Toluca/Estado de México
A partir de este viernes las personas privadas de la libertad que hayan cometido delitos menores podrán tramitar una solicitud de amnistía y se estima que el 7.8 por ciento de los 32 mil presos en las cárceles mexiquenses podrán recibir este beneficio, con ello salir de la cárcel siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley, informó el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.
En conferencia de prensa para dar a conocer los lineamientos de la ley, dijo que el mapeo que realizó el Poder Judicial arrojó que en una primera etapa podrían llegar hasta tres mil solicitudes, que serán sometidos a escrutinio y en un promedio máximo de 60 días podrían salir de la cárcel, si cumplen especialmente con la reparación del daño.
Aunque desconoció el porcentaje de hombres y mujeres, así como los delitos específicos que cometieron las personas de los expedientes incluidos en el mapeo, informó que los delitos considerados son aborto, ilícitos contra la salud del fuero común, los cometidos por personas pobres, de extrema vulnerabilidad, indígenas o afromexicanos y campesinos en la defensa legítima de su tierra.
Con la aplicación de esta ley, dijo, la entidad se va a convertir en referente de trabajo institucional, pues el derecho debe servir a la sociedad y no al revés, para crear espacios necesarios para que la convivencia social sea una realidad.
“La ley de amnistía busca un olvido, además de una reconciliación social, así como la tutela de los derechos de las víctimas, el privilegio de perdonar y ser perdonado, con beneficios adicionales como la despresurización del sistema penitenciario de la entidad”, recalcó.
Aseguró que la amnistía “es acartonada, no dúctil y le dimos utilidad”, pues con la conformación de la ley, los tres poderes pasaron de una institución arcaica a un nuevo esquema regido por dos principios fundamentales: el primero es el respeto a los derechos de las víctimas y los ofendidos, y el segundo es el beneficio a personas que, por circunstancias económicas, sociales o del entorno cultural, delinquieron por primera vez, pero es población rescatable del deterioro penitenciario.
Detalló que los penales en los que podría haber mayor número de beneficiarios son el de Ecatepec, Almoloya de Juárez, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, las cárceles más pobladas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García destacó que esta ley no sólo es una medida para despresurizar los centros de readaptación y prevención social de la entidad, sino la vía para ampliar el espectro y la calidad de la protección y el respeto a los derechos humanos en la entidad.
“La Defensoría de Habitantes será escrupulosa en el seguimiento y observación de esta ley que representa una gran oportunidad de justicia social y una vía para reparar las injusticias hacia las personas que, privadas de libertad, han pagado con años de encierro su condición de vulnerabilidad.”
