Toluca/Estado de México
Al afirmar que los gastos por los ataques de las supuestas “feministas”, a las instalaciones del Poder Legislativo mexiquense superan el millón de pesos, el presidente de la Junta de Coordinación Política Maurilio Hernández, criticó la omisión del gobierno estatal para actuar frente a este grupo de mujeres.
“No hay inteligencia ni servicio del Ejecutivo para detectar cuál es la mano que mece la cuna y cuáles son los intereses de este reducido grupo de mujeres, que nada tienen que ver con los movimientos feministas legítimos”.
Al considerar que la Plaza de los Mártires, parece tierra de nadie, señaló que corresponde al Ejecutivo verificar a qué intereses corresponde este grupo de mujeres, pues en lo que respecta a la Legislatura siempre han sido solidarios con las demandas de las mujeres y los movimientos feministas, aun y cuando han decidido presentar distintas quejas ante las instancias correspondientes, sobre todo por los daños que han ocasionado al edificio legislativo.
“Se hizo la denuncia ante el Ministerio Público, se abrieron las carpetas y se le está dando seguimiento”.
Consideró que es claro quiénes son estas mujeres, pues incluso las líderes y las que encabezan este movimiento están menos cubiertas del rostro.
Dijo que propuso a las autoridades estatales la creación de una mesa interdisciplinaria, no se logró avanzar, pues la Legislatura no tiene capacidad de respuesta para tratar sólo en temas como Feminicidios y violencia doméstica, “necesitan participar las dependencias a efecto de poder atender con prontitud los temas que estén en juicio”.
Insistió en que no hay respuesta por parte del Ejecutivo, tema que ya reclamó a la autoridad competente, “ellas no van por soluciones sino a generar mayores complicaciones”.
El también líder de la bancada morenista reconoció que llama la atención que no hay reclamos para el Ejecutivo, aún y cuando pareciera que salieron un poco de control y se fueron un tiempo incluso contra el Ayuntamiento y el propio Poder Judicial.
“Es responsabilidad del Ejecutivo garantizar la seguridad de las personas”.
