encuentro con el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto. Frente a los medios de comunicación ambos equipos de gobierno dieron a conocer sus posturas en torno a la transición.
En el caso de la Reforma Educativa, AMLO se fue directo contra lo recién declarado por Peña y aseguró que la cancelaría como prometió en campaña, además, amplió que posteriormente presentará su modelo educativo.
Dos discursos opuestos que, más allá de un choque ideológico, tiraron a la basura una millonaria inversión para poner esta reforma en marcha dentro y fuera de las aulas.
Se calculan más de 50 mil millones de pesos de pérdidas, destacando siete programas: 16 mil 75 millones de pesos para el Programa de la Reforma Educativa; 13 mil 458 millones para el rubro de Fortalecimiento de la Calidad Educativa; 4 mil millones de pesos para capacitación y difusión de la reforma que fueron entregados al (SNTE); 4 mil 216 millones de pesos para el programa de Evaluación Docente.
Además de 3 mil millones de pesos para publicidad y spots de radio y TV para promocionar la reforma educativa; mil 618 millones de pesos para el programa Evaluaciones de la Calidad de la Educación y 24 millones de pesos para el Sistema de Información y Gestión Educativa.
La razón es evidente, en México, la alternancia democrática ha evitado que los proyectos, exitosos o no, de un sexenio tengan continuidad. Cada nueva administración le pone nombre distinto y colores partidistas a sus programas.
Incluso aquellos que son columna rectora de la política social de los gobiernos, han cambiado de color y nombres de acuerdo al mandatario en turno, ahí tenemos a Prospera (Peña) que antes fue Oportunidades (Calderón y Fox), antes Progresa (Zedillo), e inició llamándose Solidaridad por allá de 1988 con Salinas de Gortari.
Esa es la principal debilidad de cualquier plan de gobierno, por ambicioso que sea, pues de no haber continuidad, el nuevo gobierno barrerá de tajo con todo lo que huela al antecesor.
A todas luces las intenciones del gobierno peñista eran buenas y, de haberse concretado, hubieran significado un avance sin precedente en el sistema educativo nacional, aunque solo quedó en eso, en buenas intenciones, pues el holograma político se sobrepuso, una vez más, al interés de la nación.
