Toluca/Estado de México
El derecho a la privacidad es tan importante que debe conservarse aun después de la muerte y esto queda probado tras diversas sentencias internacionales que han sentado precedente para que incluso las compañías dueñas de redes sociales comiencen a considerar el derecho a la herencia digital, en el caso de cuentas y perfiles de personas fallecidas.
Así lo dio a conocer Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), al impartir la conferencia magistral virtual “Herencia digital en el contexto de los derechos digitales y sus garantías en México”.
En este sentido, el comisionado dio a conocer que las nuevas tecnologías e incluso la inteligencia artificial se han convertido en herramientas útiles para la sociedad actual, aunque éstas deben adaptar su funcionamiento para garantizar los derechos de las y los usuarios.
Dio a conocer que el testamento digital es un tema de necesidad ante la realidad actual y constituye un derecho de quienes utilizan el Internet, para que al momento de su fallecimiento pueda dejar su información en manos de un albacea o heredero, quien tenga la facultad legal para su tratamiento.
Asimismo, el comisionado, Javier Martínez, habló de la necesidad de que el marco legal mexicano se ajuste a esta nueva realidad y deje clara la normatividad para llevar a cabo el procedimiento en materia de juicio sucesorio o testamento digital y la forma en que se acreditará el interés jurídico o, en su caso, el interés legítimo de quienes tendrán acceso a la información de la persona fallecida.
Sostuvo que el derecho a la herencia digital prevalece sobre la privacidad de la persona fallecida, por ello el testamento digital se convierte en un derecho que es prioritario normar con claridad y México no puede quedarse atrás en la garantía de estos derechos para sus habitantes.
Al final dio a conocer que el testamento digital es solamente uno de los más de 15 derechos digitales que tendrían que agregarse de forma específica a las leyes nacional y estatales en la materia.
