Toluca/Estado de México
Los diputados mexiquenses del PRD se pronunciaron en contra de la convocatoria que se aprobó en comisiones para la designación del auditor del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) e incluso consideran necesario que ésta sea conformada por especialistas y que los aspirantes sean sujetos a controles de confianza.
Tras narrar el procedimiento de designación que establece la Ley de Fiscalización Superior, a través de un comunicado la bancada perredista sostiene que se deben considerar algunos aspectos importantes, mismos que deben ser observados de forma estricta a fin de “evitar la captura del OSFEM por parte de la coalición morenista que recientemente ha impuesto modificaciones a los requisitos a fin de posibilitar la designación de un Auditor a modo”, precisa el documento.
Indica que el proceso de designación establece una prescripción puntual en el sentido de realizarse un proceso de evaluación integral de los aspirantes, en lo cual caben todo tipo de ponderaciones que permitan identificar el perfil idóneo y profesional que debe cumplir la persona que sea designada titular del OSFEM.
Es decir, refieren, el procedimiento impone restricciones que buscan evitar que la decisión sobre el titular sea una decisión discrecional o arbitraria exenta de racionalidad o justificación. De ahí que es indispensable el acreditamiento de estudios académicos y posesión de conocimientos especializados en la materia; trayectoria profesional, referida a la experiencia suficiente y experta en materia de fiscalización superior, habilidades certificadas de gerenciamiento público en razón de la posición a nivel directivo que ocupará el aspirante.
Además de aspectos psicométricos que ponderen las aptitudes psicosociales necesarias de acuerdo al nivel de responsabilidad, coordinación e interacción con personal subordinado; evaluación de potenciales conflictos de intereses dadas las trayectorias laborales, profesionales y de negocios respecto de los sujetos a fiscalizar.
“Incluso no se debe descartar la necesidad de practicar evaluaciones de control de confianza similares a los que se exigen a mandos policiacos e incluso el tipo de controles para las denominadas por la SHCP como personas políticamente expuestas en materia de lavado de dinero”.
Afirman que la evaluación integral debería incluir un puntaje en cada uno de estos aspectos que permitan contar con una lista en orden de prelación de acuerdo a los distintos parámetros ya señalados.
Además de que la convocatoria debería ser observada por los diferentes colectivos, asociaciones e instituciones académicas que impulsaron la reforma Anticorrupción de 2015 y que en este tema tienen mucho por aportar dado su experiencia en la materia.
