Una vez más, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de nuestro vapuleado país, volvió a retractarse de una de sus promesas de campaña que las Fuerzas Armadas seguirán patrullando las calles durante los próximos años por lo que su retorno a sus cuarteles se pospondrá hasta que la Policía Federal se encuentre preparada para hacerle frente al crimen organizado en todas sus modalidades.
Por supuesto que la próxima Secretaría de Seguridad, que encabezará el Alfonso Durazo, deberá reclutar a decenas de miles de jóvenes para prepararlos en los primeros dos años del sexenio de López Obrador para que con buenas estrategias combata y eliminen gradualmente al crimen organizado, debido a que los asesinatos dolosos, secuestros, feminicidios, asaltos a transeúntes, a casas habitación, comercios y hasta tiendas departamentales, siguen a la alza ya que las autoridades competentes no han tenido el éxito esperado por todos los habitantes de nuestra república.
Sabemos que el prometer no empobrece, como lo han hecho durante décadas políticos de nuestro país, que en raras ocasiones le han cumplido a la ciudadanía.
El tabasqueño no es la excepción debido a que durante años en sus permanentes campañas a lo largo y ancho de nuestra república lo ha hecho, posteriormente como presidente legítimo (recordemos que él mismo se autonombró en 2006, después de su derrota ante el panista Felipe Calderón. y ahora ya como presidente electo.
Lamentablemente, durante décadas jefes del Ejecutivo en turno, gobernadores de las 32 entidades federativas presidentes municipales y legisladores, han prometido durante sus gestiones mejorar y desarrollar al país en todos sentidos, social, económico de crecimiento sostenido, sin lograr cumplir con dichos, por un sinfín de pretextos o excesos de poder.
En este último sexenio, la ciudadanía confió plenamente en la administración de Enrique Peña Nieto para que realizara una gestión distinta a las anteriores con resultados contundentes y a favor de todos los mexicanos, si hubo resultados positivos, aunque lo que permeó durante su administración fue la inseguridad, la corrupción, impunidad y cinismo, alcanzando niveles nunca antes vistos; el hartazgo social se apoderó de los ciudadanos y le cobraron sus respectivas facturas al mexiquense, por lo que 32 millones de habitantes decidieron votar por López Obrador a pesar de no estar convencidos ni tenerle la confianza suficiente.
Lo que sí es un hecho, son los compromisos contraídos por el tabasqueño con todos los mexicanos y son muchos y tendrá que cumplirlos, porque de lo contrario, -sobre todo- quienes sufragaron por él, se convertirán inmediatamente en sus detractores.
Una de las asignaturas pendientes es en seguridad social, debido a que el crimen organizado en todas sus modalidades sigue trabajando a sus anchas en todo el territorio nacional.
Por su parte, el Senado de la república al parecer entró a laborar a tambor batiente ya que el pasado jueves, las Comisiones de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado de la República, presentaron la primera Iniciativa con Proyecto de Decreto que Abroga la actual Ley de Seguridad Interior.
Dicha Ley no tiene como objetivo el dar protección a las personas ni a la población civil ni a bienes o negocios las y los ciudadanos, se trata de una Ley para garantizar la impunidad, regularizar el inconstitucional despliegue de más de 50 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en tareas de seguridad pública para las cuales no cuentan con facultades y preservar la dependencia de la clase política a los militares.
Prosigue el documento y señala “es la consumación de la claudicación de las autoridades civiles a sus responsabilidades constitucionales y la muestra de su incapacidad para el gobierno político de la seguridad. La Ley es la rendición de las autoridades civiles a garantizar la seguridad pública y su entrega a las autoridades militares”.
Se trata de una Ley -prosigue- (el documento de la Iniciativa presentada que contiene 80 hojas) para garantizar la dependencia de la clase política a los militares, por ello, a partir de la revisión de los artículos que violentan el orden constitucional , hemos analizado que la legislación sobre seguridad interior debe ser abrogada (abolida) porque no tiene un sustento constitucional y regulariza un modelo de seguridad fallido durante más de una década ha significado el incremento exponencial de la violencia criminal y la violencia institucional para combatirla, con un saldo y daño humano acaso irreparable…¡Zas!
Se puntualiza en el legajo que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada en el Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2017 y publicada siete días posteriores.
Agregan que para impugnarla legalmente, se presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por las instituciones del Estado mexicano facultadas para ello, así también un cúmulo de amparos. Al momento está en proceso en la Suprema Corte de la Nación la preparación del proyecto que habrá de discutirse para determinar la inconstitucionalidad de la norma sobre seguridad interior emitida por el Congreso de la Unión.
SIN ASPAVIENTOS…
Sin lugar a dudas, quienes están en el poder, no quieren dejarlo, y si no habrá que preguntárselo al senador por un día Manuel Velasco Coello, quien en la primera sesión solicitó licencia para concluir su mandato como “gobernador sustituto” hasta el ocho de diciembre próximo, gracias a que hábilmente y con una Legislatura “a modo” modificó la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas para que Velasco Coello, fuese su propio gobernador suplente… ¿Qué tal?.. La entidad chiapaneca sigue sumergida en la pobreza…Seguramente concluido su sexenio, el verde ecologista, retornará a su escaño en el Senado... Vaya cinismo de “políticos”.
