No deja de ser un escándalo el hecho de que las autoridades ministeriales de Jalisco tengan almacenados en gavetas refrigeradas rodantes, en tráileres, a decenas de cadáveres, producto generalmente de la ola de violencia que prevalece en el país.
Cerca de 300 cuerpos de víctimas de la violencia, desconocidas todas, a bordo de dos tráileres sin itinerario fijo, con destino a ninguna parte, paseándolos, como el crimen organizado pasea su impunidad y actuar, arrebatando a la autoridad el monopolio de la violencia.
Al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se le ocurrió que para tratar de tranquilizar las aguas, lo mejor era despedir a Luis Octavio Cotero Bernal como titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero quienes contrataron esos servicios mortuarios, Roberto López Lara y Raúl Sánchez Jiménez, secretario general de gobierno y Fiscal de Justicia de esa entidad, siguen en sus cargos.
Las comisiones nacional (CNDH) y estatal (CEDHJ) de derechos humanos, anunciaron la conformación de un equipo conjunto integrado por médicos forenses, psicólogos y abogados para investigar el caso.
“El mal manejo que se dio a los cadáveres de esas personas que aún no han sido reclamados, evidencia la falta de capacitación y sensibilidad de quienes realizaron o permitieron acciones distintas a las establecidas para el manejo y preservación de restos mortales”, destacaron las dependencias mediante un comunicado.
Y exigieron a las autoridades correspondientes la investigación exhaustiva de los hechos para que los responsables sean presentados ante la justicia “y reciban la sanción que conforme a derecho corresponde ya que este caso no debe quedar en la impunidad”.
Más allá del incidente, ya de por sí de grotesca incapacidad oficial, el asunto revela que la autoridad no sólo no sabe qué hacer para atenuar la violencia, sino ahora para atender sus consecuencias.
Cualquiera que haya sido la causa por la cual fueron ultimadas; cualquiera cosa que esas personas haya hecho en vida, no tendrían por qué haber servido como muestra ambulante de la deshumanización general y de la falta de sensibilidad oficial.
Es correcto cuando se afirma que el gobierno no va a impedir que los grupos criminales se maten entre sí, pero bien haría en recuperar para sí el monopolio que le confiere la ley, y que es justamente el de la violencia, para que las calles o centros de reunión no se conviertan en campo de guerra del crimen, para que la gente pueda pasear tranquila, ir al cine, a una fiesta, a un museo, a un parque, a un restaurante, etc.
Pero no. Resulta que los sicarios están en todos lados y hasta ir a un restaurante se ha convertido en un peligro, igual la Plaza Pública, como sucedió recientemente en Garibaldi, en la Ciudad de México.
Un suceso vergonzante ese de los muertos rodantes, pero más, que a 12 años la violencia no sólo no haya frenado, sino que va en aumento.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a que la violencia tiene entre sus causas “la debilidad de las policías”, tanto estatales como municipales.
También, el senador y ex secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osito Chong, refirió que el aumento de la violencia durante el 2017 está relacionada con la debilidad de las policías locales.
Amables, tanto AMLO como Osorio Chong. Lo dicho por ellos debe decirse de otra manera, con todas sus letras: son los gobiernos estatales, pero principalmente los municipales, blancos directos para la complicidad, por traición de la encomienda o forzada por amagos, con los grupos criminales.
Para terminar con parte de la violencia y de la incidencia delictiva es preciso, pues, hacer “fuertes” a esa policías, lo que quiere decir que hay que detectar las infiltraciones (desde los que sirven de “halcones” hasta los que encabezan grupos de asalto, robo, secuestro, extorsiones y otros) en las corporaciones policiales.
Mantener al Ejército en las calles sin una estrategia de acción propia y definida, es decir, que no dependa de lo que hace o deje de hacer la policía, no va a servir de nada precisamente por “esa debilidad policial”.
De otro modo, va a continuar el acumulamiento de muertos en refrigeradores ambulantes.
