Toluca/Estado de México
La próxima Legislatura mexiquense no debe interrumpir los trabajos que se llevan a cabo para crear una nueva Constitución en el Estado de México, dijo el presidente de la Junta de Coordinación y líder de la bancada de Morena, Maurilio Hernández.
Después de la primera sesión plenaria del Parlamento Abierto, como parte de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México y en la que estuvieron presentes, Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial; Rodrigo Espeleta, titular de la secretaría de Derechos Humanos y la diputada de Morena, presidenta del Parlamento Abierto, Monserrat Ruiz Páez, el coordinador de los morenistas consideró que es un derecho ciudadano acceder a una nueva normatividad legal y constitucional y recordó que la iniciativa fue resultado de la conciliación de puntos de vista de los grupos parlamentarios y se votó por unanimidad.
“Los trabajos no pueden interrumpirse, porque este proceso puede ser largo o corto, depende de las circunstancias, pero debe ser ininterrumpido, estaremos entregando los mejores resultados, para la nueva Legislatura, la 61 que en unos pocos meses habrá de asumir las responsabilidades legislativas y políticas”.
Mencionó que este análisis no pertenece a la Legislatura, ni al Secretariado Técnico, sino a las ciudadanas y ciudadanos que han participado en los trabajos y que lo harán en el Parlamento Abierto, como parte de un derecho ciudadano para generar un nuevo paradigma de cómo construir la normatividad.
Sostuvo que el resultado será la primera Constitución de origen social, a través de la deliberación de los acontecimientos, condiciones políticas y sociales en la entidad mexiquense.
“No será una deliberación de café, ni de academia, no será de las instituciones políticas del estado hacia el interior, sino una deliberación abierta de cara a la sociedad, con una posición ética a la cual estamos obligados quienes participamos”.
Recordó que el Parlamento Abierto contará con la participación de mil 85 personas que se registraron, de las cuales 505 son mujeres, que analizarán inicialmente 246 iniciativas de reforma constitucional, presentadas por organizaciones, y tendrá una duración de tres o cuatro semanas.
Para ello se conformaron nueve comisiones que integrarán mesas de trabajo para analizar más de 200 propuestas ciudadanas: Democracia y Régimen Político; Derechos Humanos, Garantías y Protección; Igualdad Sustancial, Diversidad y Políticas de Género; Desarrollo Económico; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Seguridad y Justicia; Derechos de los Pueblos Indígenas; Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente; Finanzas y Transparencia.
Sostuvo que este Parlamento Abierto hacia una nueva constitución, será el primero en su tipo en el país, y la entidad será pionera en esta figura, pues en Latinoamérica, al menos en 35 países ya es una práctica cotidiana para la elaboración de leyes.
En su oportunidad el secretario, Rodrigo Espeleta, aseveró que hay disposición del Ejecutivo para sumarse a estos trabajos en este proceso incluyente y novedoso, como una oportunidad histórica de revisar el marco constitucional para que sea cercano a las personas, que todos puedan entender sus derechos y sobre todo contar con los mecanismos para hacerlos valer.
En tanto que el magistrado Ricardo Sodi apuntó que el Poder Judicial está abierto al diálogo y a la construcción de una nueva justicia, por lo que en las mesas de trabajo la tarea será escuchar, debatir las exigencias de estos tiempos, pues si las sociedades cambian, sus leyes también deben cambiar.
En su oportunidad, la presidenta de la Diputación Permanente, Elizabeth Millán García, enfatizó que la nueva Constitución debe profundizar en temas de paridad de género, medio ambiente, derechos humanos, regulación de las relaciones laborales como la subcontratación, salarios dignos, el fortalecimiento municipal, la reestructuración de los ministerios públicos y una policía cercana a la gente.
La diputada Monserrat Ruiz, quien fue designada como presidenta de la mesa directiva del Parlamento Abierto, aseguró que los mexiquenses deben contar con una Constitución congruente, concordante con las actualizaciones, además incorporar nuevas instituciones, corregir, y suprimir aquellas que estén inoperantes y desfasadas, para garantizar una normatividad en armonía con la realidad.
