Toluca/Estado de México
La legisladora de Morena, Beatriz García Villegas, propuso una iniciativa para sancionar con penas de cuatro a diez años de prisión a servidores públicos de procuración de justicia que filtren información o imágenes de víctimas, principalmente de grupos vulnerables.
En presencia de Marisol Juárez Cortés, madre de Christy Mary Villegas, de 15 años, quien el 26 de diciembre fue encontrada sin vida en un paraje de Juchitepec que, tras nueve días de su desaparición, a las pocas horas fueron filtradas fotos del cuerpo de la joven, lo que atentó claramente contra la integridad de Christy, al igual que la de sus familiares, por lo que dijo que la filtración de información o evidencia vinculada con alguna de las etapas del procedimiento penal es una práctica reiterativa.
Afirmó que esta práctica es cometida por las y los servidores públicos que integran el sistema de procuración de justicia, con la intención de obtener alguna ventaja o contraprestación económica.
Refirió el caso de la joven Ingrid, que fue asesinada de manera brutal por su pareja en la Ciudad de México y cuyas fotos fueron difundidas a medios de comunicación, como un actuar indebido de autoridades encargadas de la procuración de justicia y sobre los derechos de las víctimas, más aún en casos de feminicidio.
“El hecho de exhibir el cadáver mediante imágenes en algún medio de difusión y comunicación produce una victimización secundaria que agrava y expone un daño tanto a la víctima directa como a las indirectas”.
Aseveró que estas acciones son violaciones al derecho y al principio del debido proceso de ambas partes, así como al principio de presunción de inocencia del imputado, al derecho a la intimidad de cualquiera de las partes y, en el caso de adultas mayores, mujeres, o niñas, es una violencia institucional.
Es así como con la presentación de esta iniciativa se busca inhibir y reducir en gran medida los actos de filtración por parte de las y los servidores públicos que han provocado en distintos casos “una revictimización en contra de las mujeres, así como afectaciones a las distintas víctimas de cualquier delito”.
El proyecto establece sanciones a quienes, en ejercicio de sus funciones en los sistemas de procuración de justicia, filtren evidencia o información de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensoras o defensores de derechos humanos, personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas en estado de reclusión, adultas o adultos mayores, personas en situación de calle o en extrema pobreza, entre otras.
La reforma al artículo 353 del Código Penal que refiere delitos cometidos por las y los servidores públicos de la procuración y administración de justicia establece sanción de cuatro a diez años de prisión, de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de su empleo, cargo o comisión que corresponda.
