Toluca/Estado de México
Los diputados del PAN plantearon reformar el Código Penal del Estado de México para aumentar la pena de prisión hasta 20 años a quien cometa abuso sexual infantil siendo familiar, docente o educador del menor.
Ingrid Schemelensky Castro mencionó que lamentablemente el abuso sexual es un delito que cada vez se da con mayor frecuencia y en donde las niñas, niños y adolescentes aún están desprotegidos.
Dijo que, para la Organización Mundial de la Salud, cada cinco niñas y uno de cada trece niños, son víctima de abuso sexual, y añadió que en México, de los adolescentes que declararon haber sufrido abuso sexual, el 75 por ciento reconoció que fue por algún familiar, vecino o conocido, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019.
Mencionó que, para el caso de la entidad mexiquense, conforme a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de abuso sexual ha tenido un incremento de un 600 por ciento en los últimos años, al pasar de 440 casos en 2015 a más de dos mil 800 en 2020, en donde las víctimas son principalmente niñas, niños y mujeres.
La diputada Ingrid Schemelensky sostuvo que la intención de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México es aumentar el castigo por el delito de abuso sexual hasta por 20 años cuando sea cometido por la persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda, educación o aproveche la confianza en él depositada.
Además de la pena de prisión, el culpable perdería la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerciere sobre la víctima. La pena se aplicaría también cuando el delito sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen.
Agregó que la propuesta contempla el pago de la reparación de los daños y perjuicios de la víctima, para lo cual se tendrá en cuenta el grado de afectación y el tipo de terapia que se requiera para poner en el centro de la impartición de justicia a las víctimas.
Mencionó que en la actualidad 17 Códigos estatales contemplan supuestos que incrementan el castigo cuando el delito es cometido por alguna persona que tiene un vínculo familiar o de confianza con la víctima y la pérdida de la patria potestad o tutela sobre la víctima y la suspensión o inhabilitación del empleo o cargo, si de ello se valió para realizar la conducta punible.
