Zumpango/Estado de México
Para continuar con los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la expropiación de otras 109 hectáreas.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se emitió el decreto “por el que se expropia una superficie total de 109-66-87.671 hectáreas de terrenos de propiedad privada” en favor de la federación, cuyo destinatario será la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con lo anterior, los mandos militares serán los encargados del desarrollo del proyecto aeroportuario.
El anuncio solo explica una “garantía de audiencia previa a las personas propietarias de la tierra”.
El decreto, dado a conocer por la Sedena, “estableció que las áreas a expropiar son 109 hectáreas, correspondientes a 66 áreas, 87 centiáreas y 671 miliáreas”. Los terrenos en cuestión se ubican en los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Tecámac.
Según el documento las expropiaciones mayores estarán en el municipio de Nextlalpan.
En el ejido de Santiago Atocan serán 13 parcelas con una superficie total de 185 mil 219.339 metros cuadrados; en la “Franja“, 427 mil 314.005 m2; en “Polígono“, 341 mil 387.257; y en la comunidad de Xaltocan, 16 mil 41.779 m2.
En el ejido San Lucas Xoloc, Zumpango, se expropiará una parcela de 26 mil 462.502 metros cuadrados; y en el de Xaltocan, entre los municipios de Nextlalpan y Tecámac, ocho parcelas con una superficie de 100 mil 262.789 metros cuadrados.
Los dictámenes valuatorios se realizaron el 19 de marzo, 26 de abril, 25 de mayo y el 23 de junio de este año. A partir de esto se determinó el costo por metro cuadrado que se debía pagar a las personas propietarias como indemnización por la expropiación, pero no se explicaron los montos.
La expropiación se realizó con fundamento en el artículo 27 constitucional, primero de la Ley de Expropiación, 37 de la Ley de Aeropuertos, 143 de la Ley General de Bienes Nacionales, 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Aunque los terrenos son propiedad privada resultaron ser “los adecuados e idóneos para las obras e instalaciones necesarias para la construcción del aeropuerto” por su ubicación.
